Deberes judiciales

aDRIÁN PECOLLO adrianpecollo@rionegro.com.ar

La sociedad vota hoy candidatos para octubre. Río Negro resolverá en esa ocasión tres senadores y dos diputados. Ese proceso coexistirá con la compleja y deseada transformación de la Justicia, cuyos desvaríos –salvo raras excepciones– de la última década caracterizaron a ese Poder. Cualquier delirio en ese mundo es preocupante porque allí habitan quienes mandan y ejecutan derechos, incluso resuelven nada menos que sobre la libertad. El poder político –en su expresión más amplia– modificó el año pasado al STJ y, recientemente, amplió su composición. Queda, ahora, la difícil faena que valdría y serviría a los ciudadanos para mejorar su existencia. Vale un diagnóstico del Poder Judicial. Conforma el Estado provincial y, como tal, le faltan recursos. Esas penurias imponen un criterio de prioridad o, mejor dicho, otro distinto. Allí las críticas recaen en su sobredimensionamiento administrativo. Los flamantes jueces lo expresaron en la audiencia pública de su elección. La partida de Administración –que incluye organismos auxiliares, como cuerpos técnicos, centro de mediación, informática y servicios generales– tiene 405 cargos. Alcanza al 26% de la planta total. Casi igual porcentaje que el Ministerio Público (fiscalías y defensorías). Nada se asemeja en sus cargas en el servicio de justicia. En recursos, aquellos organismos utilizan un 21% del presupuesto. Hace dos años esa participación ascendía al 18%. Es un claro indicativo de su crecimiento. El tejido judicial, propiamente dicho y llamado jurisdiccional, está depreciado frente a la exagerada jerarquización administrativa. En febrero, el nuevo STJ reformó el sistema de promoción del personal ya que tenía un cargo superior en la categoría administrativa contable frente a su par judicial. Ese contrasentido derivaba en la pretensión de los agentes de pasar a un puesto técnico por sus ascensos y salarios. En la última década, el STJ incorporó una sucesión de instrumentos auxiliares, como la Casa de la Justicia, la Oficina de Atención al Ciudadano y, entre otros, la compleja maraña de mediación (Dimarc y centros judiciales), con logros dispares. Su presencia en pequeños pueblos expresa innegables resultados, inexplicables aparecen en las ciudades. Esa estructura creció con poco análisis real y mucho uso político, bajo aquella ampulosa leyenda de “mejorar el acceso a la justicia”. Ese argumento se trastorna frente a evidentes verdades: la suspensión de plazos porque faltan peritos (como ocurrió en la semana en Cipolletti) o la ausencia de personal en la atención de los juzgados (el Penal Nº 2 de Roca formalizó en el Anuario 2011 que tenía “la suma necesidad de contar” con una persona para su Mesa de Entrada, que logró cubrir hace dos meses). ¿Qué valor tienen otros canales alternativos ante semejantes limitaciones? La desproporción demanda peritajes de históricas distribuciones. Ese cotejo también recaerá en la misma Corte, con relatores, referencistas y técnicos legales. Su revista parece lógica porque sus tareas decaen. Sólo hay que mirar el listado de expedientes ingresados, que bajaron en un tercio. Pasaron de 824 trámites en el 2010 a 554 en el 2012. No llegan a dos diarios. Los penales cayeron a la mitad. Otra sorprendente condena: faltan estadísticas. El recién elevado Anuario 2012 a la Legislatura está incompleto, sin datos de juzgados. ¿Así qué valor tiene ese informe? Ninguno. En un mes, el STJ tendrá cinco jueces. A Enrique Mansilla y Sergio Barotto se sumarán dos mujeres –Liliana Piccinini y Adriana Zaratiegui– y un hombre –Ricardo Apcarian–. Llegan personalidades fuertes, pero aquellas funcionarias impondrán sus estilos, favorecidas por su experiencia y conocimiento interno. Esa fajina que complicó el original panorama de Barotto, hoy ansioso por esos