Buscan desregular el mercado eléctrico

Por Maximiliano Flores

El sistema eléctrico argentino, tal como está, tiene los días contados. El Gobierno presentará en los próximos días una licitación pública internacional para contratar a una consultora que elabore una propuesta para desregular el mercado de la electricidad del país y permitir mayor competencia entre privados, además de incentivar los contratos de largo plazo.

Según contaron altas fuentes de la secretaría de Energía a “Energía On”, la idea oficial es tener listo el trabajo para fines de octubre o principios de noviembre. Esa fecha coincide con los días que rodean a las elecciones generales (27 de octubre) y a la eventual segunda vuelta presidencial (24 de noviembre), de ser necesaria.

Será una “desregulación y contractualización con gradualismo”, en palabras oficiales, para desarmar el actual “Frankenstein”, como denominó el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui a la regulación actual.

Los modelos que observa el Gobierno en particular son dos: Los sistemas de Chile, en donde las distribuidoras compran la energía a las generadoras, que entregan la electricidad en forma competitiva y con contratos; o el de Brasil, que tiene una planificación centralizada.

Después de la salida de la Convertibilidad a principios de 2002, en medio de una de las peores crisis económicas de la Argentina, crujió el sistema eléctrico, regulado por la Ley 24.065 de 1992 y pensado para un país en donde el peso, la moneda nacional, valía lo mismo que un dólar.

En tiempos de inestabilidad cambiaria como los actuales, y luego de los años de intervención kirchnerista, es casi imposible mantener dolarizados precios locales sin pagar un alto costo político.

El primer escollo es obvio: Para cuando se defina qué modelo seguir para corregir la regulación existe la chance de que el Gobierno ya haya perdido las elecciones o que se enfrente a un duro balotaje. Aunque casi la totalidad de los actores privados del sistema eléctrico prefieran la continuidad de Cambiemos, es posible que sea un gobierno de otro signo el que tenga que decidir si aplicar la nueva regulación o dejar todo tal como está.

Para el ingeniero Juan Carlos Blanco, gerente de Regulación y Relaciones Institucionales del grupo Enel y presidente de la distribuidora Edesur, la diferencia entre los modelos Chile/Brasil no es tan importante, sino más bien la concreción de una nueva regulación acorde con los tiempos y la realidad del sector en la Argentina.

Ante la consulta de este medio a un ex funcionario de Energía, nombrado en la gestión de Juan José Aranguren como ministro, criticó: “Después de tres años de trabajo, ya sabemos qué hacer con el mercado eléctrico y hacia dónde ir. Contratar a una consultora para que nos presente propuestas sería señal de que no hicimos lo suficiente, y no es cierto”.

El consultor Alejandro Einstoss observó el segundo gran inconveniente a solucionar: La deteriorada cadena de pagos y el poder centralizado en las distintas gobernaciones del país.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) no solo cumple su rol de organismo planificador de los despachos, sino que provee el gas natural que sirve de combustible para las centrales térmicas, le compra la electricidad a todas las generadoras y la vende a las distribuidoras.

Así, se generan multimillonarias deudas cruzadas: A través de Cammesa, el Estado canaliza los subsidios hasta que los precios no reflejen los costos; ante las repetidas crisis fiscales, el Estado demora el pago a las generadoras; y frente a las dificultades que tienen los hogares para afrontar los aumentos de tarifas y al costo político que pueden asumir los gobernadores, las distribuidoras provinciales carecen de ingresos para pagarle la energía al Estado.

De acuerdo al informe al Congreso número 117 que presentó en el Senado el jefe de Gabinete, Marcos Peña, las distribuidoras debían más de 36.000 millones de pesos a Cammesa. Edersa, en Río Negro, es una de las que está en peor situación: A abril pasado ya debía casi 2.900 millones de pesos.

Esa deuda avanza a razón de 5-10% mensual, generando una bola de nieve difícil de detener. Con entendibles intereses políticos y dosis de populismo, los gobernadores no tienen ningún interés en aceptar aumentar las tarifas de las distribuidoras provinciales. La nueva regulación también deberá avanzar sobre esto.