Debates pendientes

gerardo bilardo gbilardo@rionegro.com.ar

La nueva etapa de la industria petrolera se desenvuelve en medio de una cada vez más exigente conciencia ambiental que sedimenta en el tiempo un consenso social sobre la necesidad de acentuar los controles. Los casos de mala praxis de las empresas que operan en los yacimientos ya no se pueden ocultar fácilmente porque se han multiplicado las miradas inquisidoras sobre la actividad extractiva. La exposición pública de los incidentes provoca hoy, independientemente de las multas de los organismos de control, condena social y mala imagen empresaria, algo impensado en buena parte del siglo pasado. Las proyecciones de inversión y de perforación intensiva en las formas tradicional y no convencional en la cuenca neuquina, una era inaugural que fue ilustrada por el propio gobierno con la imagen de “queso gruyere”, obligan a tomar recaudos y a seguir de cerca esta nueva cara de un negocio conocido que empieza a expandirse con experiencias piloto como la que unió a YPF con Chevron para sacar petróleo en el yacimiento Loma Campana, ubicado sobre la formación estrella de Vaca Muerta. En las últimas semanas se produjeron accidentes ambientales provocados por la industria extractiva. Los hechos ocurrieron en medio del debate legislativo, aún no finalizado, en torno al acuerdo que firmó la provincia con YPF para sacar el petróleo de Loma Campana. El incendio del pozo de gas de Pluspetrol en Plottier primero y el derrame de 70.000 litros de crudo y agua empetrolada de YPF en Rincón de los Sauces, después, trasladaron la mirada hacia el gobierno en su condición de autoridad de control, una tarea ejecutada a través de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ambos episodios actuaron como un incómodo recordatorio. A la hora de hablar de los castigos por el daño provocado, surgió la noticia de que la ley que modificó los valores de las multas por daños ambientales, aprobada por los diputados el 3 de julio, no estaba vigente. Finalmente la norma, que subió el monto de la pena máxima de 100.000 pesos a poco más de 6,2 millones de pesos, fue publicada en el Boletín Oficial el viernes y, según dijo Ricardo Esquivel, el responsable de la política ambiental, la provincia disponía de plazo hasta mañana para completar el trámite que permite aplicar la ley en cuestión, la número 2863. Al cabo de estos sucesos, el gobierno reaccionó con gestos concretos. Clausuró el yacimiento Chihuido de la Sierra Negra, donde se produjo el derrame de YPF, una medida que, según dijeron las autoridades, no tiene antecedentes. Además, se comprometió a aplicar las multas de la ley ambiental recientemente reformulada. Se supone que tanto YPF como Pluspetrol tendrán un castigo acorde a lo establecido en la nueva legislación. Sobre este tema, el gobierno aún no ha informado qué precio le pondrá al daño ocasionado por ambas compañías. La cuestión ambiental, un tema tan crucial de cara al futuro como la necesidad del autoabastecimiento energético, genera controversia entre el gobierno y la oposición, pero también atraviesa al oficialismo. La discusión legislativa en torno al acuerdo entre la provincia e YPF generó diferencias entre diputados del Movimiento Popular Neuquino, enfrentados entre los que quieren ir rápido y los que proponen extender el debate para encontrar mayor consenso, lo que implica recorrer un camino más largo. La discusión se originó con la decisión tomada por mayoría en la sesión del 31 de julio de no tratar el aludido acuerdo en la comisión de Medio Ambiente. Con esta votación, el convenio sólo transitará por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Hidrocarburos y Hacienda. Los que en el MPN se resisten el tratamiento exprés entienden que al no pasar el acuerdo por la comisión específica se envía una señal negativa en este escenario de mayor presión social sobre los temas ambientales. Interpretan que la salida veloz, canalizada como propuesta desde el Ejecutivo a través de la cartera de Energía, ofrece un innecesario flanco para la crítica. Sectores de la oposición sostienen que el desarrollo de Vaca Muerta y los no convencionales deberían incluir también una discusión profunda sobre el uso a futuro de la renta petrolera, la que ha sido utilizada durante décadas para financiar un modelo que excluyó la diversificación de la economía. Afirman que se debe determinar si el crecimiento de los ingresos producto de la explotación de los hidrocarburos se orientará a un desarrollo más armónico o a mantener un esquema de ingresos que ha dado buenos resultados al oficialismo. Para los sucesivos gobiernos provinciales ha sido una obsesión el sostenimiento de la actividad hidrocarburífera, al igual que el precio del barril del crudo en el mercado internacional. Las regalías hoy financian algo más del 30% de los gastos, pero hubo momentos en la historia reciente en que esa fuente de ingreso representó más del 50%. El exgobernador Jorge Sobisch disfrutó de buenos precios y actividad sostenida en la mayor parte de sus tres gestiones, mientras que Felipe Sapag, en el último gobierno, piloteó con un valor del crudo muy deprimido, lo que provocó un estrago en las finanzas provinciales. Se puede concluir que el éxito o el fracaso de las gestiones del MPN está asociado al auge o no del petróleo. Con la misma intensidad con que se discuten las inversiones se podría agregar a la agenda política otro debate medular: qué hacer con la renta petrolera si, como está proyectado, vuelve a crecer de la mano de los no convencionales.