Control de precios: ¿sólo para el último eslabón de la cadena?

Cuatro municipios rionegrinos se sumarán en las próximas horas al esquema de control de precios máximos en el marco de la pandemia por el COVID-19.

Además de los 14 ya incluidos, los gobiernos de Mainqué, Cordero, Fernández Oro y Roca también asumirán el poder de policía en sus ciudades, a partir de convenios específicos con la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia.

En Roca el acuerdo será diferente al resto, porque el municipio tendrá plena facultad de inspección y labrado de actas de infracción por incumplimientos, pero la imposición de multas será responsabilidad exclusiva del gobierno provincial.De esa manera, el gobierno de María Emilia Soria no tendrá el 50% de lo recaudado por las sanciones -como se prevé coparticipar al resto- pero tampoco tendrá la responsabilidad por la exigencia económica a los contribuyentes.
Advirtiendo ese deslinde, desde la Agencia de Recaudación previeron que el municipio al menos deberá sugerir una escala punitiva para los infractores.
Más allá de esas estrategias políticas, el malestar por los controles ya se exhibe en diferentes rubros.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Río Negro emitieron un comunicado esta semana, haciendo saber a la comunidad que los propietarios de estos comercios “no somos formadores de precios, ni está a nuestro alcance la distribución de productos que garanticen el abastecimiento general”.
“A diario muchos de nosotros estamos siendo sometidos a inspecciones, controles y pedidos que nos exceden. Muchas veces nos insultan, fotografían, amenazan y nuestro trabajo y esfuerzo no es valorado. No pedimos que nos aplaudan, sólo que se respete y valore nuestro trabajo y profesión”, enfatizaron desde la entidad.

La tensión principal en las farmacias se da en estos días por el alcohol en gel. “Los gobiernos van a tener que decidir. Controlan más arriba nuestro, porque a nosotros nos venden con precios que son una locura, o aceptan el desabastecimiento que habrá si nosotros no compramos a esos proveedores que especulan”, planteó el dueño de un comercio roquense consultado por »Río Negro’‘.

En las verdulerías se advierte un clima similar ante los controles.
“Presionan en el último eslabón de la cadena, pero hacen poco y nada con los que están antes y son los verdaderos responsables de los precios que paga el consumidor”, comentó Gabriel, propietario de dos locales en el centro y en el norte roquense. Para validar sus palabras, el emprendedor exhibió números, mostrando un aumento promedio del 77% en los precios del Mercado Concentrador de Neuquén, que provee a una parte importante del rubro en la región (ver aparte).

De acuerdo con lo informado por el municipio de Roca, a partir de la semana próxima los comercios de alimentos deberán tener a disposición la Declaración Jurada de Precios al 6 de marzo, al momento de la inspección. “En caso de detectarse incumplimientos, se labrarán actas que luego serán evaluadas por la Secretaria de Comercio del Interior de la Nación”, se indicó.

“Los responsables del control comprobarán si el precio de los productos se encuentra dentro del máximo admisible y corroborarán la existencia de los productos en góndola. También se controlará el cumplimiento de la exhibición de los precios en góndola y la coincidencia de los precios exhibidos y lo efectivamente cobrado en caja”, detalló un parte oficial.
Estos controles se realizarán en comercios grandes, medianos y pequeños de la ciudad.

El listado de productos de referencia básicos ya conformado por la Secretaría de Comercio para cada provincia se puede consultar en el sitio web: https://preciosmaximos.argentina.gob.ar

Viedma rechaza la propuesta de provincia

El municipio de la capital rionegrina desiste del poder de policía que le ofrece el gobierno provincial de control y, eventualmente, infraccionar a los comercios por desabastecimiento de artículos o excesos en los precios.
Es la única de las intendencias mayores que rechaza esa propuesta, a pesar incluso que la gobierna Pedro Pesatti que pertenece al mismo signo político de la administración provincial. En principio, se descartaba su adhesión a la invitación de la Agencia de Recaudación Tributaria, pero luego el secretario del área, Marco Magnanelli, explicó que “por ahora, Viedma no va a firma”. Aludió a la complejidad del proceso y, también, a la falta de personal, asegurando que sí se realizan los operativos de precios y se informan a la provincia para su eventual sanción.
Magnanelli-que presidió la Cámara de Comercio de Viedma hasta asumir la función pública- explicó que ‘‘llevarlo a la práctica es muy complicado porque hay que controlar toda la cadena de suministros’’.
También aseguró que ‘‘hay controles de manera personal, algunos precios están elevados’’ pero ‘‘la realidad es que el comerciante de barrio tiene cadenas de distribución largas y pagan precios altos’’.