Derechos de autor: Cambiaron normativa y «gigantes» digitales deberán pagar

La Unión Europea acordó en las últimas horas una reforma sobre su normativa de derechos de autor, después de aplicarla por más de 20 años. Ahora sólo resta que sea ratificado por los principales organismos del grupo.

La medida establece que al menos se intentará que los llamados «gigantes de internet» paguen por el uso de los contenidos digitales protegidos por esa condición, a editores de diarios y referentes de industrias culturales, entre otros.

El texto se votó esta madrugada y logró aunar posiciones entre la Comisión Europea, los gobiernos de los países miembros y el Parlamento Europeo.

A continuación, los principales puntos del acuerdo:
*Procedimiento: 
Estiman que la votación por los eurodiputados podría tener lugar a finales de marzo o principios de abril.

Hasta el momento, el Parlamento Europeo nunca ha rechazado un acuerdo provisional cerrado entre las tres instituciones europeas, pero esta controvertida reforma ya ha registrado varios altibajos.

Si el texto sale finalmente adelante, los países europeos tendrán dos años para trasponerlo en sus legislaciones nacionales tras su publicación en el Diario Oficial de la UE. Su entrada en vigor efectiva será en el 2021.

*Derecho conexo:
El Artículo 11 de la directiva crea un “derecho conexo” o “derecho afín” a los derechos de autor para la prensa, con el objetivo de que plataformas como ‘Google News’ o Facebook remuneren mejor a los medios de comunicación (diarios, revistas, agencias) por los artículos que utilizan.

Los editores de prensa negociarán con estas plataformas cómo y a qué precios podrán utilizar sus artículos, protegidos durante dos años. También podrá renunciar a este derecho.

Fuera de este principio quedan los “hipervínculos” compartidos entre los internautas, las “palabras aisladas” para describir su contenido o “los extractos muy cortos” de artículos que aparecen en buscadores, agregadores de contenidos o redes sociales.

*Contenidos filtrados: 
El Artículo 13 de la directiva, exige que los sitios de intercambio de contenido (redes sociales, servicios de video en línea,…) desplieguen una tecnología que filtre automáticamente los contenidos protegidos por los derechos de autor.

De esta obligación, quedarían exentas las pequeñas empresas o ‘start-up’ que reúnan tres criterios: menos de tres años de existencia; menos de 10 millones de euros de volumen de negocio; menos de cinco millones de visitantes únicos cada mes.

A partir de estos umbrales, las empresas deben impedir la reaparición de contenidos suprimidos y filtrar las publicaciones en línea en función de las listas facilitadas por los titulares de los derechos.

El texto acordado también comprende disposiciones para proteger la descarga gratuita y el intercambio de obras con “fines de citación, de crítica, de opinión, de caricatura, de parodia o de pastiche”, lo que garantiza que los humorísticos ‘memes’ y GIF sigan estando disponibles.

* La directiva no se dirige a los usuarios:

Así, si el video de alguien bailando con una música de fondo estará autorizado, siempre y cuando la plataforma cuente con una licencia para esa música, ya que los acuerdos cubren también el contenido generado por los internautas.
Un internauta podrá interponer un recurso si estima que el contenido que publicó en línea ha sido retirado por error.

Ahora la reacción de las plataformas, como Google, a la nueva directiva, es la gran incógnita.

El gigante de Mountain View dejó entender que no saldría gratis. La semana pasada, evaluó en un 45% la reducción de la frecuentación en los sitios de información si se adopta la legislación europea.

Google también probó recientemente el impacto de la reforma en la UE proponiendo en algunos casos resultados de búsquedas truncados: los titulares o fotos de los artículos buscados faltaban, como si esas páginas no hubieran conseguido cargarse correctamente.

Este invierno, también llevó a cabo una campaña activa contra el Artículo 13, movilizando a ‘youtubers’ y amenazó con bloquear millones de vídeos.

España y Alemania intentaron sin éxito imponer un derecho conexo. En el primer caso, ‘Google News’ se retiró simplemente, mientras que, en el segundo, la legislación se suspendió mientras la justicia europea se pronuncia sobre un supuesto defecto de procedimiento.



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