Cambio de reglas para la energía

Ahora que el presidente electo, Mauricio Macri, confirmó a Juan José Aranguren como futuro ministro de Energía y Minería, el ejecutivo que desde la conducción de Shell Argentina se hizo famoso por ganarle más de medio centenar de juicios al polémico Guillermo Moreno, tendrá el desafío de demostrar desde el otro lado del mostrador la necesidad de aplicar reglas razonables y previsibles para sacar a flote a un sector que, en conjunto, acusó el fracaso estructural más estrepitoso de la era K. Ninguno le envidia la tarea que tendrá por delante. El sector energético se ha convertido en un laberinto donde no será fácil alcanzar un necesario reordenamiento. Para colmo, la caída a la mitad del precio internacional del petróleo (a menos de 50 dólares el barril) complica aún más las cosas. En lo inmediato, representa un alivio para el Banco Central porque permite gastar menos divisas al reducir parte del elevado déficit comercial energético que el kirchnerismo precipitó antes de reestatizar YPF y proclamar la “soberanía hidrocarburífera” cuando ya era demasiado tarde. Pero este contexto externo resiente y demora el ritmo de las costosas inversiones en marcha o proyectadas en formaciones no convencionales como Vaca Muerta. Como paliativo surgió en 2014 un parche: el denominado “barril criollo” (con un precio en pesos que va de 60 a 77 dólares para las refinerías), acordado entre Axel Kicillof, las provincias productoras, YPF y las petroleras privadas, junto con la eliminación de las retenciones a la exportación. El objetivo fue preservar el empleo en el sector, las regalías provinciales y las reservas del BCRA. Este esquema significó volver a divorciarse del mundo, pero a la inversa de lo que había ocurrido durante buena parte de la era K. Hasta fin de 2008, cuando el barril llegaba a récords de 120 dólares, la Argentina tenía precios domésticos bajísimos para los combustibles. Ahora, con el barril a 47 dólares, se ubican entre los más altos de Latinoamérica y sólo detrás de Uruguay, que no produce petróleo. Además, luego de una pausa de tres meses impuesta por la campaña electoral, la nafta y el gasoil acaban de volver a aumentar (4,5%) en función del dólar oficial que, a su vez, fue ajustado este año a la mitad de la inflación real. Y simultáneamente se dispuso por ley un descuento de 12 al 22% para la región patagónica. Hace pocos días, ya como ministro designado, Aranguren definió a la política energética kirchnerista como “parche tras parche” y abogó por “salir de la esquizofrenia del corto plazo para recuperar la racionalidad”. También anticipó que se mantendrá la actual composición accionaria de YPF con mayoría estatal y que el desafío será tornar más eficiente a la empresa. Aunque existe cierta inquietud en el sector petrolero por las posturas promercado de Aranguren en su reciente pasado empresario, se supone que no todos los cambios serán drásticos sino graduales. Y estarán subordinados además a la política económica que el gobierno de Macri aplique tras el prometido levantamiento del cepo cambiario. En realidad, la perspectiva de una desregulación de los precios del petróleo había sido planteada meses atrás por el economista Federico Sturzenegger (futuro presidente del BCRA) cuando, en una reunión privada, sostuvo que el actual esquema implica una transferencia de recursos –de los consumidores a las petroleras– equivalente a 1,2% del PBI. Y que si los precios domésticos de los combustibles descendieran en función del nuevo valor internacional se mejoraría la competitividad de muchos sectores sin perjudicar a las petroleras ni a las provincias productoras, debido a que el tipo de cambio oficial sería más alto. Sin embargo, en posteriores declaraciones sobre el tema, Aranguren descartó una baja abrupta. Palabras más o menos, sostuvo que si el sector petrolero estuvo durante años al margen de los precios internacionales cuando éstos estaban altos, tampoco se podría pretender alinearlos rápidamente ahora que bajaron. De ahí que algunos especialistas conjeturen con la posibilidad de que se fije un sendero descendente a mediano plazo, compensado por un mayor tipo de cambio nominal y un cambio de regulaciones estatales a favor de la inversión en producción. Por ejemplo, si el dólar oficial se ubica a fin de año en $ 14, el precio en pesos del barril a 47 dólares sería similar al actual equivalente a 77 con un tipo de cambio de $ 9,70. Con una reducción gradual, la rentabilidad dependerá de lo que ocurra con los costos. De hecho, YPF paga un costo financiero de 8,5% anual que devora sus utilidades y se supone que habrá de reducirse cuando la Argentina retorne al circuito del crédito internacional y pueda financiarse a tasas más bajas. Mientras se dilucida esta incógnita, la gran ventaja para las petroleras estaría en los precios del gas natural en boca de pozo, cuyo actual nivel promedio no merece mayores reparos en el sector. Aquí se especula con que el precio del “gas nuevo” se consolidará en 7,5 dólares por millón de BTU sin tantas regulaciones como en la actualidad. Y que a este valor iría convergiendo el del “gas viejo” en un esquema gradual para incentivar la producción y reducir importaciones. Más de una vez Aranguren se definió como admirador de las políticas de Arturo Frondizi para producir un shock de inversiones internas y externas en hidrocarburos. Así, la recuperación de la producción de gas natural podría ser la punta de lanza en el cambio de reglas para el sector. Otro eje destacado muchas veces por el futuro ministro es la necesidad de promover el desarrollo de energías renovables (hidroelectricidad, solar, eólica). Pero en este terreno necesitará previamente reordenar el caótico esquema de precios y subsidios a la electricidad. Por caso, en la populosa Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las tarifas de electricidad están virtualmente congeladas desde hace 12 años y, con subsidios estatales que no han dejado de crecer (superan los 3 puntos de PBI), los consumidores domiciliarios pagan por bimestre un importe promedio de $ 60, similar al de un café con leche con medialunas. A su vez, el valor que perciben las distribuidoras del AMBA es siete veces más bajo que en Río Negro, según datos aportados por el propio Aranguren. El desafío del cambio de reglas que se avecina será encontrar un punto de equilibrio entre lo que pagarán los consumidores (con subsidios directos para los de menores ingresos) y la necesidad de recuperar inversiones privadas y públicas para mejorar la calidad del servicio, tanto en electricidad como en gas.

Néstor O. Scibona

Opinión