Causa Bernardi: está en la mira la actuación de una fiscal federal
Operadoras sociales recurrierona la Justicia Federal con las primeras denuncias. Luego, la fiscal dispuso su archivo por “falta de pruebas”.
Una comitiva de la Justicia Federal solicitó información en los tribunales rionegrinos por el sumario iniciado para evaluar la actuación de la fiscal federal Beatriz Imperiale en relación a la primera denuncia de corrupción de menores, presentada por técnicos de Desarrollo Social.
La fiscal general del Tribunal Oral de la Justicia Federal de Mendoza, María Gloria André es la sumariante y lidera una delegación que esta semana estará en Viedma recopilando documentación y recibiendo testimoniales. Por caso, pidieron el expediente del caso Bernardi/Antueque en la Cámara en lo Criminal.
La actuación de la Justicia Federal se originó cuando las operadoras sociales recurrieron a esa jurisdicción con las primeras denuncias. Posteriormente, la fiscal dispuso su archivo por “falta de pruebas”, según la crítica presentación realizada por la diputada nacional María Emilia Soria en la Procuración General al pedir que se investigue su accionar. En ese escrito, presentado en abril del 2015, la parlamentaria resaltó que un expediente “no puede ser archivado ligera e irresponsablemente” cuando “la investigación de un delito tan delicado y tan complejo como la corrupción de menores que debían estar bajo la protección del Estado”.
Posteriormente, el Consejo de la Magistratura abrió un sumario en referencia al accionar de la fiscal de Viedma y puso en esa función a la fiscal general de Mendoza.
Ya hay varias condenas por las causas de corrupción de menores. La primera alcanzó al camarista destituido Juan Bernardi y a su cuidado Julio Antueque.
Luego, se cumplieron dos juicios abreviados. Uno derivó en una pena de cuatro años para José Aguirre, y cuatro años y tres meses para Miguel Angel Rodríguez.
El segundo -todavía no confirmado por la Cámara- significarían siete años de prisión para Nazario Contín, Omar Ledesma y Jorge Morón; y seis años para Andrea León. En cambio, el imputado Bonifacio Cabeza no aceptó el acuerdo y será sometido a juicio ordinario.
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