Corrupción de menores en SAO: proponen juicio abreviado y penas de tres años de prisión

Corresponde a los tres imputados de la causa original que derivó en las acusaciones contra el legislador Iud y el intendente Ojeda.



La investigación por corrupción de menores de San Antonio Oeste totalizó seis imputados, quedando en cinco con el fallecimiento de uno de ellos. Se cumplió este jueves la segunda audiencia por las acusaciones contra tres de ellos, proponiendo la Fiscalía y los defensores un nuevo juicio abreviado, bajo el mismo delito y penas de tres años de prisión.

Este acuerdo fue propuesto en octubre pasado aunque la entonces jueza Itzia Soly rechazó el delito de “corrupción de menores”, entendiendo que se trataba de “promoción a la prostitución”. Anteriormente, la misma magistrada había desestimado las acusaciones contra Iud y Ojeda, que niegan toda participación en los hechos.

El juez Juan Brussino -que recientemente si aceptó las imputaciones contra el legislador y el intendente sanantoniense– recepcionó el requerimiento de la fiscal Paula Frandsen y los defensores de los tres imputados para avanzar en un juicio abreviado, ratificando la tipificación en “corrupción de menores”.

El magistrado aceptó los cargos formulados y planteó que su resolución se conocerá en el “plazo de tres días hábiles”. Así, su fallo se cumplirá entre lunes y martes próximos.

Frandsen -acompañada por Yanina Estela- formuló cargos a Dario Fortete, Gastón Navarrette y Eric Pérez, señalándolos que tuvieron “relaciones sexuales con una niña menor de 15 años de edad a cambio de droga y dinero”. Negó el delito de “promoción y facilitación de la prostitución ya que tal delito requiere también un oferta abierta y habitual. Esto es corrupción de menores porque los hechos corrompieron el normal desarrollo sexual de la niña”, expresó la fiscal.

Solicitó una “pena de tres años de prisión condicional y pautas de conducta por el mismo lapso temporal para los tres hombres”. Estas medidas “implican una prohibición de contacto de 200 metros de los imputados para con la víctima, la determinación de domicilios donde sean fácilmente ubicables y que se sometan al Patronato de presos y liberados”.

La Defensora de Menores, Patricia Arias informó que “la victima estaba de acuerdo con la pena requerida y solicitó además el especial resguardo de cualquier dato personal de la víctima que permita identificarla”.
Los defensores aceptaron delitos y penas propuestas por la Fiscalía. Los imputados estuvieron representados por los oficiales Pedro Vega y Juan José Alvarez Costa, y los privados Manuel Maza y Luciano Pedriel.


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