Piden informes sobre obras en el Puerto San Carlos

El bloque de concejales del FpV destacó la falta de avances en el predio que se utilizará como playa de estacionamiento. En abril acusaron que el acuerdo fue un “negociado”.



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La ordenanza que cedió el espacio se aprobó por mayoría.(Foto: Archivo )

Piden informes sobre obras en el Puerto San Carlos

La nueva playa de estacionamiento del Puerto San Carlos volvió al centro de la discusión en el Concejo Municipal. El bloque del Frente para la Victoria (FpV) emitió un pedido de informes para conocer el estado de avance de las obras.

“El espacio sigue cerrado a los automovilistas y no se registran mejoras en la zona”, se quejaron en una nota que se hizo pública. Los concejales además apuntaron contra la firma Powerlink acusando que recibió un permiso “precario y provisorio” sobre el espacio de dominio municipal.

También detallaron que la firma se comprometió a realizar varias mejoras sobre la zona de playa antes de la temporada de verano.

“Solicitamos informes porque uno de los argumentos principales para aprobar la ordenanza fue la urgente necesidad de resolver el problema del estacionamiento en el centro”, indicó el concejal Daniel Natapof, quien aseguró que pidió al Ejecutivo el proyecto general de obra, los plazos de aprobación y de ejecución porque “las obras que allí se ejecuten son propiedad del Estado”.


Concejales avalan el polémico contrato de estacionamiento

Con una fuerte crítica del Frente para la Victoria al permiso para el uso del espacio público en el Puerto San Carlos para crear 273 boxes de estacionamiento privado, el gobierno logró el aval para avanzar en ese convenio precario.

En un debate que se extendió por más de una hora y media, en la sesión ordinaria de este jueves, los concejales de Juntos Somos Bariloche y Pro, autorizaron el permiso precario y provisorio el uso del espacio de dominio municipal. En contra votaron los tres representantes del FpV.

Antes los concejales tomaron lectura de la nota del Tribunal de Contralor que ingresó esta mañana en la que se informa la denuncia recibida contra la abogada legal, Natacha Vázquez, por su presunta incompatibilidad de funciones. Sin embargo no se hizo lugar al planteo del concejal Ramón Chiocconi de postergar el debate y continuar el análisis en comisión.

Powerlink difundió días atrás un bosquejo del estacionamiento.

El oficialismo hizo una férrea defensa al acuerdo del gobierno con la firma Powerlink que explotará el estacionamiento privado con el pago de un canon al municipio de 60.000 pesos por mes y obras de readecuación del espacio con la inclusión de cartelería, señalización horizontal, repavimentación en bajada, control de casilla y barrera electrónica, entre otros.

El vocero del acuerdo fue el presidente del bloque Juntos Somos Bariloche, Andrés Martínez Infante, quien enfatizó en las mejoras que se realizarán en el espacio público y aseguró que la rentabilidad de la empresa, descontando la inversión que realizará, será de solo 20.000 pesos mensuales.

El FpV difiere drásticamente con esa cifra y el concejal Chiocconi señaló que con los costos aportados por el propio Ejecutivo, la rentabilidad del privado ascendería a a 280.000 pesos mensuales que con un acuerdo de 30 meses llegaría a 8,4 millones de pesos.

“Esto es un negocio que se le está otorgando a un privado, el Estado entrega para que un privado haga un negocio fenomenal y el Estado no gana un solo centavo”, insistió Chiocconi y también su par Daniel Natapof habló de “un gran negociado” del gobierno con Powerlink.

La oficialista Claudia Contreras refutó los dichos de los concejales al remarcar que fue el gobierno de María Eugenia Martini el que “entregó el puerto a Powerlink” luego de la recuperación del puerto tras un litigio judicial que concluyó con el desalojo de la empresa anterior por incumplimientos.

El concejal del Pro, Daniel González, celebró que se ofrezca un servicio a la comunidad y pidió priorizar la “ecuación de beneficio a la sociedad” ante la necesidad de estacionamiento en la zona céntrica.

En el debate, el oficialismo incorporó un artículo mediante el cual se exige a la empresa que explotará el estacionamiento que “mensualmente entregue certificación de ingresos y egresos” y que si la rentabilidad supera lo previsto en el convenio se puede llegar a la rescisión del acuerdo, según explicó Martínez Infante.


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