Defienden la libertad de expresión de los jueces

NEUQUEN (AN).- El periodista Horacio Verbitsky y el abogado Daniel Sabsay defendieron la libertad de expresión de los magistrados como una herramienta más de la independencia judicial. Además advirtieron que cuando se inicia un proceso de destitución de un funcionario de la justicia, «hay que ponderar con cuidado las razones» por las cuales se lo impulsa, porque «pueden esconder persecuciones o diferencias de tipo político o ideológico».

Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, y Sabsay, un reconocido constitucionalista, fueron propuestos como testigos en el jury contra el fiscal Ricardo Mendaña. El Tribunal, por la consabida mayoría de 4 a 3, no los aceptó, pero dejó abierta la posibilidad de que presenten un dictamen por escrito.

Una de las acusaciones contra Mendaña es por efectuar declaraciones críticas.

La mayoría fueron dirigidas contra los vocales del TSJ Roberto Fernández, Jorge Sommariva y Eduardo Badano, que ahora lo están juzgando. Por eso los recusó, pero también perdió 4 a 3.

Este diario accedió al dictamen de Verbitsky y Sabsay. Allí señalan que «la independencia judicial es una garantía que otorga una doble protección: por un lado, protege al sistema judicial en su conjunto; por otro, a los magistrados en particular. Es por esto que se habla de una doble independencia, externa e interna. La primera protege a todos los miembros del Poder Judicial de las injerencias de los otros poderes, y la interna protege a los magistrados inferiores de la interferencia de sus superiores».

En este sentido, indicaron que «cuando se analiza un caso sobre sanciones disciplinarias o procesos de remoción de magistrados o funcionarios judiciales, hay que tener en cuenta cuál es la causa real de dicha sanción, y tener particularmente en cuenta la necesidad de preservar la independencia interna. La ponderación de las razones de promoción de juicios de destitución requiere un especial cuidado, so riesgo de esconder persecuciones o diferencias de tipo político o ideológico, o bien un ataque a la independencia judicial».

Para Verbitsky y Sabsay, «las normas internacionales que protegen la libertad de expresión de funcionarios judiciales están íntimamente relacionadas con la garantía de independencia judicial, en este caso, en su faceta interna. Si mediante el uso de facultades disciplinarias, o mediante el mecanismo de remoción de magistrados judiciales, se pretende restringir la libertad de expresión, se estaría afectando claramente la garantía de independencia judicial. Por lo demás, la libertad de expresión de que gozan todos los funcionarios judiciales, pretende a su vez, constituirse en una herramienta efectiva de defensa de la independencia judicial».

«En síntesis, los magistrados y funcionarios judiciales no pierden, por su cargo, la libertad de expresarse libremente sobre cuestiones que suscitan debate público», afirman, para agregar luego: «las garantías de independencia e inamovilidad de los jueces están dirigidas no sólo a proteger la investidura individual del juez, sino fundamentalmente la confianza pública en la justicia».

Remarcaron también que «el sistema de organización política de nuestro país es el democrático» y «el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información son un prerrequisito del sistema democrático, y no es sólo un derecho consagrado en una norma, sino la estructura misma del sistema la que garantiza estos derechos. Sería imposible imaginar una democracia que no garantice estos derechos».

Aclaran que «la libertad de expresión tampoco es absoluta» pero «las restricciones o límites deben ser interpretados restrictivamente, para no desnaturalizar el derecho».

Hoy se define cómo continúa el proceso

NEUQUEN (AN).- Hoy se sabrá cómo sigue el jury contra el fiscal Ricardo Mendaña. El tribunal, con su nueva integración, fijará otro cronograma de audiencias que podrían comenzar de inmediato con la citación, otra vez, a los testigos que ya declararon.

El jury se suspendió el lunes de la semana pasada como consecuencia de la renuncia del diputado radical Marcelo Inaudi. Ese mismo día lo reemplazó su par menemista-sobischista Horacio Rachid.

Inaudi renunció cuando ya se habían realizado tres audiencias de recepción de testimonios y sólo faltaban los alegatos y la sentencia. Ahora hay que repetir todo para que Rachid pueda ver y escuchar en forma directa a quienes declararon.

El presidente del Tribunal, Roberto Fernández, no adelantó cuál será el criterio a seguir. En sus últimas declaraciones públicas solamente indicó que las audiencias públicas son nulas y hay que hacerlas de nuevo.

Hoy pueden producirse otras novedades. Por ejemplo, no se descarta que la defensa de Mendaña recuse a Rachid, quien ya adelantó opinión sobre las alternativas del jury. Dijo, por ejemplo, que la única acusación seria era por la experiencia piloto, y que al retirar ese cargo el jury «se cayó».

También vaticinó que la sentencia será dividida, y que no habrá acuerdo en todos los puntos entre los integrantes del jurado.

Mendaña está suspendido en el cargo desde fines de diciembre del año pasado. Lo acusan de cuatro cargos: formular declaraciones críticas hacia la conducción de los tres poderes del Estado; presunta morosidad en el ejercicio de su función; presunta incompatibilidad entre su cargo y sus actividades privadas, y presunta usurpación de tierras fiscales municipales.

Critican el silencio del Colegio de Abogados

NEUQUEN (AN).- Los abogados autoconvocados solicitaron el apartamiento de los miembros del jurado de enjuiciamiento contra Ricardo Mendaña que fueron recusados por el fiscal de cámara.

A través de un comunicado de prensa difundido ayer, afirmaron que «garantías elementales del sistema constitucional se han quebrantado groseramente» durante el desarrollo del jury, y pidieron que los integrantes del jury «inhiban para seguir actuando a los jueces recusados por Mendaña» (el presidente del TSJ, Roberto Fernández, y los vocales del cuerpo Jorge Sommariva y Eduardo Badano).

En paralelo, reclamaron al Colegio de Abogados que «abandonen su ostensible silencio y expresen a los abogados que integran el jurado el apoyo necesario para que tengan un cabal desempeño». Incluso, deslizaron que este apoyo debería brindarse «en el supuesto caso de renuncia» de los dos profesionales que están participando del jury.

El comunicado, firmado por Hugo Del Pin, Raquel Fabani, Sergio Mayorga y Raúl Quiroga, entre otros, enfatiza que «las declaraciones de calificados magistrados» durante el desarrollo del jury y del renunciante Marcelo Inaudi, «nos llevan a la conclusión de que garantías elementales del sistema constitucional se han quebrantado groseramente» en el transcurso de este jury que podría continuar hoy