Chávez y sus enemigos

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Si las dos mitades en las que se ha dividido Venezuela se limitan a competir organizando marchas callejeras cada vez mayores en el centro de Caracas, será posible que el país logre salir relativamente indemne del embrollo político y económico en el que está debatiéndose, pero dadas las circunstancias no es nada probable que tanto los partidarios del presidente Hugo Chávez como sus adversarios se declaren satisfechos con sus respectivos logros en este ámbito. Mientras que el jueves pasado la oposición consiguió convocar una multitud que según distintos medios de prensa superó un millón de personas, tres días más tarde Chávez se las arregló para organizar una manifestación de dimensiones comparables cuando no superiores. De este modo, se ha creado una situación similar a las registradas en muchos países en vísperas de una guerra civil, al hacer gala los contrincantes de su propio poder con el objetivo de hacer creer que sólo ellos tienen derecho a considerarse los representantes legítimos del pueblo. Puede que éste no resulte ser el caso en Venezuela, pero el que hace seis meses Chávez fuera desplazado pasajeramente por un golpe fallido no constituye un antecedente tranquilizador, mientras que el paro que ha sido anunciado por la central sindical, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, con el respaldo entusiasta de Fedecámaras, la máxima organización empresaria, hace prever que las próximas semanas serán sumamente agitadas. Por cierto, sorprendería que las bandas en pugna desistieran de asumir posturas que sean más agresivas por momentos, con los oficialistas denunciando conspiraciones golpistas como la supuestamente desbaratada hace una semana y la oposición organizando lockouts y huelgas. En efecto, el jefe de la CTV, Carlos Ortega, ya ha recogido el guante que le había lanzado Chávez afirmando que, en vista de que «las cosas como se desenvuelven en estos momentos en el país son imprevisibles», bien podría adelantar el paro general cuyo comienzo había fijado para el 21 de este mes.

Aunque resulten exagerados los vaticinios de los que aseveran que Venezuela se acerca a una guerra civil, el enfrentamiento de Chávez con una oposición heterogénea que incluye a buena parte del establishment político-económico tradicional parece destinado a continuar durante años -acaso décadas-, por ser cuestión de mucho más que un conflicto provocado por las excentricidades del ex paracaidista. A pesar de su evidente incapacidad para cumplir con sus promesas iniciales y la pérdida de una parte sustancial del apoyo ampliamente mayoritario del cual había disfrutado a comienzos de su gestión, cuando se dio el gusto de remodelar a su medida la Constitución nacional, Chávez sigue contando con la simpatía de millones de venezolanos, sobre todo de los más pobres, y también de muchos sectores militares. Aunque, a diferencia del «primer trabajador», no ha podido crear un nuevo movimiento sindical «leal» a su persona, la situación de Chávez se asemeja bastante a aquella de Juan Domingo Perón hacia finales de su segundo período en el poder cuando la oposición, convencida de que su escaso respeto por las libertades públicas justificaría su derrocamiento, se negaba a creer que en el futuro muchos, incluyendo a algunos que en aquel entonces eran antiperonistas, reivindicarían su gestión. Mal que bien, el chavismo no podrá ser derrotado por medios no democráticos, aun cuando sea cuestionable la adhesión del propio Chávez a la democracia. Para superarlo, sus muchos enemigos tendrían que encontrar la manera de atenuar las lacras más escandalosas de la sociedad venezolana, empresa que no supieron llevar a cabo antes de la irrupción espectacular del caudillo a pesar de que gozaran de las ventajas colosales supuestas por el petróleo, y que, de caer Chávez, pocos tendrían demasiado interés en intentar por no creerlo necesario. Como tantos otros países latinoamericanos, Venezuela parece estar atrapada entre el populismo demagógico por un lado y el egotismo oligárquico por el otro, sin que se dé ninguna fuerza política significante que sea capaz de combinar la equidad con la eficiencia administrativa y la voluntad de reducir las diferencias sociales excesivas con el realismo económico imprescindible.