Beneficiando a asesinos
El líder parlamentario oficialista chileno Alberto Cardemil estuvo a cargo de distribuir los análisis y las fichas que la policía secreta de Augusto Pinochet (1973-1990) hizo de los opositores a su régimen, de los cuales 38.000 fueron ejecutados, desaparecidos o torturados, según archivos secretos de la dictadura a los que tuvo acceso DPA. Cardemil, correligionario del presidente Sebastián Piñera (en el cargo desde el 2010) y jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, manejó antecedentes políticos, sociales y privados de religiosos, extranjeros, víctimas de la represión y abogados de derechos humanos. También distribuyó análisis elaborados por la policía secreta, la Central Nacional de Informaciones (CNI), como detalla el libro “Asociación ilícita, los archivos secretos de la dictadura”, que será presentado hoy en Santiago, en el Museo de la Memoria. “Adjunto me permito acompañar para la consideración de Uds. memorándum de CNI sobre actividades programadas por exiliados chilenos”, suscribió por ejemplo Cardemil en el oficio secreto 7042, del 24 de octubre de 1984, el que envió a Cancillería. La información, como develan los miles de archivos secretos revisados, era obtenida a través del trabajo de espionaje e infiltración ejecutado por las propias embajadas chilenas, además de los agentes de la CNI destinados al exterior. Cardemil, que fue viceministro de Interior entre 1984 y el final de la dictadura en 1989, volvió a dejar en evidencia sus lazos con los equipos de inteligencia en el oficio secreto 1953, también dirigido a Cancillería. “Conforme a lo conversado en nuestra reunión almuerzo de días pasados, me permito adjuntar carpeta con antecedentes completos de las personas que trabajan en la Vicaría de la Solidaridad”, redactó. El diputado, que asegura no recordar los hechos, envió dicha información para desacreditar el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad, órgano clave de la Iglesia Católica en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura. La operación apoyada por Cardemil, que buscaba imputar una infiltración marxista en esa organización eclesial, fue impulsada menos de un mes después de que tres profesionales comunistas fueran degollados por Carabineros (policía militarizada). Una de las víctimas del crimen, ocurrido el 30 de marzo de ese año, fue justamente José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría de la Solidaridad. Los otros fueron el profesor Manuel Guerrero y el publicista Santiago Nattino, quienes investigaban en esos momentos la acción del Comando Conjunto, un equipo represivo integrado por miembros de todas las fuerzas armadas y de orden. Cardemil continuó pendiente del caso por un largo tiempo. En marzo de 1986 remitió a la Cancillería un informe de Carabineros sobre la detención en una protesta del 11 de marzo de 1986 de Santiago Esteban Nattino Reyes, hijo del publicista homónimo asesinado menos de un año antes. Coincidentemente, Manuel Guerrero Antequera, hijo de otro de los degollados, debió abandonar el país por ataques y seguimientos reiterados cuando era dirigente de los estudiantes. El gobierno de Sebastián Piñera entregó en el 2012 beneficios carcelarios a algunos de los responsables de este crimen, el coronel (r) Guillermo González y el sargento (r) José Fuentes, condenados inicialmente a cadena perpetua. “Es una impunidad canallesca”, fustigó el sociólogo y académico Manuel Guerrero Antequera, hijo de una de las víctimas. “Me rebelo ante la indolencia de un Estado que beneficia a asesinos condenados por crímenes de lesa humanidad”, ahondó. Meses después de la acción contra la Vicaría de la Solidaridad, en 1986, Cardemil envió a Cancillería las fichas de los sacerdotes franceses Pierre Dubois, Jaime Lancelot y Daniel Caruette, con motivo de su expulsión de Chile. La medida formó parte de una serie de expulsiones del país de religiosos extranjeros que el régimen de Pinochet consideró que realizaban acciones contrarias a sus intereses. Las expulsiones, que fueron reiteradas a lo largo de los años, coincidieron con un esfuerzo del Vaticano, liderado entonces por el papa Juan Pablo II, por remover de la Iglesia Católica chilena a los sectores más progresistas, encabezados por el cardenal Raúl Silva Henríquez, quien compitió con Karol Wojtyla por el papado. El régimen de Pinochet, instaurado tras el golpe militar que derrocó al presidente constitucional socialista Salvador Allende (1973-1990), cometió asesinatos dentro y fuera de Chile, incluidos atentados con explosivos en Estados Unidos y Argentina. Hasta ahora el diputado Cardemil no explicó si retuvo copias de las fichas de los opositores a la dictadura. Tampoco aclaró si esa información, a veces obtenida bajo tortura, la utilizó en democracia. El gobierno de Piñera, en antecedente de los hechos, tampoco ha emitido hasta ahora una condena al actuar del diputado, otrora estrecho asesor del general Pinochet, fallecido el 10 de diciembre de 2006, el Día Internacional de los Derechos Humanos.
