Causa Apel: Gatica incumplió y aún no cedió lotes al Estado provincial

El gremialista fue condenado en agosto y, en tres meses, debía presentar dominios de cinco terrenos para no abonar 15 millones. Pasaron casi seis meses y no lo hizo. La jueza lo intimó. Su condena es por un perjuicio al Estado estimado en unos 55 millones.

Alejandro Gatica fue condenado por el manejo irregular del Fondo de Viviendas de APEL, durante el 2010 y el 2014. Foto: Marcelo Ochoa.

Alejandro Gatica fue condenado por el manejo irregular del Fondo de Viviendas de APEL, durante el 2010 y el 2014. Foto: Marcelo Ochoa.

En agosto, el dirigente gremial Alejandro Gatica acordó una condena judicial por el delito de defraudación en el Fondo de Viviendas de los legislativos, con un perjuicio al Estado provincial de unos 55 millones de pesos, según la estimación fiscal.

Aceptó la responsabilidad y, a cambio, logró una pena sin prisión, con tres años con “pautas de conducta”, incluyendo un pago “al Estado provincial de 15 millones”, que lo podía sustituirse con la cesión de cinco lotes, siempre que “adquiera en tres meses la titularidad de dominio de esos bienes”, ofrecidos –curiosamente– por Gatica cuando no figuraban a su nombre.

A casi seis meses de la sentencia, el condenado no concretó ese trámite prometido y formalizado en la resolución del juez Marcelo Álvarez.

Esta semana, la jueza de Ejecución, Shirley González remitió un formal escrito al abogado defensor, Damián Torres, requiriéndole precisiones. Igual pedido fue enviado al fiscal Juan Pedro Peralta.

Frente a la situación, en el Ministerio Público aluden que el puntual seguimiento de cumplimiento corresponde a la Justicia de Ejecución. Como querellante, la Fiscalía de Estado tampoco formuló actuación después de cumplido el término.

El defensor Torres confirmó haber recibido una intimación de la jueza para que en cinco días se informe sobre la situación de la cesión de los lotes.

“Gatica está completando los instrumentos de dominio para su posterior cesión a la Provincia”, explicó a RÍO NEGRO.

En la audiencia de control de acusación, el entonces fiscal Pedro Puntel –hoy juez– acusó a Gatica como autor en el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, a partir del manejo del Fondo de Viviendas por parte de APEL, bajo su conducción gremial. El daño al Estado por la multiplicidad de hechos, entre el 2010 y el 2014, lo estimó en más de 38 millones pesos y 170.000 dólares, es decir, por encima de los 55 millones de pesos.

La investigación se inició en el 2014 y finalizó en agosto del 2020 con una condena acordada. Anteriormente, otros imputados fueron aceptando sus responsabilidades y asumieron reintegros al Estado. Ya se escrituraron, entre ellos, predios entregados por privados involucrados.

Por su parte, Stella Maris Sale –que era secretaria de Finanzas de Apel– acordó depositar en favor del Estado unos 2,3 millones, en tres años.

En esa misma audiencia, Gatica formalizó su acuerdo con el fiscal y la Fiscalía de Estado, que luego formalizó Alvarez con la “condena como autor del delito de administración infiel y abuso en perjuicio de la defraudación pública”. Se le impuso tres años con distintas pautas, que incluyó “abonar en favor del Estado provincial y en las cuentas de Rentas Generales de la Provincia de Río Negro la suma de 15 millones”. Agrega que “tal obligación puede ser sustituida por la transferencia en favor del Estado” de lotes que se identifican en La Rivera de Viedma, unas 8 hectáreas, advirtiendo “en el caso que Gatica adquiera la titularidad de dominio en tres meses”.


La exoneración también viene con plazos cómodos para el gremialista


El abogado Damián Torres, en la audiencia judicial, defendió el acuerdo con la Fiscalía y aludió al costo que asumiría Gatica a partir de la condena acordada, incluyendo la exoneración del cargo público que derivaría de la actuación administrativa de la Legislatura.

La exoneración en un puesto en el Estado es directa cuando existe una condena penal por defraudación a la administración pública.

Aún así, seis meses después, Gatica continúa de licencia y percibe su remuneración de la Legislatura.

En diciembre, este Poder envió el expediente a la Fiscalía de Estado, quien debe formalizar el pedido de desafuero gremial a la Justicia.

En el sindicato legislativo, el secretario general adoptó formalmente un estado de licencia y asumió el adjunto Gustavo Bringa mientras tanto sigue con sus trámites jubilatorios, después que en octubre pasado cumplió los 65 años de edad.


¿Millones devaluados?


El vencimiento del plazo fijado por la Justicia para que Gatica formalice el dominio sobre los lotes ofrecidos derivó la atención en la obligación de los 15 millones que debería abonar al Estado.

La curiosidad es que la resolución del juez Alvarez no plantea otro plazo que los tres años de la condena con sus pautas de conducta, entre las cuales, se consigna esa carga pecuniaria.

Esta situación o esta interpretación concluiría que el dirigente sindical tiene hasta agosto del 2023 para abonar 15 millones al Estado provincial, en compensación del perjuicio originado por la defraudación en el Fondo de Viviendas, que se constituía con aportes públicos.

Es obvio que la depreciación de los 15 millones será importante en tres años, especialmente con una inflación actual de un 40% anual.

Queda esperar que la Fiscalía de Estado –como el resguardo legal de la Provincia– reclame oportunamente por su actualización.

El incumplimiento del sindicalista sorprendió, especialmente porque los terrenos fue una propuesta suya.

La situación dejó mal parada a la Justicia y, además, se generaron distintas opiniones e incógnitas por su derivación. Por ejemplo, cómo se deberá actuar si finalmente cae la condena pactada por las partes.

38 millones
de pesos fue el perjuicio que el fiscal estimó en la acusación por los principales hechos investigados.
170 mil
dólares fue otro daño contabilizado en la causa penal. Equivale a unos 17 millones de pesos.

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