Denuncian trabajo en negro en hogares juveniles

NEUQUEN (AN).- El gremio estatal ATE volvió a pedir una instancia de diálogo para discutir una recomposición y «blanqueo» salarial para la mitad de los trabajadores que se desempeñan en centros de contención juveniles, y al mismo tiempo introducir modificaciones que impliquen mejoras en las condiciones de seguridad de los establecimientos.

El vocal de la conducción de ATE, Iván Reyes, informó que después de la última audiencia conciliatoria, en la subsecretaría de Trabajo, los empleados del sector no obtuvieron una respuesta de parte del ministerio de Acción Social, para su reclamo salarial.

Reyes afirmó que «hay unos 50 trabajadores, de los 103 que se desempeñan en ocho hogares de este ciudad», cuyos contratos son renovados anualmente para ocupar distintos puestos.

«El reclamo principal es el pase a planta de la mitad de los empleados de los hogares que trabajan en negro. Cobran 600 pesos mensuales, pero no tienen ningún tipo de carga social», describió la situación.

Afirmó que buena parte de los nombramientos fueron otorgados políticamente. «Hay afiliados al MPN que se desempeñan en estos puestos, que le plantean el reclamo a ATE», dijo.

Además de los aspectos salariales, le exigen al ministerio que encabeza la ministra María Ilse Oscos, la implementación de un subconvenio que tenga en cuenta las particularidades que reporta su tarea. Sostienen que el contacto con la problemática juvenil implica un desgaste adicional al que están expuestos trabajadores de otros organismos estatales. Además intentan introducir en el debate «la capacitación continua y permanente».

Reyes afirmó que a principios de este mes intentaron exponer la situación en una audiencia desarrollada en Trabajo. «Fuimos y nos encontramos con una nota de la ministra. Nos decía que ya se estaban dando respuestas a las demandas en materia de seguridad en cada uno de lo hogares», describió, y añadió que el texto no hacía referencia a la posibilidad de otorgar un incremento, o plantear el pase a planta de los contratados.

Hay una instancia del planteo de los empleados que apunta al mejoramiento en la infraestructura de los centros de contención. Reyes sostuvo que hay menores que conviven con otros cuyos delitos fueron de mayor gravedad, y que por lo establecido en la ley de minoridad 2302, deberían permanecer en una situación diferencial. «Pero esto no se está cumpliendo por falta de infraestructura», expresó.

Este diario intentó comunicarse con Oscos, para que se expresara sobre el tema, pero el intento fue infructuoso. El subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel, prefirió informarse «más del tema», antes de opinar.

El reclamo también busca la «implementación de sistemas alternativos de contención para los jóvenes una vez que salen de los centros bajo la órbita del ministerio de Acción Social», dijo Reyes. Afirmó que actualmente hay cerca de 60 jóvenes que permanecen en estas dependencias.

Otra de las circunstancias que ya vienen denunciando es la falta de personal. Aseguran que no es suficiente para atender a los jóvenes. Por eso, además de la suba salarial, piden la incorporación de más personal.

Mientras buscan la nueva instancia de acercamiento, cada uno de los centros permanece en estado de asamblea permanente, y facultado para realizar paros sorpresivos.