La Justicia neuquina arrancó con el cupo laboral para discapacitados

La justicia neuquina tomó la posta y se encuentra en pleno proceso de incluir entre sus trabajadores a personas con discapacidad, una iniciativa que hace honor a la ley que prevé que los tres poderes incluyan a personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento de la totalidad de su personal.

El llamado a inscripción en el Registro de Postulantes con Discapacidad para ingresar al escalafón administrativo del Poder Judicial se realizó en julio y es para cubrir eventuales vacantes en los organismos de la primera Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. Las inscripciones se realizaron entre el 24 de julio y el 4 de agosto y el interés de las personas con discapacidad se hizo notar de inmediato: se inscribieron 245 postulantes.

La Ley 25.699 establece la obligación del Estado nacional -entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos-, a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo. La proporción debe ser no inferior al cuatro por ciento de la totalidad de su personal y el Estado debe reservar ese cupo.

De las 245 personas se anotaron, sólo 165 presentaron los papeles y el resto se encuentra participando de los talleres que son obligatorios. El Poder Judicial cuenta actualmente con cuatro aulas virtuales, un aula para personas con discapacidad neuromotora que cuenta con 83 participantes, una para discapacidad auditiva con 37 personas, un aula de discapacidad visual con 25 personas y un aula para personas con discapacidad intelectual con 7 participantes. Las personas con discapacidad neuromotora constituye el 55 por ciento de los inscriptos; le siguen las personas con discapacidad auditiva que constituyen el 24 por ciento, con discapacidad visual el 16 por ciento y el 5 por ciento restante corresponde a personas con discapacidad intelectual. El proceso de capacitación cuenta con instancias que las personas con discapacidad tendrán que ir pasando hasta llegar al examen final que dará lugar a un orden de mérito. La iniciativa es destacable, dado que no en todos los organismos del estado se incluye en los puestos laborales a personas con discapacidad. El ingreso al trabajo remunerado es un derecho de toda persona y una obligación del estado y es un acto de justicia social que las personas con discapacidad tengan acceso a una fuente laboral.

El proceso cuenta con instancias que las personas deben sortear hasta llegar a un examen final que dará un orden de mérito.

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