Derechos violados en pandemia

El impacto de la pandemia no solo debe medirse por los millones de contagios y miles de muertos, sino también por las consecuencias vinculadas a la violación de los derechos humanos.


Las variantes son tantas como segmentos sociales alcanzados por estas vulneraciones, que en algunos casos crecieron en forma preocupante con la crisis del covid aquí y en el continente.


Son palpables los daños infligidos sobre la dignidad humana, que comprende los valores esenciales de la libertad, igualdad, solidaridad y seguridad jurídica.


Las desigualdades que ya existían fueron agravadas por la pandemia. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que el drama del coronavirus provocará la peor recesión de los últimos 100 años en América Latina, aumentando las personas en situación de pobreza en 45 millones (de un total de 230 millones) y en situación de extrema pobreza en 28 millones (de 96 millones). En Argentina, el Observatorio de Deuda Social de la UCA de diciembre relevó una pobreza del 44,2%, que alcanza a 18 millones de personas, 2 millones que hace un año.


Por añadidura la brecha digital, expresada sobre todo en educación por su acceso desigual en forma remota o nulo directamente, está generando una escalada en la tasa de abandono escolar.


Pero también hablamos de los estragos provocados, ya no por las esquirlas –sociales, económicas– indeseadas de la pandemia, cuanto por las derivas autoritarias, machistas y sectarias; sea de hombres como de instituciones.
Como el virus mismo, se han extendido las expresiones punitivas y represivas ejercidas por fuerzas de seguridad que, paradojalmente, deberían dar garantías y cuidados en este crítico momento.


Avances sobre la libertad han tenido lamentables consecuencias, con casos extremos como el de Solange o el asesinato del adolescente Joaquín, ambos en Córdoba.


La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que el drama del coronavirus provocará la peor recesión de los últimos 100 años en América Latina



En otros sitios del continente, los gobiernos de El Salvador, Paraguay y Venezuela impusieron cuarentenas forzadas (y en condiciones insalubres) a miles de migrantes y refugiados, personas que regresaron a sus países de origen, y comunidades que viven en situación de pobreza. Grupos históricamente marginados como indígenas y afrodescendientes también la pasaron muy mal. Este año, en Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Chile y Perú , entre otros, se ha documentado el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e inclusive muerte de personas en manifestaciones, como parte de políticas de represión.


En el ámbito intrafamiliar, las situaciones de riesgo se incrementaron notoriamente en particular para mujeres y niñas. Las llamadas a líneas de ayuda para casos de violencia doméstica han aumentado en Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Paraguay y Perú desde que iniciaron las cuarentenas en marzo del 2020, según estudios sociales.


Este año, en Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Chile y Perú , entre otros, se ha documentado el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e inclusive muerte de personas en manifestaciones, como parte de políticas de represión.



En este contexto, los femicidios –la otra pandemia– muestran en Argentina datos inquietantes. Observatorios de violencia de género reportaron 327 femicidios del 1 de enero al 30 de diciembre de 2020, es decir casi uno por día, el 65% cometidos por parejas y exparejas de las víctimas, y en la propia vivienda de la víctima. En nuestra región se registraron 7 femicidios, 4 en Río Negro y 3 en Neuquén.


Son datos que deben calar profundo en nuestros Estados. De poco servirían normas, servicios de atención, denuncias, botones antipánico, medidas cautelares, tobilleras electrónicas, etc., si hay un sistema judicial y de seguridad exasperantemente lento, remiso a actuar o con resabios machistas en su interior.


Tampoco el Estado puede utilizar medidas de excepción o emergencia como excusa para violar los derechos humanos de los ciudadanos, limitar libertades fundamentales o reducir el espacio cívico. Los cuerpos legislativos, el Poder Judicial y los órganos de control ciudadano tienen una gran responsabilidad y mucho por hacer frente a estas arbitrariedades.


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