Darán seguridad a familia afectada por hechos violentos

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BARILOCHE

El ministerio de Gobierno comenzó a evaluar la instrumentación de un dispositivo de seguridad para proteger a la familia que perdió su casa el lunes en un incendio y permanece bajo amenaza, luego de que Pablo Riquelme interrumpió el anuncio de medidas destinadas a frenar la ola de violencia con un pedido desesperado de ayuda.

El hombre, que vinculó los ataques a su familia con el asesinato de Paula Vera del cual fue testigo, e irrumpió con su mujer y dos hijos en la conferencia de prensa donde se quejó porque “nadie me dio respuesta, nadie se comunicó conmigo” y advirtió que “con el calvario que estoy pasando yo me tengo que ir de Bariloche”.

Su presencia inesperada modificó parcialmente los anuncios encabezados por el ministro Luis Di Giácomo, y el jefe de la Policía, Fabián Gatti, que insistieron en que Bariloche “vive una disputa de mafias”. La denuncia de la familia, cuya situación no estaba contemplada en el plan de acción, también tomó por sorpresa a la intendenta interina María Eugenia Martini, y concejales que participaban de los anuncios.

Riquelme fue asistido de inmediato por la flamante directora de Seguridad de la provincia, con asiento en Bariloche, Noemi Acuña, y tras ese encuentro Di Giácomo y Gatti confiaron a “Río Negro” que estaba en estudio el dispositivo de seguridad para proteger a la familia que permanece recluida en una casa prestada, sin recursos ni acceso a la escolaridad de los niños por temor.

Según pudo conocer este diario, Riquelme realizó la denuncia por las amenazas recibidas en la Comisaría 28 del Alto.

El jefe de la Policía aclaró que la familia rechazó el ofrecimiento de custodia policial, aunque admitió que hasta el momento ni el Ministerio ni la Justicia previeron un dispositivo especial de seguridad.

La atención sobre la familia, que el lunes perdió todo en el violento saqueo e incendio de su vivienda, dio un giro de 180 grados. En las horas previas eran considerados integrantes de la “guerra de bandas” que azoló el Alto en las últimas semanas e incluso algunos funcionarios criticaron a este diario la difusión del drama relatado por Claudia Parsons (madre de los cinco niños) y la omisión de los antecedentes penales Riquelme.

Según la información suministrada por el jefe de la Policía, Riquelme fue condenado a tres años de prisión en octubre de 2004 como responsable de un robo calificado por uso de armas, pena que ya se habría cumplido.

Di Giácomo y Gatti emparentaron el inicio de la ola de violencia con el asesinato de Lucas Bascur, y destacaron el rápido accionar de la policía que detuvo a cinco personas con gruesos antecedentes, sospechados de la saga de enfrentamientos que concluyó con el incendio a la casa de los Riquelme.

Bascur fue ultimado el 9 de febrero pasado, y un mes después la policía detuvo a Edgardo Omar Vera que fue alojado en la Comisaría 27, de Melipal de donde se escapó 9 de abril y aún continúa prófugo.

La secuencia de hechos violentos continuó el 7 de abril con la balacera a la casa de Paula Vera, hermana del prófugo, que fue alcanzada por un proyectil y murió una semana después en el sanatorio San Carlos. El ataque fue presenciado ocasionalmente por Riquelme, primo de la víctima, según declaró días más tarde ante la prensa y a raíz de ese testimonio fue incorporado como presunto testigo en la causa judicial.

Por ese ataque y el posterior asesinato de Hugo Báez Guerrero la policía detuvo el lunes 22, al mediodía, a Sebastián “Mecha” Aravena y Eriberto Miguel, lo que -según el gobierno- desató un nuevo episodio violento, esta vez contra los Riquelme, la misma noche del lunes. Al día siguiente fueron detenidos por daños calificados y atentado contra la autoridad, específicamente el episodio de incendio de la vivienda, Diego Aravena (hermano de Sebastián Aravena), Claudio Mariuan y Anibal Segundo Chavez Aguilar.

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