Conflicto Cuesta del Ternero: dirigentes mapuches denuncian excesos policiales y la fiscal lo desmintió

Un fuerte cruce protagonizaron dirigentes mapuches y la fiscal jefa Betiana Cendón en la audiencia que se hizo este miércoles. El disparador fue el allanamiento autorizado por la justicia que la fiscal efectuó el viernes último con policías del COER en el lugar para identificar a los ocupantes, que integran la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu.

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Mientras el representante de la APDH, Newen Loncoman, y el werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo, denunciaron excesos policiales y criticaron las medidas solicitadas por Cendón, la fiscal afirmó que el procedimiento se hizo según los reglamentos. Y destacó que todo el allanamiento se filmó y esas grabaciones están en el expediente. Y calificó los dichos de los dirigentes mapuches como afirmaciones falsas.

Loncoman denunció este miércoles que había una violación a los derechos humanos fundamentales de las personas de la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu, que se encuentran en el predio recuperado de un campo en Cuesta del Ternero, porque la fiscalía no permite el ingreso de alimentos ni de ropa de abrigo. Cuestionó el allanamiento que autorizó la justicia y que Cendón ejecutó con el personal del COER y de otras unidades policiales. “A nuestro entender fue un desalojo ilegal”, afirmó.

Dijo que el conflicto está ubicado en Cuesta del Ternero, en cercanías de la Tapera de los Álamos, a unos 20 kilómetros de El Bolsón. Sostuvo que una comitiva pudo entrar con autorización judicial, para verificar el estado en el que se encontraban las personas de la comunidad que se encuentran en el predio en conflicto. “No contaban con alimentos ni con ropa de abrigo a raíz del allanamiento en el que secuestraron las pertenencias”, relató Loncoman.

Denunció que en el procedimiento del viernes se había golpeado a un niño de la comunidad. “Ni a un preso privado de la libertad se le niega la comida o el agua”, advirtió. Cuestionó que policías mantengan cortada la ruta provincial 6. “Se les ha impedido a las personas la libre circulación”, lamentó. Y calificó como un hecho grave.

Advirtió que las fuerzas de seguridad “están usando la escuela (211 de Cuesta del Ternero) para dormir y los niños no están pudiendo acceder al derecho a la educación”. Afirmó que desde el viernes que las clases están suspendidas. Dijo que toda esta situación estaba generando un malestar bastante complejo. “Hay terceros que están siendo perjudicados por medidas inapropiadas que está tomando la fiscalía”, enfatizó. Y además criticó que a Cendón por no permitir el ingreso de alimentos con el argumento de que se consolidaría la usurpación.

Carriqueo, denunció que los policías irrumpieron en el predio y rompieron los elementos del rewe que es un espacio sagrado. Calificó esa conducta “de acto criminal”.

“Nos han tratado peor que los perros. Ni a los presos privados de la libertad se les niega la comida”, sostuvo. Aseguró que las personas de la comunidad Quemquemtreu habían hallado vainas de proyectiles calibre 9 milímetros y reclamó una pericia para determinar de qué armas salieron. “La comunidad fue tiroteada desde afuera”, aseguró. “Acá está en juego la vida de las personas”, alertó. Y pidió una mesa de diálogo para “avanzar en la discusión territorial”.

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Afirmaciones falsas

Cendón replicó que no eran reales “muchas de las cosas planteadas” por Loncoman y Carriqueo. Afirmó que el personal policial que intervino en el allanamiento del viernes no portaba armas con munición letal. Dijo que solo se les permitió el uso de municiones antitumulto y de estruendo. Aseguró que el procedimiento está filmado en su totalidad y esas grabaciones están en el expediente a disposición de las partes. “Obramos a reglamento”, enfatizó.

Cendón aclaró que no hubo ninguna persona lesionada. Y desmintió que haya habido un maltrato hacia un niño. Recordó que estuvo el defensor de Menores en todo momento con el pequeño y las dos mujeres de la comunidad Romina Jones y Ariana Mansilla. Dijo que las mujeres se retiraron del lugar voluntariamente. En cambio, tres hombres se negaron a ser identificados y, por eso, fueron arrestados.

Negó que el rewe haya sido destruido y mostró fotografías. Es más, señaló que las dos mujeres hicieron una ceremonia religiosa en el rewe antes de irse del predio. Sostuvo que el pedido para que una comitiva ingresa al predio usurpado para constatar el estado de las personas se resolvió en 40 minutos.

Dijo que el allanamiento se pidió porque las personas se negaron durante 3 veces a identificarse. Dos veces antes el fiscal de El Bolsón Francisco Arrien y una vez el fiscal adjunto José Luis Torchia. Los dos fueron hasta Cuesta del Ternero y “fueron agredidos verbalmente”.

Cendón destacó que las personas que están en la usurpación no están privadas de su libertad. “Puede retirarse cuando quieran, volver a sus casas”, dijo. Sostuvo que ni siquiera tienen prisión preventiva aquellos imputados a los que se les formularon los cargos el viernes por la tarde por la usurpación del campo, cuyo titular es Rolando Rocco.

Lamentó las 25 amenazas que ha recibido la ministra de Educación de la provincia desde el gremio Unter que denuncia la presencia de policías en la escuela de Cuesta del Ternero. Cendón desmintió que el COER o policías están durmiendo o usando las instalaciones de esa escuela, como denuncian desde algunos sectores afines a la comunidad Quemquemtreu.

“La escuela se cerró porque los imputados amenazaron que iban a prenderla fuego, igual que la iglesia que hay en Cuesta del Ternerno y se optó ponerla a resguardo”, aseguró la fiscal. Y afirmó que todo está grabado. Dijo que las únicas personas lesionadas son dos empleados policiales que recibieron piedrazos, y hay tres patrulleros dañados.

Advirtió que las personas de la comunidad entraron de noche el sábado al predio del que se habían retirado y agredieron a los policías que custodiaban el sitio.

Cendón expresó que no habían inconveniente para iniciar una instancia de diálogo, pero, primero, las personas deben cesar el delito y retirarse del predio usurpado. Y manifestó que el diálogo “no es extorsión”. “No pueden pedirle al Ministerio Público Fiscal que deje que se sigan cometiendo delitos”, afirmó.

“Acá se han dicho falacias y tratan de vincular los derechos humanos con personas que están cometiendo un delito”, expresó la fiscal.