Denuncian espionaje ilegal a familiares de tripulantes del ARA San Juan

Fue presentada por la titular de la AFI por material que se halló en Mar del Plata. Los familiares eran seguidos y fotografiados.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina
Caamaño, presentó ante la Justicia Federal de Mar del Plata una
denuncia por presunto espionaje ilegal realizado durante el Gobierno de Mauricio Macri sobre familiares de los tripulantes del ARA San Juan, en momentos en el que el submarino aún permanecía desaparecido, entre enero y junio del 2018.

En la presentación judicial, realizada ante la Fiscalía Federal
Nº 2 marplatense, a cargo de Daniel Adler, se solicitó la citación a
indagatoria del exdirector general del organismo, Gustavo Arribas; de la
exsubdirectora, Silvia Majdalani; y del expresidente Macri, entre otros.
Asimismo, se pidió que se llame a indagatoria al exjefe de la Delegación
Mar del Plata de la AFI -en el tiempo en que ocurrieron los hechos
denunciados-, así como al exdirector de Reunión Interior, todos ellos «en
calidad de responsables de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos
generales de la política de Inteligencia Nacional».

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, calificó de «ilegal e inhumano» el
presunto espionaje denunciado.

Los familiares de los tripulantes, quienes fueron informados de manera
privada por la cartera de Defensa sobre el hallazgo de documentación
«que refleja tareas de seguimiento y vigilancia» y que motivó la denuncia,
adelantaron a Télam que intervendrán como querellantes en el expediente.

En el texto de la denuncia, Caamaño subrayó que las «tareas» ventiladas «no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado», sino que «sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido».

En el mismo sentido, subrayó que, a la luz de las pruebas encontradas, se
puede hablar «lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal«,
realizada meses después de la desaparición del submarino, ocurrida en
noviembre del 2017.

El escrito agrega que «el material acompañado demuestra que la AFI hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan y ello por el solo hecho de pertenecer al colectivo de
familiares de las víctimas del hundimiento».

El material fue encontrado en soportes digitales en la Delegación Mar del Plata de la AFI y fue analizado con motivo de un requerimiento judicial realizado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, en el marco de otra causa.

Según la presentación, los documentos que acreditan el espionaje «fueron
hallados puntualmente en tres discos rígidos diferentes», que incluían 29 archivos digitales:
constan seguimientos efectuados en manifestaciones en Mar del Plata, cuando las tareas de búsqueda y rescate todavía no habían dado con los restos de la nave.

«Los informes, fechados entre enero y junio de 2018, muestran seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas frente a la Base Naval de Mar del Plata o durante otras actividades realizadas, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de esa ciudad o en el monumento al General San Martín local, tanto de las columnas, como a referentes de los grupos de familiares», explicó la AFI.

Asimismo, en la presentación judicial, Caamaño pone a disposición de la
Justicia «la extracción del material digital» q
ue surge como prueba
documental, y adelanta que, si fuera necesario, designará «un equipo
técnico para que efectúe el trabajo respetando el protocolo de resguardo y
cadena de custodia».

Fuentes judiciales indicaron que la causa será instruida por la fiscalía 2,
en acuerdo con el juez federal Santiago Inchausti.

Por otra parte, la abogada Lorena Arias, representante de un grupo de
familiares, aseguró que intervendrán como querellantes y recordó que en junio último habían realizado un presentación ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, en el marco de la causa por maniobras de espionaje durante el gobierno de Cambiemos.

«Sin dudas, vamos a intervenir. En las próximas horas vamos a tener
precisiones respecto de la causa. Tenemos que ver el expediente para saber
si esta denuncia es a requerimiento de aquella presentación que hicimos en
Lomas. Si es así, nosotros ya somos parte de la causa, como denunciantes.

En caso de que sea un expediente que va por un camino separado, vamos a
presentarnos como querellantes en la nueva causa», explicó a Télam.

El abogado Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro
Tagliapietra, una de las víctimas del naufragio, calificó como «perversa»
la posibilidad de que los familiares hayan sido espiados.

«Esto es perverso, y confirma lo que yo ya había denunciado en 2018«, dijo Tagliapietra, en declaraciones a Radio 10, y recordó que en marzo de ese año denunció «una seguidilla de intervenciones» en su correo electrónico «y en el teléfono», pero que «lamentablemente no hicieron nada».

Además, agregó: «Lo que más me horroriza es que dicen que además nos
seguían, nos fotografiaban, y esto nosotros lo percibimos cuando acampamos en Plaza de Mayo».

En la misma línea, María Victoria Morales, madre del cabo principal Luis
García, aseguró que los familiares de las víctimas se sienten «manoseados y basureados» ante estas revelaciones.

«No les importó nuestro dolor. No les interesó nada en lo afectivo. Jugaron con nuestro sufrimiento y nuestros sentimientos», expresó a Télam y señaló que muchos tenían «fuertes sospechas» de que eran espiados.


El ARA San Juan


El ARA San Juan desapareció en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017, tras reportar un principio de incendio en el sector de baterías, mientras realizaba una patrulla de mar con 44 tripulantes a bordo.

La Armada Argentina perdió contacto con el submarino cuando regresaba desde Ushuaia a Mar del Plata, a la altura del golfo San Jorge, y tras un
operativo de búsqueda en el que intervinieron sin resultados 18 países, el
casco del buque fue hallado pocas horas después de cumplirse el primer
aniversario de la desaparición.

En los primeros minutos del 17 de noviembre de 2018, el barco Ocean
Infinity, contratado por el Gobierno nacional para la búsqueda, detectó el submarino «implosionado» y sin sobrevivientes
, a 907 metros de profundidad.


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