«Defender los derechos es ejercer la ciudadanía»

Un poco para informar como funciona la subsecretaría que dirige y un poco para animar a la ciudadanía a defender sus derechos, Patricia Vaca Narvaja visitó hace unos días la ciudad de Neuquén.

En medio de una nutrida audiencia, la funcionaria dictó una charla que versó sobre las «Políticas Públicas de Defensa del Consumidor y Participación Ciudadana», en la que hizo énfasis en el conocimiento y defensa de los derechos del consumidor de la población de manera organizada y colectiva.

En este sentido, puntualizó que las políticas de la entidad se rigen ante todo por una lógica que contribuya al ejercicio de la ciudadanía, no por una metodología de resolución individual de conflictos particulares. Si bien admitió que en el país las empresas y algunos organismos públicos tienen como práctica habitual desalentar cualquier tipo de reclamo por parte de los usuarios, defendió el accionar de las numerosas organizaciones y asociaciones de consumidores que trabajan para hacer frente a esta situación.

El funcionamiento de la subsecretaría que dirige fue uno de los puntos que tocó la charla. En este sentido, la funcionaria explicó que cada dos meses se reúne en Buenos Aires un Consejo Federal, integrado po todas las organizaciones de defensa del consumidor del país, que se dedica a analizar las problemáticas generales en tren de articular medidas de fondo. En la actualidad este organismo se encuentra trabajando en una propuesta de reforma de la Ley de Defensa del Consumidor.

Consultada acerca de una de las problemáticas que más preocupa a los neuquinos, esto es, el precio de los alquileres, Vaca Narvaja admitió que se trata de un caso complejo generalizado en el país y que además resulta difícil regular.

A este respecto, señaló que la Defensoría no tiene la capacidad para intervenir en contratos que implican la locación de un espacio para actividades comerciales o el alquiler entre particulares, sino que sólo tiene incumbenci cuando se trata de contratos entre particulares e inmobiliarias, cuando hay incumplimiento o abuso por parte de alguna de las partes. En cuanto a los precios, la dirigente manifestó que es un tema difícil de regular y que la subsecretaría que lidera analizaría la mejor manera de abordarlo.

Entre otras cosas relacionadas específicamente al consumo, la funcionaria destacó la creación de la canasta social en la capital y el conurbano bonaerense y afirmó que de a poco se empezaron a sumar algunas provincias del interior, como San Luis, Jujuy, Córdoba y Corrientes. Subrayó por otro lado que el objeto de la iniciativa es que se replique en todo el país y que son los gobiernos y la sociedad misma, por intermedio de sus organizaciones de consumidores, los que deben impulsarla.

En cuanto al «ranking» de reclamos que registra la entidad, la dirigente admitió que las quejas por la facturación en telefonía celular y fija continúan en primer lugar, seguidos de cerca por las operaciones bancarias, sobre todo por tarjetas de crédito, y electrodomésticos.

Uno de los rubros que empieza a registrar mayor cantidad de reclamos es la provisión del servicio de Internet, principalmente cuando el usuario quiere dar de baja al servicio. De todos modos, la normativa que regula este servicio y el de los celulares todavía se encuentra en una etapa de formación, y requiere aún consolidación.

¿Conoce la legislación?

Muy pocas personas conocen el verdadero alcance y contenido de las leyes que protegen sus derechos contra los abusos de algunos comerciantes y/o proveedores de servicios. Por eso es importante recordar que el hecho de conocerlos y defenderlos implica un primer paso en el ejercicio legítimo de la ciudadanía.

Los consumidores tienen su respaldo efectivo en la ley 24.240 y leyes complementarias, así como en el artículo 42 de la Constitución nacional. La norma fue promulgada en el año 1993 y consta de tres títulos, que comprenden las normas de protección y defensa de los consumidores, la autoridad de aplicación, los procedimientos y sanciones y demás disposiciones.

En este último título se trata el tema de la Educación al Consumidor. En este sentido, el artículo 60 reza que «incumbe al Estado Nacional, las provincias y municipalidades, la formulación de planes generales de educación para el consumo y su difusión pública, fomentando la creación y el funcionamiento de las asociaciones de consumidores y la participación de la comunidad en ellas, debiendo propender a que dentro de los planes oficiales de educación primaria y media, se enseñen los preceptos y alcances de esta ley.»

Por otro lado, en 1994 se incluye en el artículo 42 de la Carta Magna el tema de la protección de éstos derechos, asignándole de este modo rango de principio constitucional. En éste se consigna que los consumidores tienen derecho a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos, a la información adecuada y veraz, la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno y son las autoridades las que proveerán la protección de los mismos.