Crece la preocupación de los inquilinos por una posible “marea de desalojos”

El decreto nacional que congeló los alquileres, prorrogó contratos y frenó los desalojos durante más de un año vence el próximo miércoles.





La caducidad del decreto nacional que congeló los alquileres, prorrogó contratos y frenó los desalojos durante más de un año (y que tiene fecha de vencimiento el próximo miércoles) mantiene en alerta a miles de inquilinos en todo el país, que reclaman una “solución política”, ante el riesgo cierto de quedarse “en la calle”. 

Descuentan que el gobierno no tiene voluntad de emitir una nueva prórroga y esperan valerse de otras normativas que promueven por ejemplo las “mediaciones sin costo” en los conflictos entre locadores e inquilinos. En la tarde de ayer hubo concentraciones en todo el país, entre ellas la que reunió a unas 50 personas en el Centro Cívico de esta ciudad, para evaluar la situación y asesorarse sobre cómo enfrentar la crisis de los alquileres. 

El titular de la Asociación de Inquilinos de Bariloche, Roberto Díaz, dijo que la caída del decreto el próximo 31 de marzo “no significa que a uno lo desalojan el 1 de abril, ya que las acciones judiciales igual están suspendidas hasta septiembre”. Pero reconoció que “las inmobiliarias y los propietarios ya empezaron a intimar y mandan cartas documento” para presionar los inquilinos para actualizar los montos o forzarlos a irse a partir del mes próximo.

Díaz dijo que está prevista una instancia gratuita de mediación, que debería instrumentar el ministerio de Justicia de la Nación, y ya hubo pedidos expresos al nuevo ministro Martín Soria sobre ese tema, pero hasta hoy “no hay noticias”. 

Díaz aseguró que hay situaciones muy apremiantes, que se conocieron en la reunión de ayer, “como la de una persona que debe ocho meses de alquiler y se quedó sin ingresos con la pandemia”, lo cual le impide ponerse al día con su deuda o buscar otra vivienda.

También comentó el caso de una trabajadora de la cultura que está desocupada, paga su alquiler con ayuda de familiares, pero en su condición tampoco puede renovar contrato o buscar otro sitio donde vivir. “Si no hay un Estado presente va a haber una marea de desalojos y de juicios en todo el país”, advirtió Díaz. 

Dijo que desde las organizaciones de inquilinos tenían trato habitual con la exministra de Hábitat María Bielsa, pero desde que asumió en su lugar Jorge Ferraresi nunca más fueron atendidos. Señaló que además de un paraguas de protección contra los desalojos, “que va a ser más necesario si se desata una segunda ola de coronavirus”, también reclaman la instrumentación de un “plan de desendeudamiento”, con subsidios en la línea del IFE, que le permitan a los inquilinos salir de la  crisis actual “de manera ordenada y prolija, y no en medio de un caos”. 

Díaz subrayó que hay 9 millones de inquilinos en todo el país y unos 145 mil en Río Negro y el número crece todo el tiempo debido a la imposibilidad de acceder a la vivienda propia.

Según las encuestas que realizan las organizaciones, alrededor del 40% de los inquilinos mantiene alguna deuda con sus locadores. Como reacción a los reclamos de los últimos días el gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial una resolución del ministro Ferraresi orientada a “elaborar y aprobar un protocolo nacional de alerta temprana de desalojo de vivienda única y familiar”, con la consigna de evaluar cada caso de conflicto por alquileres, y priorizar a “las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad”. 

Díaz dijo que esa medida “no soluciona nada” porque se propone abordar soluciones “en forma individual” y no reconoce la crisis que enfrentan los inquilinos como “un problema estructural”. Señaló que más allá del protocolo anunciado hoy, la caducidad del decreto puede acelerar los desalojos y también “desatar un aumento desmesurado de precios” en los nuevos contratos.


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