Cámara en contra
El Senado hizo gala de irresponsabilidad al intentar desbaratar el ajuste del gobierno.
En teoría, el Senado tendría que ser lo que su nombre sugiere, una asamblea de veteranos sabios que, gracias a su vasta experiencia y sentido común, entienden cuándo es forzoso poner límites a los excesos demasiado imaginativos de los diputados y del Poder Ejecutivo pero, claro está, en su versión criolla nunca se ha aproximado del todo a dicho ideal. Por el contrario, por ser hasta ahora una cámara cuyos integrantes deben sus escaños a otros políticos, no al electorado, en muchas ocasiones ha hecho gala de un grado de irresponsabilidad realmente llamativo, tradición que a juzgar por su intento de desbaratar el ajuste dispuesto por el gobierno del presidente Fernando de la Rúa está resuelta a mantener hasta el año que viene, cuando los senadores tendrán que dejar su destino en manos no de camarillas políticas de sus respectivas provincias sino de la ciudadanía, trámite que por razones comprensibles preocupa a muchos.
Según parece, el motivo de una maniobra que De la Rúa tomó por «antipatriótica» tuvo mucho que ver con el deseo de los peronistas de frustrar la ya muy débil ofensiva de la Alianza contra la corrupción y también de advertirle sobre los peligros que afrontaría si se le ocurriera considerarse un gobierno de verdad. Por cierto, pocos creen que fuera sólo una casualidad que los senadores decidieran hacer tropezar al gobierno cuando la detención inminente del ex titular del PAMI, Víctor Alderete, ya era de dominio público. Desde luego, los líderes peronistas juran y rejuran que lo único que les importaba era «defender a la gente» contra el ajuste ordenado por el gobierno, objetivo que según Antonio Cafiero es más «patriótico» que intentar impedir que el gasto público siga aumentando de manera descontrolada. Se trata de la misma clase de demagogia pueril que caracterizaba al discurso de muchos aliancistas antes de las elecciones del año pasado y que algunos han rehusado abandonar, pero aun así resulta extraño oírla en boca de integrantes de un movimiento que durante mucho tiempo apoyó sin chistar las medidas similares que fueron tomadas por el gobierno del presidente Carlos Menem.
Después de una «luna de miel» de seis meses se ha producido la situación que tantos habían temido antes de las elecciones del octubre pasado, con una parte creciente del sindicalismo peronista en guerra contra un gobierno que es mayoritariamente radical y los legisladores del peronismo preparándose para reeditar sus hazañas de la segunda mitad de los años ochenta, cuando el Senado pudo hundir la reforma laboral, con la diferencia de que en esta oportunidad el gobierno de la Alianza es más débil que el encabezado por Raúl Alfonsín. Para De la Rúa, las perspectivas así abiertas son sombrías, de suerte que puede entenderse su ira por la actitud los senadores que claramente anteponen sus propios intereses personales a aquellos de la comunidad en su conjunto. En efecto, a menos que los gobernadores peronistas más sensatos logren convencer a sus compañeros de lo poco conveniente que les sería provocar una gran crisis económica e institucional, al gobierno no le será nada fácil impedir que el país caiga en otro período de caos sin que en esta ocasión exista la «alternativa» habitual de una dictadura militar.
La embestida senatorial contra el programa económico del gobierno no parecer haber afectado a la «imagen» nacional ante los mercados porque los más presuponen que sólo se trató de un gesto simbólico, pero si el peronismo no da señales muy pronto de optar por una actitud más positiva, el país no tardará en sufrir las consecuencias. Puede que sea doloroso y hasta vergonzoso depender de la voluntad ajena de prestar dinero y de invertirlo, pero es una realidad evidente y por lo tanto los costos de un desbarajuste legislativo que le impidiese al gobierno manejar la economía con seriedad serían con toda seguridad enormes. Demás está decir que no los pagarían los senadores sino, como siempre ha sucedido, los ya muy pobres que nunca se han visto beneficiados en lo más mínimo por la negativa de sus dirigentes a convalidar medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento de la economía.
En teoría, el Senado tendría que ser lo que su nombre sugiere, una asamblea de veteranos sabios que, gracias a su vasta experiencia y sentido común, entienden cuándo es forzoso poner límites a los excesos demasiado imaginativos de los diputados y del Poder Ejecutivo pero, claro está, en su versión criolla nunca se ha aproximado del todo a dicho ideal. Por el contrario, por ser hasta ahora una cámara cuyos integrantes deben sus escaños a otros políticos, no al electorado, en muchas ocasiones ha hecho gala de un grado de irresponsabilidad realmente llamativo, tradición que a juzgar por su intento de desbaratar el ajuste dispuesto por el gobierno del presidente Fernando de la Rúa está resuelta a mantener hasta el año que viene, cuando los senadores tendrán que dejar su destino en manos no de camarillas políticas de sus respectivas provincias sino de la ciudadanía, trámite que por razones comprensibles preocupa a muchos.
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