Cepo: peor el remedio que la enfermedad

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Roberto Cachanosky (*) Economía para Todos

Durante el período kirchnerista-cristinista se fugaron del país casi 91.000 millones de dólares. La mayor fuga se produjo a partir del 2007 y se aceleró en los años posteriores, hasta que se impuso el cepo cambiario justo luego de las elecciones del 2011. Más allá de la arbitrariedad del cepo cambiario, el tema es si no fue peor el remedio que la enfermedad; es decir si, por esquivar la moto, el gobierno no chocó contra el camión. La respuesta directa es muy sencilla. Esos capitales se fugaban por falta de confianza en la seguridad jurídica del país. Las arbitrariedades y abusos contra la propiedad privada y la feroz carga impositiva generaron esa fuga masiva de ahorro que, de haber habido seguridad jurídica, hoy estaría financiando el crecimiento de la economía argentina. Pero si antes del cepo los capitales se fugaban por los motivos apuntados, con el cepo esos motivos se acentúan, particularmente la falta de respeto a los derechos de propiedad. Tanta es la falta de confianza en el gobierno que al 19 de julio –última información disponible al momento de escribir esta nota– el BCRA informaba que el stock de Cedin era de 24 millones de pesos, unos cuatro millones de dólares al tipo de cambio oficial y cerca de tres millones de dólares al tipo de cambio verdadero. Ni siquiera con un blanqueo tan “generoso” el gobierno ha logrado atraer capitales para compensar la sangría de reservas que tiene por diferentes razones. Es más, ni siquiera logró detener la sangría de reservas. Desde que pusieron el cepo cambiario el Central perdió 10.000 millones de dólares, a pesar de las restricciones a las importaciones, la prohibición de girar utilidades y dividendos, el recargo por compras en el exterior con tarjetas de crédito y, obviamente, la prohibición que le impusieron a la gente de comprar dólares. Toda esta batería de medidas no consiguió evitar la caída de reservas pero sí que la gente huyera del peso más aceleradamente y se refugiara en el blue, generando una brecha cambiaria que no es mayor que la actual por las medidas de tipo policial que aplica Moreno; en caso contrario, la brecha entre el dólar oficial y el blue ya estaría en el 100% cómodamente. ¿Qué fue el cepo cambiario? Una medida represiva e inconstitucional que pretendió actuar como parche a un problema mucho más profundo: la desconfianza que hay en el gobierno. Como de costumbre, en economía hay que analizar lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve es que bajaron los giros al exterior por utilidades y dividendos y por fuga de capitales, pero lo que no se ve es la frutilla del postre a la inseguridad jurídica derivada del cepo. No entra un dólar ni por casualidad, salvo los que provienen de las exportaciones. Pero ojo, que con una brecha cambiaria tan alta no se ve la sobrefacturación de importaciones ni la subfacturación de exportaciones. Dicho en otras palabras: no se ven los dólares que dejan de entrar por exportaciones debido a la subfacturación de exportaciones ni los dólares de más que se van por la sobrefacturación de importaciones. Lo curioso de este modelo de vivir con lo nuestro Esta idea de sustituir importaciones ni siquiera es sostenible con el cepo cambiario. Las exportaciones no alcanzan para pagar la deuda pública, la cancelación de créditos del sector privado y financiar las importaciones, particularmente las de combustibles. ¿Qué hace Moreno? Mete otro parche aplicando un torniquete a las importaciones que genera faltante de insumos para producir y afecta la actividad productiva, al tiempo que reduce la oferta de bienes de consumo en un contexto de creciente emisión monetaria. La combinación perfecta para acelerar la inflación. Pero encima de todo este zafarrancho cambiario ni siquiera resuelven el problema del tipo de cambio real. Desde que asumió Kirchner el dólar oficial subió el 94% y la inflación fue del 400%, es decir, el dólar subió menos que los precios en pesos. Cuando uno divide los precios en pesos por el tipo de cambio, Argentina se volvió cara en dólares. ¿Cómo afecta esto la economía argentina? El productor local tiene costos en dólares cada vez más altos, lo cual lo deja fuera del mercado internacional para poder competir; puede exportar cada vez menos. El ejemplo más contundente de esta cruda realidad es la situación de las economías regionales. Obviamente que las devaluaciones no resuelven los problemas de competitividad. Pero también es obvio que la ineficiencia que genera esta política económica por la asfixiante carga impositiva, la falta de infraestructura, las prohibiciones y demás regulaciones, conduce inevitablemente a una devaluación. El gobierno no va a dar marcha atrás en su política económica. Es más, aunque quisiera ya no es creíble para atraer inversiones, por lo tanto lo único que cabe esperar que es que dejen tierra arrasada si, como es probable, no logra eternizarse en el poder. Si en las elecciones de octubre tiene una derrota que le impida ir por la re-reelección, doblará la apuesta destruyendo el escaso stock de capital que queda para tratar de sostenerse hasta el 2015. Sobre este último punto y otro más quiero dejar algo bien claro. He escuchado varias veces que diferentes políticos y periodistas dicen que quieren que a la presidenta le vaya bien. Me parece un verdadero dislate decir que uno quiere que le vaya bien a alguien que pretende imponer una dictadura. Una cosa es ser políticamente correcto y otra muy diferente decir estupideces, porque realmente hay que ser estúpido para decir que quieren que le vaya bien a un proyecto dictatorial. El segundo punto también se lo he escuchado a periodistas y políticos. Dicen: “La presidenta tiene que terminar su mandato en el 2015”. ¿Por qué, si la Constitución prevé la destitución en el artículo 53? No necesariamente un presidente tiene que terminar su mandato si es responsable de algunas de las causales de juicio político. En otras palabras, la Constitución prevé que un presidente no termine su mandato y, como dice mi amigo José Benegas, la Constitución es destituyente porque estipula las causas de juicio político para destituir a un presidente. Por otro lado, Alfonsín no terminó su mandato y De la Rúa tampoco. ¿Por qué debería haber una deferencia especial con una presidenta de origen peronista? Si existen causales para su destitución, la Constitución las establece claramente. Por eso me parece otro disparate decir que la presidenta tiene que terminar su mandato en el 2015 como si llegar al 2015 fuera un dogma de fe que permite que se violen las instituciones y los derechos individuales. Pero, para finalizar y volver al tema económico, habrá que ver si la presidenta logra sostener esta precaria situación económica sin tener, antes del 2015, una verdadera crisis social. En todo caso, sabemos que todos los dislates hechos en estos años en materia económica e institucional no serán gratis para el ciudadano común. Sólo queda saber quién asumirá el costo político de los daños causados, si la actual presidenta u otro político. (*) Economista