(AP Photo/Fernando Vergara)
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Perú, un país polarizado y en el limbo político

La destitución y prisión del presidente Castillo tras un intento de autogolpe derivó en un frágil gobierno interino, mientras crece la rebelión de la zona andina en histórica disputa contra “ los intereses de Lima”.

Gonzalo Ruiz Tovar /Télam


Provincias de los Andes del Perú, acompañadas esta vez por algunas de la costa, son las protagonistas de las movilizaciones que se registran en los últimos días en demanda del cierre del Congreso, de nuevas elecciones y de nueva Constitución tras la destitución del presidente Pedro Castillo, mientras Lima permanece casi impávida ante la crisis, en lo que parece un nuevo capítulo de la histórica fractura sociopolítica y geográfica del país.

“Hoy el país arde. Un pueblo cansado del maltrato y la desidia de un Estado centralista, de la indiferencia de las élites, de los congresistas, de los medios y de los políticos, ha decidido incendiar la pradera”, comentó el analista Alberto Adrianzén, en medio de las movilizaciones que dejan 18 muertos en una semana. “Sin embargo, la pregunta es si ello resuelve la crisis que vivimos. La experiencia pasada diría que no. Para eso se requiere de una transición pactada y pausada”, añadió Adrianzén, un sociólogo de izquierda, en una columna del diario La República.

Lima vs la zona Andina


Desde dos ciudades del interior, Trujillo y Chiclayo, los politólogos Martín Ueda y Roger Santa Cruz coincidieron en que las respuestas populares tras los hechos de la semana pasada, cuando Castillo fue destituido por el Congreso, reflejan esa ruptura histórica en las visiones de país.

Aunque en Lima hubo movilizaciones focalizadas en el centro de la ciudad, las que en algunos casos se tornaron violentas, su impacto ha sido incomparable con las registradas en departamentos andinos como Apurímac y Arequipa, entre otros, prácticamente paralizados y en pie de guerra. Hoy todo el país está bajo estado de emergencia, lo que supone restricciones a los derechos constitucionales.

El esperado diálogo aún no arranca, en medio de falta de liderazgos visibles entre los manifestantes y en una respuesta fundamentalmente represiva y despectiva del Gobierno, según Ueda y Santa Cruz.

Los manifestantes tratan ahora de coordinar acciones para avanzar hacia Lima, lo que para Ueda genera incertidumbre por las dificultades de las Fuerzas Armadas para implementar mecanismos de contención que generen poco daño.

En tanto, para Santa Cruz, abre el riesgo de un encuentro “no necesariamente amigable” entre los “dos mundos”.

Para el doctor en Ciencia Política José Alejandro Godoy, lo que tendría que hacer la presidenta Dina Boluarte es encarar un diálogo no a través de los congresistas, como hace hasta ahora, sino de los gobiernos regionales, que pueden interpretar mejor a sus propias poblaciones.

Confirmaron el número de víctimas fatales, heridos y detenidos tras las protestas en Perú. Foto Martín Bernetti/ AFP.

Según encuestas previas a la destitución de Castillo y su reemplazo por Boluarte, una amplia mayoría en todo el país se decantaba por realizar nuevas elecciones que le pusieran fin anticipado tanto al Ejecutivo como el Legislativo, ambos duramente rechazados por la ciudadanía, para salir de la crisis.

Recorte de mandato para Boluarte


La declarada intención inicial de la nueva mandataria de quedarse hasta el fin del quinquenio, en 2026, acompañada por el mismo Congreso manejado por fuerzas de derecha dura, atizó una molestia popular que no se moderó siquiera cuando la gobernante prometió después elecciones para 2024 o incluso para diciembre de 2023.

En el interior se levantaron voces para exigir la renuncia de Boluarte, lo que implicaría el ascenso a la jefatura del Estado en interinato del presidente del Congreso, José Williams, obligado él sí a realizar nuevas elecciones inmediatas.

Sin embargo, para analistas es difícil pensar en ese escenario. Williams, del partido de derecha Avanza País, no solo sería el representante directo de un Congreso que no llega a 10% de aprobación popular, sino que es un general en retiro del Ejército, lo que podría identificarlo en el imaginario popular con las prácticas represivas.

