De regreso al comienzo

Aunque el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner siempre ha sido un cultor fervoroso –y, desde su propio punto de vista, muy exitoso– del viejo principio de dividir para reinar, a comienzos de su gestión se las ingenió para que cerraran filas agrupaciones rurales de posturas habitualmente incompatibles. La semana pasada logró algo todavía más notable, ya que fue gracias a su desprecio evidente por la letra y espíritu de la Constitución que firmaron Mauricio Macri y Elisa Carrió, además de representantes del radicalismo y el Peronismo Federal, una declaración conjunta en que se comprometieron a “cuidar la democracia” respetando “la libertad de expresión, la independencia del poder judicial y el efectivo cumplimiento de sus fallos”, anteponiendo tales deberes a “nuestros programas de gobierno”, coincidencias y disidencias, por ser cuestión de “un acuerdo pétreo, inamovible que debe respetarse gobierne quien gobierne la República”. En vista de las diferencias apenas salvables que se dan entre Macri y Carrió, el haberles brindado motivos para coincidir en torno a la necesidad de defender ciertos principios fundamentales fue toda una hazaña. No obstante, fiel a su perfil protagonista, la dirigente de la Coalición Cívica no tardó en repartir denuestos contra algunos de los firmantes: a escasas 24 horas de involucrarse en el inédito acuerdo habló del “operativo de un sector empresarial” y de que “jamás estaríamos con grupos corruptos o narcos”. De todos modos, que a esta altura dirigentes de movimientos políticos tan distintos como PRO y la Coalición Cívica, la UCR y el Peronismo Federal se hayan sentido obligados a subrayar su compromiso con la democracia nos dice mucho sobre lo que está sucediendo en el país. Se trata de la clase de documento que no hubiera llamado la atención de nadie en 1982, cuando por fin el grueso de la ciudadanía entendía que, a pesar de sus supuestas deficiencias, la democracia era mejor que cualquier alternativa autoritaria y los “políticos civiles” entendieron que les había llegado la hora de unirse, pero que luego de casi tres décadas debería ser decididamente anacrónica. Sin embargo, parecería que una vez más sectores influyentes han concluido que le corresponde a un gobierno que se califica de popular movilizar a sus partidarios para que persigan a quienes no comparten sus sentimientos y negarse a obedecer aquellos fallos judiciales que no le gustan. Por lo demás, a juzgar por los resultados de las encuestas de opinión, buena parte de la población está dispuesta a pasar por alto la falta de respeto del gobierno kirchnerista por las reglas básicas de la democracia, es decir, de la convivencia civilizada, con tal que la economía siga creciendo a un ritmo satisfactorio. Antes de la muerte de Néstor Kirchner se atribuía “la crispación” política a la notoria irascibilidad del ex presidente y se suponía que por haberse manifestado más interesada Cristina en la salud institucional procuraría tranquilizar los ánimos. Pero si bien la presidenta hizo algunos gestos en tal sentido, a partir de octubre del año pasado el gobierno que encabeza se ha hecho todavía más sectario merced a la participación agresiva de individuos y grupos de mentalidad indiscutiblemente autoritaria que parecen resueltos a recrear el clima que imperaba en la etapa que precedió al golpe militar de marzo de 1976. En las últimas semanas propagandistas pertenecientes a dichos grupos se han entregado a cazar a quienes a su juicio son “gorilas” organizando muestras con el propósito de adoctrinar a chicos para que hagan suyas las nociones de los militantes “nacionales y populares” de cuarenta años atrás, además de intensificar su guerra ideológica y económica contra aquellos medios de difusión que aún no se han visto avasallados por el oficialismo. Desgraciadamente para los opositores que firmaron el documento, en la actualidad temas vinculados con la calidad institucional sólo interesan a una minoría. Es como si se tratara de asuntos reservados para juristas pedantes. Mientras que en las democracias maduras la mayoría comprende que a la larga todos, salvo un puñado de oportunistas inescrupulosos y extremistas exaltados, se verán perjudicados si se permite que los poderosos se acostumbren a pisotear los derechos ajenos, parecería que en nuestro país la mayoría tiene otras prioridades, de ahí la tradición de tolerar la corrupción hasta que, como siempre sucede, integrantes “emblemáticos” de la facción gobernante descubran que les ha tocado desempeñar el papel ingrato de chivo expiatorio por lo hecho cuando la ciudadanía estaba dispuesta a perdonarles virtualmente todo.