De la Rúa: «Es cuestionable la asociación ilícita»

El presidente Fernando de la Rúa telefoneó ayer a Eduardo Menem y a otros funcionarios justicialistas para transmitirles que el Ejecutivo no está presionando en ningún sentido en la causa. Pese a ello y ante un comentario del jefe del bloque de diputados peronistas Humberto Roggero, De la Rúa habría admitido que «la aplicación de la figura de asociación ilícita es al menos cuestionable», en relación al cargo que originó la detención judicial de Menem.

Roggero precisó que recibió un llamado telefónico de De la Rúa, quien le confió que el gobierno no experimentaba «alegría» por la situación que vive Menem y le reiteró que la justicia actuó «con total independencia» del Poder Ejecutivo.

Además, el diputado del PJ reveló que «en la conversación con el presidente coincidimos que la figura de asociación ilícita es al menos cuestionable» en la causa que imputa a Menem y ex ministros en el presunto contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

La apreciación De la Rúa la habría hecho en su condición de hombre del derecho, estimó Roggero. El diputado dijo que ante todo De la Rúa le expresó -como lo hizo antes también con Eduar-do Menem y otros dirigentes del PJ- que la justicia actuó «en forma independiente» del poder político.

«Nosotros damos por descontado la independencia de la justicia y la apoyamos», respondió Roggero, pero remarcó que lo que pone en tela de juicio el PJ es la aplicación de la figura de la asociación ilícita, lo cual -considera- está mal aplicada».

A su vez, en el PJ se duda que al ex presidente se le haya dado el debido derecho a defensa. Pero, ante todo, Roggero le dijo a De la Rúa que «el peronismo no va a obstruir la acción de gobierno, va a respetar lo que la justicia diga como corresponde».

Lo que molestó a Roggero fueron declaraciones del flamante portavoz del gobierno, Juan Pablo Baylac, formuladas a «Río Negro» en las que éste habría expresado «cuanto más se fije la prensa en los problemas de Menem, menos se enfocarán nuestros problemas.» De la Rúa pidió a Roggero que transmitiera a sus pares de bancada que el gobierno no celebra la detención.

«Cavallo por ahora es un testigo»

El fiscal Carlos Stornelli sostuvo ayer que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, «es un testigo» en la causa de venta ilegal de armas, aunque aclaró que ello no implica que «pueda dejar de serlo o que vaya a seguir siéndolo» según las pruebas que surjan en la causa.

El fiscal rechazó las interpretaciones o especulaciones políticas sobre el hecho de que hasta ahora Cavallo no haya sido citado al señalar que «hay versiones de todos los colores, pero lo único que diré es que la evaluación de las pruebas son las que maneja la fiscalía». Tampoco quiso revelar si planea convocar a Cavallo para que declare en la causa aunque afirmó que «hay un montón de cosas pendientes que están todavía por hacerse» en el proceso.

Lo cierto es que el avance de la investigación por el tráfico ilegal de armas podría complicar la situación judicial de Cavallo, lo que causa gran preocupación en el gobierno y en el establishment financiero. El menemismo presionó, tras la detención de Menem, con su citación, puesto que no hacerla alimenta la idea de que se trata de una causa «politizada» (ver central).

Pese a que Cavallo no sería citado por Urso por la ausencia de pruebas en su contra, otro de los magistrados que instruye una causa conexa , Julio Speroni, podría comprometerlo en el contrabando de armas y pólvora a Croacia.

El martes, Speroni, y como consecuencia de la declaración de Erman, le tomará declaración a uno de los más estrechos colaboradores de Cavallo, el secretario de Industria Carlos Sánchez, quien acompañó al ministro durante la gestión menemista. El funcionario será interrogado como partícipe secundario de las maniobras, una figura excarcelable, debido a que era el representante de Economía en la comisión tripartita que tenía como finalidad supervisar las exportaciones de material sensitivo, para la época en que se firmaron los decretos. El Secretario Legal de Economía, Alfredo Castañón, destacó que ninguno de los procesamientos por armas se debió a la firma en los decretos en cuestión.