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Catarata de anuncios: algo no anda bien
Si la actividad privada no crece, y los ingresos reales de la población no mejoran, los programas de estímulo al consumo y al trabajo tendrán un efecto pasajero.
El gobierno de Alberto Fernández desplegó en los últimos días una catarata de anuncios en un intento por lograr una actividad más normal, en relación con las restricciones que impuso en la pandemia del Covid-19, y para alentar la recuperación económica.
Una primera lectura política de ese despliegue de funcionarios y de candidatos del oficialismo convalida lo que revelan las primeras encuestas electorales: el resultado no sería favorable al Frente de Todos.
El Gobierno teme que el resultado en las urnas paralice decisiones económicas y empuje a una devaluación, como le sucedió a Mauricio Macri hace casi dos años, el 11 de agosto de 2019.
De allí los anuncios para casi una vuelta a la normalidad en las aulas, en las reuniones al aire libre, en viajes y en turismo. El prolongado encierro escolar y social, que no generó los resultados que anticipó el presidente, es uno de los reproches más fuertes contra la actual gestión.
El apotegma de Alberto Fernández: “Prefiero tener 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina”, es un bumerán contra su presidencia. La pobreza afecta al 45% de la población; hubo cinco millones de infectados y más de 107 mil muertos.
A esa estadística, que coloca a la Argentina entre los 10 peores países del mundo en el manejo de la epidemia, se agregó la difusión de historias desgarradoras de padres con hijos con comorbilidades, de los varados y de los que no pudieron despedir a sus seres queridos mientras los funcionarios incumplían lo que anunciaban.
Anuncios en economía
¿Qué impacto tendrá en la economía la mayor apertura?
Sin dudas que mejorarán los números de sectores que sufrieron el mayor golpe de las últimas décadas. La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra) estimó que en 18 meses cerraron 11.800 establecimientos, 3.800 de los cuales este año, con la pérdida de más de 175 mil puestos de trabajo.
El incentivo a contratar jóvenes o trabajadores no entusiasma a las pequeñas y medianas empresas debido al peso de las cargas laborales y a los riesgos judiciales que conlleva la incorporación de empleados.
Las pymes se quejan de la inexistencia de una legislación especial para la contratación en pandemia y la proliferación de causas judiciales por cuestiones inverosímiles.
Aún es una incógnita el impacto en el consumo de los bonos otorgados a jubilados y a beneficiarios sociales; de la reapertura de paritarias para fijar aumentos en torno del 45%, que dejen atrás el “sugerido 29-32%”; y nuevos cambios en el Impuesto a las Ganancias y en el salario el mínimo.
Las ventas podrían dinamizarse, con precios más altos, como advirtió la Unión Industrial de Córdoba, ya que la capacidad de producción aún no está a pleno. En julio, las ventas de comercios retrocedieron 2,7% en relación con junio, según la Federación Comercial (Fedecom).
Los industriales prevén suba en los costos por aumentos paritarios, descongelamiento de las tarifas y del dólar tras los comicios legislativos.
Un ministro en campaña
El Frente de Todos usa la capacidad técnica y didáctica del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien recorre el país en apoyo de la campaña oficialista.
Luego de las elecciones, Guzmán tropezará con las objeciones de Cristina Kirchner a su gestión. La vicepresidenta quiere un mea culpa del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el préstamo de 44 mil millones de dólares a Mauricio Macri; extender de 10 a 20 años el plazo de pago y una quita en los intereses.
Una misión casi imposible para Guzmán, cuya suerte parece atada al resultado electoral.
El acuerdo con el FMI y el trazado de metas fiscales, monetarias y cambiarias darían certezas a la economía.
Si la actividad privada no crece, los programas de estímulo al consumo y al trabajo tendrán un resultado pasajero.
Apenas mejoraría la sensación de bienestar en tiempos electorales, pero no son una solución definitiva para un Estado que suma y suma gastos electorales y personal.
La expectativa del Gobierno es que los dólares del campo aporten cierta tranquilidad en las reservas y que la inflación diluya el gasto público, pero a un costo social muy alto, como la pérdida de poder de compra de salarios y jubilaciones y el aumento de la pobreza.
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