arribos para colaborar en “la cuestión operativa y administrativa” por “la multiplicidad y complejidad de labores”, reconoció. La integración y coordinación será un objetivo en sí mismo. Habrá que repartir tareas, hasta en lo judicial, porque la ley no prevé Salas. Este presente crítico del Poder se anidó en la carencia de una guía única. No existía cuerpo. Reinaba el “vedetismo o el egocentrismo”, según una cruda pero acertada imagen de Piccinini en su exposición en el Consejo. El STJ “no puede actuar desmembrado”, delineó cuando aún era aspirante. Aquella conclusión (que aludía al legado de Alberto Balladini, Luis Lutz y Víctor Sodero Nievas) hoy se inscribe en el ideal general y, también, en un mensaje para sí misma. Casos problemáticos esperan en el STJ. Figuran la casación de la condena a Susana Freydoz por el asesinato del gobernador Carlos Soria y otro recurso por la prisión preventiva de los líderes de la Cooperativa 1º de Mayo, Miguel Mansilla y José Paredes, pasando por las demandas de actualización de los retirados del decreto Nº 7. Se distingue también un caso que expresará si habrá otra manera en el Poder frente al concepto de la transparencia pública. Eso ocurrirá cuando resuelvan el amparo presentado por una periodista de “Río Negro” para saber quiénes y por qué cobraban MIG. Aquellos pagos discrecionales que asignaba el anterior STJ, eliminados aunque el vigente tribunal no pudo conformar todavía otro esquema de compensaciones, racional y necesario. Las vacantes de jueces y funcionarios llegan a 45 cargos. Dos años más demandará la recomposición. “Se completará a mediados del 2015”, estimó Barotto en Cipolletti. Existe un instrumento que bien podría usarse en la urgencia: la convocatoria a magistrados y funcionarios que se jubilaron con el beneficio del 82% móvil. El acuerdo de Río Negro con Nación –que ratificó la ley 4449– justificó ese privilegio en la obligación de “seguir manteniendo sus servicios a disposición del Poder Judicial para resolver causas” o “cubrir vacantes transitorias”. Se trata del “Estado judicial” y, últimamente, el STJ parece abrir ese mecanismo. Convocó recientemente al exjuez laborista Carlos Larroulet. Esa práctica tampoco será sencilla. Un largo debate penal en Roca, de un año y medio, fue anulado y los delitos podrían prescribir, ya que su tribunal quedó incompleto por la jubilación de un camarista –Juan Rotter– y, ante la situación, no se logró reintegrarlo para completar ese pleito. Existen muchas otras privaciones. La orfandad de inspección y supervisión es inocultable. La Justicia no tiene auditor desde hace 15 meses y su cuadro está reducido a media docena de personas. En su origen, la Auditoría se concibió con igual jerarquía que la Administración General. Allí también se ve qué primacía se estableció en la última etapa del Poder. Cualquier reformulación de la Justicia requerirá su plazo, coincidiendo con pretendidos debates y cambios estructurales, como la modificación del Código Procesal Penal. Hay actores judiciales en otras ocupaciones. Los abogados están abocados a las elecciones de los suyos para los consejos de la Magistratura. El Mayor nombrará al próximo procurador y el Menor tendrá más de medio centenar de designaciones de jueces y funcionarios. Objetivos convocantes. El nombramiento de la Procuración será en noviembre o diciembre. Bariloche se apresta, confiado en que perdure para entonces el compromiso gubernamental de que esa vacante esté reservada para un andino. Dos preferencias puntean: el abogado Raúl Ochoa y la camarista Silvia Baquero Lazcano. Pero falta mucho y todo contexto político es dinámico. Y Río Negro vota y se prepara para octubre. Asomará el próximo encuadre porque cada corolario electoral nunca viene sólo, llega con viejas o flamantes pretensiones y, también, frustraciones.

DE DOMINGO A domingo