Creen que ahora las españolas irán a abortar a otros países

AP

MADRID- Abortar en España será más difícil cuando entre en vigor la reforma de la ley del aborto que impulsa el gobierno conservador de Mariano Rajoy y cuyo anteproyecto aprobó el viernes, causando gran revuelo en España. La norma, más restrictiva que sus antecesoras de 1985 y 2010, deja fuera las malformaciones del feto como supuesto para la interrupción voluntaria del embarazo y convierte el derecho a abortar en un delito que solo se despenaliza en dos casos: violación y riesgo para la salud física o psíquica de la mujer. El principal temor de los sectores progresistas: que se disparen los abortos clandestinos y la norma provoque un “éxodo abortivo” sólo apto para mujeres con poder adquisitivo. Las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo advierten que aumentará “la morbilidad y mortalidad” de las gestantes que se sometan a una interrupción del embarazo en condiciones poco seguras. Así lo subrayan también desde el partido Socialista, el más importante de la oposición en España. “Quien no tenga recursos (para abortar fuera del país) va a pasar a la clandestinidad, al peligro y al miedo”, alertó su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba. Durante las décadas de los sesenta y los setenta, en plena dictadura franquista (1939-1975), eran muchas las mujeres que salían de España en un vuelo chárter para abortar clandestinamente, con Londres como principal destino. Las asociaciones “pro vida” también consideran que ley no reducirá el número de abortos “significativamente” en el país. “La mujer que quiera abortar va a poder hacerlo aunque le vaya a costar un poquito más”, explicaron desde la plataforma “Derecho a vivir”. Lo que se consideraba un derecho en la ley actualmente en vigor, pasa a ser un delito en la nueva norma. Su principal valedor, el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, puntualizó sin embargo que en ningún caso la mujer tendrá sanción administrativa o penal por abortar, aunque esté tipificado como tal. La responsabilidad recaerá, por tanto, sobre el médico que lo practique. La federación que engloba a las asociaciones defensoras de la sanidad pública en España lamenta que se penalice a los profesionales y advierte de que la nueva norma “casi imposibilita” en la práctica el aborto por los requisitos impuestos. Para demostrar que hay un riesgo para la salud de la mujer embarazada serán necesarios dos informes psiquiátricos de dos médicos diferentes, algo muy cuestionado por algunos profesionales de psiquiatría, que consideran “técnicamente muy difícil” certificar algo así en un corto plazo de tiempo. (DPA)