Brasil está en vilo hasta mañana a la espera de que se vote sobre la destitución de Dilma

BRASILIA, Brasil (AP/AFP) .-La Cámara de Diputados de Brasil comenzó ayer el debate sobre si se debe llevar a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, en uno de los capítulos más dramáticos de la historia democrática de Brasil y que polariza al país más grande y la economía más poderosa de Latinoamérica.

En caso de que los legisladores aprueben la medida en una votación programada para el domingo, el tema llegaría al Senado para llevar a cabo un juicio político que provocaría la suspensión inmediata de Rousseff como presidenta de Brasil.

Puertas adentro, los legisladores pronunciaban encendidos discursos, mientras las calles de acceso al Congreso eran patrulladas por fuerzas de seguridad que permanecerán custodiando la zona hasta el domingo, día de la votación, cuando se esperan gigantescas movilizaciones.

Al inicio de la sesión, diputados opositores de Rousseff se vistieron con listones amarillos y verdes, y pancartas que decían “¡Destitución ahora!’’.

La jornada comenzó con la presentación de los argumentos de la acusación, que señalan que Rousseff, de 68 años, cometió “crímenes de responsabilidad” al maquillar las cifras de las cuentas públicas y abrir créditos sin la aprobación del Congreso en 2014 y a inicios de 2015, para financiar planes sociales. Los defensores de Rousseff insisten en que la mandataria no hizo nada ilegal y que recurrió a mecanismos contables utilizados por presidentes anteriores.

Miguel Reale Junior, autor de la petición de destitución, dijo que las acciones de Rousseff provocaron directamente los males actuales del país, como la elevada inflación y las devaluaciones periódicas del real brasileño. “¿Me van a decir que eso no es un delito?’’, preguntó.

El procurador general José Eduardo Cardozo cuestionó exactamente eso al advertir a los legisladores en su apasionado discurso que debido a que Rousseff no había cometido delito alguno, su juicio político constituiría un acto de “violencia sin precedentes’’ contra la democracia y el pueblo brasileño. “Se ha cometido violencia contra el estado democrático’’, gritó Cardozo.

Rodeado de personas con pancartas que mostraban una Constitución rota y rasgada, Cardozo insistió en que todo el juicio político era un acto de venganza personal contra Rousseff de parte del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que enfrenta a su vez graves acusaciones de corrupción (ver aparte) y un descarado intento de llegar al poder.

Ajeno a los ataques contra su figura, Cunha llegó envuelto en un enjambre de cámaras para presidir una sesión que lo tiene como protagonista central y que se extendió por nueve horas.

La disputa política interna que paraliza Brasil sucede mientras el gigante sudamericano enfrenta problemas: se espera que la economía se contraiga casi 4% en este año, el virus del zika se volvió en una crisis de salud para los pobres estados del noreste, y el país está cuatro meses de los Juegos Olímpicos.

La apertura del juicio político requiere el apoyo de dos tercios de la cámara (342 diputados de 513). Según algunos medios, los partidarios del impeachment ya tienen los votos nece sarios para esta etapa.