Conflicto mapuche: un cambio incierto

Luego del despliegue de fuerzas federales en Villa Mascardi y del homicidio de Rafael Nahuel, en 2017, el Estado abandonó el lugar, que es casi tierra de nadie.

En Villa Mascardi, un rincón del parque nacional Nahuel Huapi que creó Ezequiel Bustillo hace casi 90 años, no hay presencia del Estado. No hay fuerzas de seguridad ni guardaparques. Los jóvenes mapuches que están desde 2017 en la margen este de la ruta 40 decidieron cruzar el asfalto y plantar bandera en la playa, apoyados en la realidad de que el área recreativa había sido abandonada. Hay denuncias de agresiones de encapuchados y quejas de comerciantes por un clima hostil.

A finales de 2017 la situación allí era bien diferente. Policías federales, gendarmes y principalmente fuerzas de elite de la Prefectura dominaban el territorio porque la Justicia Federal había ordenado el desalojo de la ocupación organizada por una comunidad llamada Lafken Winkul Mapu y tras un intento fallido, las tropas se quedaron sobre la ruta.

Los jóvenes encapuchados avanzaron en la ocupación territorial. Y el gobierno de Alberto Fernández intentará una solución en una mesa de diálogo.

El 25 de noviembre fue herido de muerte Rafael Nahuel, un joven de origen mapuche que se había sumado a la ocupación. La bala partió del fusil de un efectivo de Albatros pero las pericias no coinciden: una dice que fue disparada por el cabo Javier Pintos y otra, que no. Por eso la Cámara Federal de Roca dictó la falta de mérito del acusado y ordenó nuevas pericias.

Tras la muerte de Nahuel, pasaron 12 días hasta que la Justicia pudo ingresar a la ladera del cerro donde los mapuches dicen que Nahuel fue asesinado y los prefectos, que fue en defensa propia frente a un ataque con armas de fuego.

Luego de que el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva terminara la recorrida por el lugar, comenzó el éxodo del Estado. Se fueron los policías federales, los prefectos y los gendarmes, pero también se fue Parques Nacionales. Las promesas del entonces ministro de Ambiente, Sergio Bergman, de que en el viejo hotel de Mascardi comenzaría a funcionar una escuela de guardaparques, formuladas un año antes, quedaron en la nada y ahora el edificio acumula las marcas del abandono y el saqueo.

En los dos años siguientes el Estado se desentendió del lugar y tras la extradición de Facundo Jones Huala a Chile, donde fue condenado por el incendio de una vivienda habitada, el gobierno de Mauricio Macri dejó de hablar del tema.

La semana pasada se reunió el Consejo Federal de Seguridad Interior en Tucumán, ya con Alberto Fernández en la presidencia y Sabina Frederic en el ministerio de Seguridad de la Nación.

El cambio en los discursos y en el abordaje de la “cuestión mapuche” quedó plasmado en un acuerdo entre los ministerios de Seguridad, el de Justicia, el de Ambiente, la Administración de Parques Nacionales y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que conduce la exsenadora rionegrina Magdalena Odarda.

“La decisión es no tolerar más delitos en flagrancia”, le dijo en agosto de 2017 a Río Negro el entonces jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti. Los pueblos originarios “no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan” y los conflictos territoriales hay que resolverlos con “una rápida intervención del Estado Nacional a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa”, dice el acuerdo que se acaba de firmar en Tucumán.

El cambio en el abordaje de este asunto no es de forma; se trata de políticas que aparecen en las antípodas.

Una “mesa de resolución alternativa de conflictos territoriales con los pueblos originarios” atenderá a partir de ahora los reclamos mapuches en la región y de otros grupos en el resto del país. Lo integrará el INAI, Parques Nacionales y el ministerio de Seguridad.

Los jóvenes que se dejan ver en Villa Mascardi con sus rostros cubiertos se parecen más a una patrulla perdida que a una organización con proyección. Perdieron gran parte del apoyo de los grupos afines de Bariloche y la provincia, y desarrollaron un nivel de beligerancia que el aislamiento no hizo más que acrecentar. El abordaje de este conflicto (y su resolución) podría transformarse en un leading case para la flamante mesa de solución de conflictos.