Los manifestantes han añadido a su agenda, en un lugar prioritario, la exigencia de una nueva Constitución que reemplace a la de 1993, redactada bajo el influjo del Gobierno de derecha autoritaria de Alberto Fujimori (1990-2000), lo que aumenta los puntos de desencuentro.

Para los analistas, es necio pensar en Lima y su “aliada”, la costa norte, como un bloque monolítico de pensamiento conservador, como también sería necio concebir a los Andes como un bloque monolítico de posiciones socialistas.

No obstante, el mapa electoral demuestra claramente que existe esa tendencia, que responde además a razones históricas.

Elites vs Indígenas


“Desde el siglo XIX, las élites se fueron apartando de los indígenas, pues consideraban que ellas sí hablaban el lenguaje de la civilización. Lima se fue modernizando pensando en París”, dijo el antropólogo y doctor en Filosofía Juan Carlos Callirgos, sobre el origen de esas distancias.

El distanciamiento se fue expresando en muchas áreas. Hoy, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el ingreso promedio en Lima, donde habitan casi 10 millones de personas, casi duplica al del resto del país, donde hay más de 30 millones.

Esa situación quedó aún más a la vista en 2021 con la llegada a la presidencia de Castillo, un maestro rural que lucía, para esos sectores relegados, como uno de los suyos.

Las cosas fueron difíciles desde el comienzo. La oposición no le dio respiro a un presidente al que veía como forastero, mientras que el propio mandatario fue erosionando su legitimidad con decisiones erráticas y con prácticas que sembraron sospechas de corrupción.

Hoy, en medio de los llamados a cierre del Congreso, a nuevas elecciones, a Asamblea Constituyente y a renuncia de Boluarte, no se escuchan mayores reivindicaciones a la figura de Castillo, pero sí a la promesa de cambio y de inclusión que encarnó en su momento.

En ese marco, solo hay incertidumbre. Sigue pendiente el abrazo entre Lima, otrora sede de un virreinato poderoso y los Andes, que albergaron a la mayor civilización precolombina en Sudamérica.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte emitió un comunicado por cadena nacional y pidió por la «paz social». Foto Twitter Presidencia del Perú.

Un largo y tortuoso camino para las elecciones

La propuesta de la flamante presidenta de Perú Dina Boluarte de adelantar las elecciones generales a abril de 2024 para aplacar las protestas que exigen su renuncia deberá recorrer un largo camino legal que puede tardar hasta 16 meses y atizar las manifestaciones, advirtieron analistas a la AFP.

Recortar mandatos populares, como el presidencial y legislativo, requiere la aprobación de una reforma constitucional e incluso de un referéndum, según las leyes peruanas.

Una tarea que se anuncia difícil para el frágil gobierno de Boluarte, que asumió el poder el miércoles pasado tras el autogolpe fallido, la destitución y la detención del expresidente Pedro Castillo, y que carece de bancada parlamentaria.

“Ella no puede convocar a elecciones inmediatas porque de acuerdo a la Constitución, tienen que realizarse (cada cinco años) en 2026”, dijo a la AFP el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez.

“La reforma constitucional es obligatoria porque la regla es respetar los plazos del mandato de cinco años que señala la Constitución para el presidente y el Congreso”, indicó a la AFP el jurista Roberto Pereira.

Los obstáculos sin embargo se pueden reducir en el tiempo, y existen precedentes recientes.

“Por esa razón (Dina Boluarte) planteó elecciones en abril de 2024, para poder hacer las reformas”, acota el constitucionalista Alvarez.

La Constitución establece dos caminos: aprobar reformas con la mitad más uno del voto de los 130 congresistas más un referéndum, o el voto de dos tercios del número legal de congresistas en dos legislaturas ordinarias, sin necesidad de un plebiscito.

Todo depende en esta coyuntura de la voluntad política del Congreso, dominado por la derecha y reacia a recortar su mandato que vence en julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo.

“Es muy dificil realizar las elecciones si se dan los plazos como están en la ley, poder hacer una elección antes de unos ocho meses”, señaló a la AFP Eduardo Dargent, politólogo y profesor en la Pontificia Universidad Católica.

