Cristina se rinde
Con el propósito evidente de mejorar las perspectivas electorales de los candidatos oficialistas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner finalmente cedió ante los reclamos de sindicalistas, políticos opositores como el intendente tigrense Sergio Massa y muchos otros que se habían encolumnado detrás de la bandera de Ganancias y acusaban al gobierno de estar resuelto a continuar despojando a los obreros. Se estima que los cambios que la presidenta acaba de anunciar beneficiarán a un millón y medio de personas, además de estimular el consumo en las semanas previas a las elecciones legislativas, pero es de prever que los efectos positivos sean breves. El poder adquisitivo de la gente se ve amenazado no sólo por los impuestos sino también por una multitud de factores distintos, como los supuestos por la inflación, la falta de inversiones y la escasa productividad de la mayor parte de la economía nacional. De precipitarse el país en una recesión, por leve que fuera, en los años próximos, como a la luz de las circunstancias parece probable, casi todos perderían. Aunque parecería que la mayoría coincide en que es injusto, cuando no inmoral, que los trabajadores paguen Ganancias –un impuesto que existe en todos los países desarrollados y en la mayoría de los presuntamente en vías de desarrollo–, para mantener a flote “el modelo” kirchnerista el gobierno tendrá que encontrar el dinero necesario en algún lugar, ya que por muchos motivos es reacio a pensar en la conveniencia de comenzar a bajar el gasto público que, como muchos han señalado, ha alcanzado un nivel que acaso sea apropiado para un país escandinavo pero que no lo es para uno de las características de la Argentina, en que todos los organismos estatales se destacan por su ineficiencia y por la ineptitud de los funcionarios encargados de manejarlos. Para llenar el hueco, de más de siete mil millones de pesos anuales, que será dejado por la decisión de Cristina y sus asesores de no cobrar Ganancias a quienes perciben salarios inferiores a los 15.000 pesos mensuales, el gobierno gravará a títulos y dividendos, lo que sin duda merecerá la aprobación mayoritaria pero que, andando el tiempo, tendrá un impacto negativo en la marcha de la economía, aunque no necesariamente resulte ser tan perjudicial como suelen decir los financistas mismos. Sea como fuere, las grandes empresas ya enfrentan muchos problemas ocasionados debido a los esfuerzos oficiales por impedirles conseguir los dólares que precisan para operar de manera adecuada, de suerte que cualquier medida adicional que afecte al ya comatoso mercado de capitales no puede sino convencerlas de que no valdría la pena intentar hacerse más competitivas. Por desgracia, cuando de la economía se trata, muy poco es gratis. Lo entiendan o no nuestros dirigentes políticos y sindicales, en última instancia los ingresos reales de los asalariados dependen menos de la voluntad, por lo común buena, de los gobernantes, que de su capacidad para administrar la economía sin caer en la tentación de sacrificar el largo plazo a sus intereses políticos inmediatos o castigar demasiado a los únicos que están en condiciones de generar riqueza. Desde hace varios años, sindicalistas como el camionero Hugo Moyano y políticos opositores han hablado como si creyeran que si no fuera por el impuesto a las Ganancias los asalariados disfrutarían de un estándar de vida mucho mejor, para entonces acusar al gobierno de negarse a permitirlo por motivos incomprensibles. Así, pues, aludir a Ganancias ha sido una forma de imputar las penurias de quienes perciben poco a nada más que el sistema tributario imperante, como si creyeran que una reforma impositiva sería más que suficiente como para aumentar los ingresos de casi todos. Sin embargo, para sostener el gasto público en el nivel actual, el gobierno no tiene más alternativa que apoderarse de una proporción muy grande del dinero disponible. Si no puede hacerlo mediante impuestos como Ganancias, le será forzoso buscar otras fuentes de ingresos o verse constreñido a reducir el gasto público, lo que, huelga decirlo, perjudicaría enseguida a buena parte de la población que, a menudo sin darse cuenta de ello, depende directa o indirectamente ya de las asignaciones familiares y otros beneficios parecidos, ya de los subsidios a la energía o el transporte urbano.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.031.695 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Lunes 2 de septiembre de 2013
