Confirman procesamientos de Rubén López y círculo íntimo

La Cámara Federal de Apelaciones consideró que el exgremialista de la Fruta, su estrecho colaborador Juan Lescano y clan familiar deben ir a juicio por el delito de “lavado de activos”. RÍO NEGRO investigó en 2015 las maniobras.




La Cámara Federal de Apelaciones de Roca confirmó los procesamientos del exdirigente del Sindicato de la Fruta y exdiputado rionegrino, Rubén López, y de su colaborador más estrecho, Juan Domingo Lescano, por el delito de “lavado de activos agravado”. De esta forma, rechazó las apelaciones de los imputados, a quienes también la Justicia Federal los había embargado por más de un millón de pesos a cada uno.

Principales procesados: Rubén López y Juan Domingo Lescano.

La reciente medida de la Cámara alcanzó además a la ex pareja del gremialista, Silvia Weisser, así como a Alejandro Lescano, hijo de Juan Lescano (dirigente de la Obra Social).

Los procesamientos del juez de primera instancia habían alcanzado también a Karol López (hija del gremialista y de Weisser)_ y al contador Gustavo Buceta, al que se le atribuye participación en el armado de la estructura delictiva. A estos últimos se les había embargado por $200.000.

La Cámara sólo se le revocó el procesamiento a Ángel López, otro hijo del sindicalista, al considerar poco sostenible la imputación.

La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones, presidida por Richar Gallego y los vocales Roberto Lozano y Ricardo Barreiro, llegó con demora debido primero a las licencias de los dos últimos y, luego, a la cuarentena nacional por el coronavirus.

Recordemos que el procesamiento original de los imputados se produjo en septiembre del año pasado, y la primera audiencia de apelación ocurrió el 6 de marzo de este año.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Alejandro Moldes quien realizó un estudio pormenorizado de los informes elaborados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de la investigación de los periodistas de RÍO NEGRO Ítalo Pisani y Diego von Sprecher, “Los barones de la fruta” en el año 2015.

El juez federal Hugo Greca decidió procesar a ocho personas involucradas en la causa, en el convencimiento de que “de forma organizada y a través de distintas operaciones, pusieron en circulación en el mercado bienes provenientes de diversos “hechos ilícitos”.

Las maniobras

Se les atribuye a los procesados movimientos bancarios de millones de pesos sin justificar, beneficiarios apócrifos de dinero, compra de innumerables lotes, empresas fantasmas, adquisición de autos de alta gama, y decenas de maniobras comerciales sospechosas.

El Tribunal de Apelaciones consideró necesaria la elevación a juicio para que sean expuestas, debatidas y analizadas todas las pruebas necesarias que dieron justificación la imputación.

La acción de los imputados al frente del sindicato y la obra social forma parte también de una investigación por “administración fraudulenta” de recursos del sindicato, a partir de la denuncia de los gremialistas Julio Aliaga y Luis Vega, que tramitó la Unidad Fiscal Temática N° 5, de Cipolletti y también sirvió de base para la investigación federal.

Que se les imputa

A diferencia de Ángel López (al que se le atribuían dos vehículos cero kilómetro), se consideró que todos los demás tienen justificado el procesamiento.

“En el caso de Silvia  Weisser se valora principalmente, además de su relación de familia con Héctor Rubén López, que es fundadora y socia gerente desde el año 2013 de la empresa KAV Servicios SRL -a quien entre 2014 y 2016 se hicieron pagos por supuestas ventas de fruta que no cuentan con respaldo documental- y accionista y presidente, desde 2014, de Ohana SA, a quien donó 11 inmuebles que había adquirido a la Municipalidad de Fernández Oro, además de que compró en septiembre de 2011, mediante cesión de créditos, cuatro inmuebles al Banco de la Nación Argentina”.

Del mismo modo concluyó respecto de Karol Daiana López (hija de Weisser y Héctor Rubén López) “pues fundó con su madre las dos sociedades antes mencionadas que habrían sido creadas con el fin de lavar los activos obtenidos ilícitamente por un integrante -Héctor Rubén López- de ese clan familiar”.

También -argumenta la Cámara- debe confirmarse el procesamiento de Héctor Rubén López, pues se encuentra demostrada (…) la hipótesis contenida en la imputación según la cual en tiempo posterior a la incorporación al Código Penal del delito de ‘auto lavado de activos’ en 2011, junto a ciertos integrantes de su núcleo familiar (Weisser y Karol López) aplicó, y de ese modo puso en circulación, los activos que previamente habría obtenido como provecho de un hecho ilícito penal precedente (una administración fraudulenta que se investiga en jurisdicción provincial)”. Continúa: “Así se desprende del hecho de que esas personas de su entorno cercano vieran incrementado su patrimonio sin contar con actividad económica que lo justificase, haciendo las veces de sus testaferros, y fuesen quienes fundaron las empresas (Kav Servicios SRL y Ohana SA) que han llevado a cabo negocios que importaron la aplicación de bienes de fuente directa, o subrogada, desconocida –y por ello sospechados de tener origen espurios”.

Añade que “en igual situación se encuentra el imputado Gustavo Daniel Buceta dado que su vinculación con el clan Lescano se encuentra respaldada por la circunstancia de haberse hecho, a través de la cesión que le hizo Denis Alejandro Lescano, de parte del paquete accionario de la empresa JLK SRL –además de ser quien tenía a su cargo su conducción-, la cual habría sido creada para hacer figurar ingresos de dinero ($11.860.193,91 entre 2013 y 2014) por ventas ficticias de fruta por parte de otra empresa –GDB Estudio y Consultora SRL- que también le pertenece y conduce”.

Aclara la Cámara que “no puede respaldarse la conjetura expuesta en la resolución recurrida según la cual todos los aquí encartados conformaron una ‘misma estructura criminal’, pues más allá de la relación que pudo existir entre Héctor Rubén López y Juan Domingo Lescano por sus actividades gremiales y dentro de la Obra Social de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén, está claro que cada uno se manejó autónomamente en las ulteriores maniobras de lavado imputadas, y así deberán responder”.


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