Boluarte tiene un calmino alternativo si la presión social aumenta y las protestas no cesan: renunciar a su cargo para dar paso a la presidencia al jefe del Congreso, quien debe convocar a elecciones en un plazo mínimo de seis meses.

“No me sorprendería que la realidad la obligue a recortar aún más su mandato o a dejar la presidencia y que sea el Congreso el que acorte los plazos”, dice Dargent.

Cuando el Congreso destituyó a Alberto Fujimori en el año 2000 “la única solución fue aprobar una reforma constitucional que estableció una disposición transitoria válida solo para ese caso”, según Alvarez.


El rol de las Fuerzas Armadas fue clave para evitar el autogolpe


La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, asiste a una ceremonia militar en Lima, Perú, el viernes 9 de diciembre de 2022. (AP Foto/Martín Mejía)

Las Fuerzas Armadas peruanas, otrora involucradas en golpes de Estado o sustento de regímenes autoritarios, “han aprendido la lección” y fueron decisivas para frustrar la intentona golpista de Pedro Castillo al negarle apoyo, dijeron analistas.

Los militares “optaron por preservar la poca institucionalidad y no propiciar mayor caos”, le dijo a AFP el politólogo Alonso Cárdenas, quien recordó que ya en 2020 se negaron a reprimir a manifestantes en el efímero gobierno de Manuel Merino.

Esas posiciones, destacó Cárdenas, de la Escuela de Economistas de Londres, contrastan con tiempos en que los militares peruanos estuvieron varias veces involucrados en golpes de Estado y violaciones a los derechos humanos.

“Los militares le deben fidelidad a la Constitución, no a los gobiernos. Fue a la Constitución a la que juraron defender. Por su análisis de la situación, ya sabían lo que debían hacer”, coincidió el doctor en Ciencia Política Carlos Fernández Fontenoy.

Para Fernández Fontenoy, las Fuerzas Armadas han tenido un accionar constitucionalista después del desprestigio en que cayeron en el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), cuando fueron sustento de un régimen autoritario.

Fallido golpe de Castillo

El miércoles 6 de diciembre, después de que Castillo anunció la disolución del Parlamento y éste respondió con una sesión para votar por la destitución del mandatario, que al final se concretó, muchos ojos voltearon hacia los militares como virtuales árbitros en medio del choque de poderes.

Sin embargo los uniformados le dieron la espalda al entonces presidente. “Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía”, dijeron entonces las instituciones militares en un comunicado.

Como una serie de Netflix

La lectura de que no había factores que justificaran legalmente el cierre del Congreso fue compartida por el Tribunal Constitucional y por diversos actores políticos, incluido varios ministros que optaron por la renuncia.

Según el que fuera último ministro de Defensa de Castillo, el general retirado Guillermo Bobbio,éste no los consultó a él ni a los militares antes de hacer su anuncio.

“(Castillo) nunca coordinó con nadie, fue como una serie de Netflix donde hay una zona de irrealidad”, afirmó en una entrevista con el diario La República Bobbio, quien apenas duró unas horas como ministro.

Sin embargo, en horas previas al anuncio habían renunciado el ministro de Defensa, Daniel Barragán, y el comandante del Ejército, Walter Córdova, lo que alimenta especulaciones de que sí pudo haber algún tipo de contacto no institucional.

En 1992, cuando Fujimori dio un autogolpe de Estado similar al que intentó Castillo, las Fuerzas Armadas fueron protagónicas y sacaron tanques a las calles para disuadir a manifestantes. Caído el gobierno de Fujimori, varios mandos militares, incluidos los comandantes máximos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, terminaron en la cárcel y enfrentaron procesos por diversos delitos.

El jefe del Congreso, José Williams, destacó la actitud de las fuerzas armadas. “Creo que las Fuerzas Armadas han dado una valiosa demostración de institucionalidad y se han sujeto al artículo 169 de la Constitución, que dice que las FFAA ni la Policía son deliberantes y están sujetos al poder constitucional”, dijo Williams a la radio RPP este sábado.

“Cuando sucedió este lamentable hecho [golpe de Estado] y entró un usurpador, comprendieron que se había violado la Constitución”, señaló.


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