Codicia

Tomás Buch (*)

El 1% de la población mundial posee el 40% de los bienes. 85 personas físicas poseen tanto como el 50% más pobre. Oxfam es una ONG que es considerada seria: no hay razones para dudar de sus afirmaciones. Hay que admitir que el nivel de vida de la población mundial ha mejorado algo en los últimos siglos pero, en cambio, la desigualdad entre los extremos de pobreza y riqueza ha aumentado constantemente, salvo en algunos países latinoamericanos, con la Argentina a la cabeza, seguida por Brasil y México, donde en la última década la desigualdad –medida por el “índice de Gini”– ha descendido un poco. Pero poco se informa sobre esos datos, porque los medios de difusión a veces participan de estas maniobras. Un escándalo inmoral pero no inexplicable. Todo el sistema neoliberal está basado en perpetuar y acentuar esa situación, que según algunos investigadores llega al extremo de amenazar la estabilidad de todo el sistema financiero y la relativa tranquilidad de las poblaciones sometidas. Incluso en la férrea dictadura china, donde se denuncian actos de corrupción de los altos cuadros del “Partido”, la desigualdad está aumentando al punto de que empiezan a producirse actos de protesta –además de un nivel de contaminación alarmante–. En el otro extremo del espectro político (que en el fondo es el mismo) se encuentra que más del 50% de los congresistas estadounidenses (en diputados menos que en senadores, pero sin distinción de partidos políticos) son millonarios –en momentos en que tienen que decidir sobre el futuro económico de millones–. No es una casualidad el que se nieguen todos a aumentar las tasas de impuestos de los ultrarricos. En Europa, la fortuna de las diez personas más ricas supera el costo total de las medidas de estímulo aplicadas en la Unión Europea entre el 2008 y el 2010. Y la tasa de suicidios aumenta en aquellos países sujetos al “ajuste”. Una de las herramientas del enriquecimiento exagerado y desmedido hasta lo absurdo es la de los paraísos fiscales, que llegan a la desvergüenza de ofrecerse como tales en avisos por internet. Un ejemplo son las Islas Vírgenes Británicas, posesión inglesa en el Caribe: con apenas 27.000 habitantes, tiene inscriptas más de un millón de sociedades que se prestan perfectamente para la triangulación de negocios internacionales, sin exceptuar las clandestinas. Hay unas 60 cuevas de los ladrones de Ali Baba en todo el mundo: una docena de paisitos que viven de eso y muchas partecitas de otros Estados más poderosos que permiten estas transacciones para “fomentar su desarrollo”. Las Islas Cayman son el ejemplo más conocido entre nosotros; también dependen del Reino Unido, así como las Islas del Canal y la Isla de Man. Hasta hay un estado entero de EE. UU. que funciona así: Delaware, sobre la costa atlántica. Se estima que en esas cuevas de corrupción legal se esconden 18 billones (de los nuestros) de dólares que, si pagaran impuestos, permitirían resolver fácilmente situaciones trágicas como la de Haití. El carácter dañino de los paraísos fiscales para la economía mundial es reconocido por todos, pero casi nadie propicia ni toma su eliminación en serio, aunque a veces se menciona el tema. De modo que, como estos fondos no son abarcados por las estadísticas, la desigualdad podría ser aún mucho mayor. Tampoco es indistinto saber en qué activos invierten sus “ahorritos” los legisladores estadounidenses: son las grandes empresas que lideran las listas de la bolsa de Nueva York. Para alcanzar un puesto electivo hay que gastar mucha plata y tener mucho apoyo de las empresas que hacen un “lobby” oficializado –y nunca un trabajador llegará al Congreso de EE. UU.–. El secretario de Estado Kerry posee más de 250 millones. El Obamacare, la cobertura mínima para toda la población estadounidense, pasó por el Congreso con un voto de ventaja. Los millonarios siguen discutiendo las ayudas para los desempleados. Según muchos, la salud pública es socialismo. La industria de armamentos cada vez más sofisticados y caros es el único gasto que los anarquistas de derecha dejan al gobierno. Y la decisión del adversario contra el que se usarán, probablemente, quedará en sus manos. Los métodos basados en los ajustes para resolver las crisis del capitalismo financiarizado han fracasado una y otra vez y se siguen aplicando, por ejemplo, en los países más débiles de la Unión Europea, con una estolidez que indica otras intenciones. Los que pagan la cuenta son siempre los pobres. Esto explica el aumento de la violencia y del narcotráfico, del cual probablemente no dejan de participar algunos de los ultrarricos. La codicia es, tal vez, inherente al ser humano: cuanto más tiene, más desea y es capaz de cualquier canallada para defender lo que considera suyo, aunque a su lado los buitres esperen que muera un niño africano. Algunos tienen la sinceridad de admitirlo públicamente. Cuando los bancos se declaran en bancarrota y estafan a todos sus clientes, sus ejecutivos son premiados con bonificaciones millonarias. Con lo que posee uno de los superricos – docenas de miles de millones de dólares– se podrían resolver los problemas de desnutrición de millones, pero –según la confesión textual de uno de ellos– su único objetivo es obtener más miles de millones. El único billonario sincero es dueño de varias empresas, pero no paga a sus empleados ni siquiera el salario mínimo establecido por la ley. El CEO de una compañía gana, por hora, más de mil veces más que sus empleados, a quienes niega hasta el salario mínimo. ¿Para qué? El mismo empresario afirma en los documentos públicos de la firma que se emociona al ver hasta qué punto todo lo que hace la empresa está dominado por un profundo sentimiento de “humanidad”. Se supone que somos cristianos y sabemos que no entraremos en el Reino de los Cielos. Para colmo, Dios nos ha castigado con un papa que habla de repartir. Mientras tanto, se procura que todo sea mercancía: la salud, la educación, el agua que bebemos –si supiéramos cómo medirlo, el aire que cada uno respira, deduciendo un 5% por su contaminación–. La ayuda a los pobres, la beneficencia, es otra mercancía: podemos elegir a quién ayudar y a quién no, y esas contribuciones son deducibles de los impuestos –o sea que los paga el Estado pero el privado decide a quién–. Las víctimas son la mayoría de nuestros “semejantes” –semejante no quiere decir iguales, sólo superficialmente parecidos–: en Bangladesh murieron más de 1.000 trabajadores de una fábrica textil averiada, obligados a ir a trabajar a pesar de que se sabía que se podía producir un derrumbe en cualquier momento. En otros lados, quemamos aceites comestibles como biocombustibles junto a 1.000 millones de hambrientos. En la Argentina, en cambio, tenemos una de las tasas impositivas más bajas de entre los países medianamente desarrollados y hemos disminuido la desigualdad y disminuido el índice de Gini más que la mayoría de los países latinoamericanos. Achicar el Estado es agrandar la Nación, decía Menem, y así nos fue. Ya que fue tan buena la experiencia, ¿por qué no la repetimos? (*) Físico y químico