Decretaron la inhibición de bienes a Gatica
El secretario General del gremio legislativo está acusado por el delito de “defraudación a la administración pública”.
Decretan la inhibición de bienes al secretario General del gremio legislativo de Río Negro, Alejandro Gatica en el marco de la causa por presunta defraudación.
Por pedido del fiscal Juan Pedro Puntel, el juez penal Carlos Mussi dispuso igual medida que impide la posibilidad de vender bienes a Stella Maris Sale, José Zoilo Sáenz Esparza, Gonzalo Javier Angos, Alejandro Ezequiel León y Alicia Beatriz Fernández, esposa de Gatica.
Esta causa iniciada tras la denuncia penal presentada por la exdiputada Ana Piccinini investiga la admininistración y el destino del Fondo creado por resolución 04/2010 de la Legislatura de Río Negro administrado por Gatica en su calidad de secretario General de la Asociación Personal Empleados Legislativos -Apel-.
Son once los hechos irregulares detectados en el marco de esta causa cometidos entre agoto de 2010 y marzo de 2014.
Al hacer lugar al pedido del fiscal Puntel sobre la inhibición de bienes, el juez Mussi sostuvo que “resulta claro que en la causa se investiga el posible perjuicio causado al erario público provincial como consecuencia de distintas maniobras defraudatorias realizadas en la administración del Fondo creado por resolución N° 4/2010, en procura de un lucro indebido para sí o para terceros, maniobras que se encuentran debidamente detalladas en el dictamen fiscal”.
Respecto del monto del perjuicio al patrimonio del Estado rionegrino, el magistrado interpretó que si bien aún no está determinado “de la simple compulsa de las constancias habidas en el expediente, hasta el momento, surge que la suma sería millonaria, a estar a los montos recibidos en concepto del referido fondo y al valor de los inmuebles adquiridos y obras realizadas”.
Por otra parte advirtió que mientras dure la investigación, de no adoptarse medida alguna, los imputados podrían desprenderse de los bienes que figuren a su nombre en procura de evitar, ante el avance de la causa, la posibilidad de reparar el perjuicio ocasionado.
Tanto a Gatica como a Sales se les imputa que en forma mancomunada y teniendo a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos como el Fondo para la Vivienda y Turismo Social del Personal Legislativo “con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido, violando sus deberes perjudicaron dolosamente los intereses confiados, mediante diversas maniobras defraudatorias”.
Una ampliación y readecuación de la investigación incluyó en la imputación a Sáenz Esparza, Angos, León y Fernández.
A ese fondo en cuestión aportaron mensualmente no sólo la Legislatura sino también el Tribunal de Cuentas, Defensoría del Pueblo y Fiscalía de Investigaciones Administrativas con el dos por ciento de las remuneraciones que percibían los agentes de cada uno de esos organismos dependientes del Poder Legislativo. Además ese fondo confiado a APEL y constituido por recursos públicos tenía como destino la compra de inmuebles, la construcción de viviendas, otorgamientos de créditos con idénticos fines. Todo dirigido a empleados legislativos; así como mejoramiento y adquisición de inmuebles destinados a turismo social del mismo sector. No obstante el anexo reglamentario de la resolución le sumó un tercer destino: obras de ampliación o refacción de la sede gremial y sus dependencias.
Para la investigación judicial, las distintas maniobras detectadas fueron efectuadas “dentro de un mismo concierto delictivo defraudatorio tendiente a evitar el control de la administración confiada, disponiendo así a su antojo los fondos”.
