Causa APEL: llega a los 50 millones y la fiscalía piensa en restituciones
El fiscal identificó tres etapas en los desvíos de los fondos públicos para viviendas, ejecutados por el gremio legislativo. Se suspendió ayer una audiencia. Hay pedidos de juicios abreviados y el Ministerio Público introduce en la negociación la restitución del perjuicio asumido por el Estado rionegrino.
Gatica saliendo ayer de la Justicia. La audiencia se suspendió porque no fueron sus defensores. foto:Mauricio Martin
Los fondos estatales para viviendas desviados por la conducción de APEL se aproxima a 50 millones y la fiscalía incorpora en el proceso penal exigir su restitución al Estado provincial por parte de los imputados.
Ayer se preveían formalizar nuevos cargos por las irregularidades en el manejo del Fondo de Viviendas, que administraba el gremio legislativo, pero la audiencia judicial fue suspendida por ausencia de los defensores. En ese acto, el fiscal Pedro Puntel pretendía imputar a los principales acusados porque siguieron cobrando cuotas y percibiendo transferencias, sin ninguna rendición posterior, y un perjuicio estimado en unos 14 millones de pesos.
Esas imputaciones también recaían en el titular de APEL y la secretaria de Finanzas, Alejandro Gatica y Stella Sale, que si asistieron a la frustrada audiencia de la víspera. La semana pasada, sus defensores, Edgardo Corvalan y Néstor Larroulet presentaron certificados que no podrían concurrir pero, igualmente, la Oficina Judicial mantuvo la convocatoria, lo cual, derivó en críticas por parte del fiscal y del querellante Fabio Igoldi.
Anteriormente, la Fiscalía ya estableció dos montos de perjuicio al erario público. Primero, por el manejo irregular de los recursos, a partir de la creación del Fondo, agosto del 2010, hasta marzo del 2013, calculando esos movimientos en 24.129.109 pesos y en 170.371 dólares (9,9 millones de pesos, con la actual cotización). Segundo, la retención indebida de pagos de adjudicatarios, a partir del 2014 hasta el año pasado, que rondó los 1,3 millones. La tercera estimación del costo estatal se concentra entre abril del 2013 a marzo del 2014, previa a la intervención de la Legislatura, cuando APEL mantuvo el cobro de cuotas por lotes y recibía transferencias estatales. Así, el total llega a 49,3 millones.
El Ministerio Público se focaliza en la restitución de los fondos públicos, planteando esa discusión en este proceso penal. No hay precisiones del destino de gran parte de los fondos no rendidos y desviados, mas allá de los lotes efectivamente existentes. Algunos imputados propusieron juicios abreviados que el fiscal habría recepcionado para su análisis aunque, además de acordar hechos y penas, exigiría discutir montos de las devoluciones a las arcas provinciales.
Gatica, como secretario general, concentra la acusación de partícipe en la “defraudación al Estado, administración infiel y abuso” mientras hay otros ocho imputado como “partícipes necesarios”. Ellos son Stella Sale, Alicia Fernández, Alberto Otermin, José Saenz, Gonzalo y Ricardo Angos, Mario Montero Espinosa, Susana Inostroza y Alejandro León.
Inicialmente, el juez Carlos Mussi dispuso la inhibición plena para todos pero, luego, algunos optaron por presentar inmuebles y embargarlos a favor del Estado provincial. En esa línea, en julio, a Espinosa se le embargó parte de campo por 10 millones, cancelando las inhibiciones que alcanzaban a él, Ricardo Angos, Otermin e Inostroza. Posteriormente, en agosto, Gonzalo Angos facilitó el embargo de lotes en San Blas por casi 8 millones de pesos.
La audiencia suspendida se cumplirá en los próximos días, previéndose para fin de setiembre con la conclusión de la investigación y, consecuentemente, el marco del enjuiciamiento.
Intervenido, el Fondo continúa para cumplir
El Fondo de APEL se creó en el 2010 con el 2% de los sueldos legislativos, aportado por el Estado provincial, y se asignó a comprar o construir viviendas. Su manejo administrativo recaía en la conducción del gremio, con la fiscalización de una comisión legislativa.
Ante la causa penal, la Legislatura lo intervino en el 2014 para cumplir con la adjudicación de lotes y concluir con las obras de infraestructura. Su continuidad -admite en el Poder- dependerá de una decisión política.
La actual disponibilidad se emplea en el relleno de calles con ripio, y en el emplazamiento del servicio de gas.
Esta tarea -según estiman los administradores de la Legislatura- demandará otros dos meses pero, igualmente, no existe todavía fecha de la entrega de terrenos en virtud de que todo depende en principio del aval que debe otorgar la empresa Camuzzi Gas del Sur respecto del buen funcionamiento de las cañerías.
Un intento resarcitorio frente a las falencias de otras estructuras
La Fiscalía esta enfocada en la restitución de fondos y busca incorporar este debate en la etapa penal, percibiendo que la sociedad civil hoy exige -en especial- una pena pecuniaria en los delitos de fraude a la administración pública.
Esta instancia -según canales habituales- pertenece al fuero civil y la misma organización del Estado provincial asigna esas funciones específicas a dos estructuras costosas: el Tribunal de Cuentas (para ponderar y condenar por el perjuicio) y la Fiscalía de Estado (para exigir y lograr la compensación patrimonial). En esas faenas, ambas evidencian ineficacia en el reintegro de las “pérdidas” por acciones de sus funcionarios.
En esa marcada carencia, vale esta irrupción resarcitoria de la fiscalía penal.
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