Críticas gremiales por aporte al Colegio de Abogados

Un millón de ayuda

El Colegio de Abogados de Viedma defendió el aporte del gobierno provincial por un millón de pesos para afrontar parcialmente la compra de un inmueble mientras ayer se sucedieron críticas de gremios estatales, cuestionando esa “prioridad” del oficialismo en la utilización de recursos públicos.

El presidente de la entidad de los letrados, Guillermo Ceballos explicó que esos fondos servirán para afrontar parte de un piso de un edificio céntrico pero, esencialmente, desestimó cualquier sospecha institucional y se mostró “orgulloso” por la actuación de sus representantes en el Consejo de la Magistratura.

Las observaciones planteadas se enfocaron que el subsidio es incompatible ya que los miembros del Colegio participan de los Consejos, es decir, “son jueces de jueces” -según el análisis de la legisladora Ana Piccinini, una de las de críticas- pero Ceballos consideró que “no hay ninguna incompatibilidad. El Estatuto -agregó- permite recibir donaciones. Buscan embarrar, bastardear y desprestigiar al Colegio, que ha trabajado independientemente y estoy orgulloso, personal e institucionalmente, por la labor de los consejeros”. Contó que “otros colegios de abogados” también recibieron aportes del gobierno.

Además de Piccinini, las conducciones de los gremios de UnTER y Sitrajur hicieron públicos sus quejas por el aporte no reintegrable formalizado en favor del Colegio -según el decreto Nº 989- por $ 1.000.000, que “serán abonados en cuatro cuotas” y destinado a financiar parte de un inmueble en 25 de Mayo Nº 651 en Viedma. Allí se construye un edificio de cuatro pisos.

Ayer, Ceballos explicó a DeViedma que ese monto servirá para comprar un piso de 250 metros cuadrados, conjuntamente con la Caja Forense. El costo total llega a los 4,5 millones. Narró que la entidad -también con la Caja- tiene un lote en Las Heras y Laprida, previéndose su venta después de desestimar una “idea” de la anterior conducción para levantar un edificio frente a la imposibilidad de su financiamiento. El presidente reivindicó la fuerte política de capacitación que desplegó la nueva comisión para sus 450 matriculados, lo cual, requiere un auditorium adecuado, que actualmente no tienen en la sede de calle Belgrano.

Por su parte, la UnTER consideró ese aporte como “arbitrario e inoportuno” frente a las demoras en “arreglos en las escuelas” por “falta de fondos”. Comparó esas transferencias con los subsidios a “escuelas privadas”, cuestionando la “falta de planificación y la injusta distribución”. La conducción de Mario Floriani exigió “un cambio urgente” de los criterios.

En igual sentido, el sindicato de los judiciales -que conduce Pablo Barreno- criticó el subsidio porque es “innecesario” ya que el Colegio tiene “una sede y además el mismo Poder Judicial le cede un lugar privilegiado” en tribunales, a pesar del “hacinamiento de personal”. Lo calificó de “inoportuno” al recordar un compromiso del gobernador de reformar el Consejo de la Magistratura y “hoy parece que no es prioridad” ya que es “todo un indicador que ese dinero vaya a parte de la corporación judicial que se niega a realizar dicha reforma”. Sitrajur expresó que existen “prioridades inmediatas y de fondo”.

Finalmente, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) se sumó al repudio, considerando que ese “aporte estatal forma parte de una clara estrategia del gobierno provincial”, intentando que “la utilización de recursos públicos de condicionar voluntades de distintas entidades de representación sectorial a los efectos de lograr una devolución de favores que se contraponen con la ética y la moral”. Agrega que esta situación “acrecienta las sospechas sobre la imparcialidad de sus futuras intervenciones institucionales” del Colegio de Abogados, “sobre todo a la hora de participar en la designación de distintos magistrados”.

DeViedma