Con el propósito evidente de mejorar las perspectivas electorales de los candidatos oficialistas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner finalmente cedió ante los reclamos de sindicalistas, políticos opositores como el intendente tigrense Sergio Massa y muchos otros que se habían encolumnado detrás de la bandera de Ganancias y acusaban al gobierno de estar resuelto a continuar despojando a los obreros. Se estima que los cambios que la presidenta acaba de anunciar beneficiarán a un millón y medio de personas, además de estimular el consumo en las semanas previas a las elecciones legislativas, pero es de prever que los efectos positivos sean breves. El poder adquisitivo de la gente se ve amenazado no sólo por los impuestos sino también por una multitud de factores distintos, como los supuestos por la inflación, la falta de inversiones y la escasa productividad de la mayor parte de la economía nacional. De precipitarse el país en una recesión, por leve que fuera, en los años próximos, como a la luz de las circunstancias parece probable, casi todos perderían. Aunque parecería que la mayoría coincide en que es injusto, cuando no inmoral, que los trabajadores paguen Ganancias –un impuesto que existe en todos los países desarrollados y en la mayoría de los presuntamente en vías de desarrollo–, para mantener a flote “el modelo” kirchnerista el gobierno tendrá que encontrar el dinero necesario en algún lugar, ya que por muchos motivos es reacio a pensar en la conveniencia de comenzar a bajar el gasto público que, como muchos han señalado, ha alcanzado un nivel que acaso sea apropiado para un país escandinavo pero que no lo es para uno de las características de la Argentina, en que todos los organismos estatales se destacan por su ineficiencia y por la ineptitud de los funcionarios encargados de manejarlos. Para llenar el hueco, de más de siete mil millones de pesos anuales, que será dejado por la decisión de Cristina y sus asesores de no cobrar Ganancias a quienes perciben salarios inferiores a los 15.000 pesos mensuales, el gobierno gravará a títulos y dividendos, lo que sin duda merecerá la aprobación mayoritaria pero que, andando el tiempo, tendrá un impacto negativo en la marcha de la economía, aunque no necesariamente resulte ser tan perjudicial como suelen decir los financistas mismos. Sea como fuere, las grandes empresas ya enfrentan muchos problemas ocasionados debido a los esfuerzos oficiales por impedirles conseguir los dólares que precisan para operar de manera adecuada, de suerte que cualquier medida adicional que afecte al ya comatoso mercado de capitales no puede sino convencerlas de que no valdría la pena intentar hacerse más competitivas. Por desgracia, cuando de la economía se trata, muy poco es gratis. Lo entiendan o no nuestros dirigentes políticos y sindicales, en última instancia los ingresos reales de los asalariados dependen menos de la voluntad, por lo común buena, de los gobernantes, que de su capacidad para administrar la economía sin caer en la tentación de sacrificar el largo plazo a sus intereses políticos inmediatos o castigar demasiado a los únicos que están en condiciones de generar riqueza. Desde hace varios años, sindicalistas como el camionero Hugo Moyano y políticos opositores han hablado como si creyeran que si no fuera por el impuesto a las Ganancias los asalariados disfrutarían de un estándar de vida mucho mejor, para entonces acusar al gobierno de negarse a permitirlo por motivos incomprensibles. Así, pues, aludir a Ganancias ha sido una forma de imputar las penurias de quienes perciben poco a nada más que el sistema tributario imperante, como si creyeran que una reforma impositiva sería más que suficiente como para aumentar los ingresos de casi todos. Sin embargo, para sostener el gasto público en el nivel actual, el gobierno no tiene más alternativa que apoderarse de una proporción muy grande del dinero disponible. Si no puede hacerlo mediante impuestos como Ganancias, le será forzoso buscar otras fuentes de ingresos o verse constreñido a reducir el gasto público, lo que, huelga decirlo, perjudicaría enseguida a buena parte de la población que, a menudo sin darse cuenta de ello, depende directa o indirectamente ya de las asignaciones familiares y otros beneficios parecidos, ya de los subsidios a la energía o el transporte urbano.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $3000 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios