Desigualdad ante la ley
Al menos tres interesantes reflexiones merece el contenido de una noticia publicada recientemente respecto de la absolución, por parte de un grupo de pares, del juez Carlos Antonio Flores, magistrado que otorgó la figura de avenimiento a quien violó primero y –luego del perdón judicial y ceremonia de casamiento mediante– asesinó salvajemente después a Carla Figueroa. 1) No todos somos iguales ante la ley, tal como reza el conocido aforismo. La sentencia de absolución recaída sobre el magistrado que permitió la figura del avenimiento del violador que luego asesinó a Carla Figueroa puede asimilarse, desde el punto de vista médico, a lo que para los profesionales de la salud se denomina mala praxis: un inconcebible error de juicio que en una situación dada –la de los médicos– puede acabar con severos daños a la salud o con la muerte de una persona mientras que, en el caso de un juez, un fallo (nunca mejor empleado el término) puede coronar con un error que libera a un intratable que concluye asesinando a quien antes había violado. Sin embargo, esa verdadera mala praxis judicial, ese colosal error de juicio por parte del magistrado, no ha merecido –para sus juzgadores– ninguna sanción ejemplar, ni la prohibición de seguir ejerciendo su profesión amparándose la defensa, seguramente, en ese manido cuento de la íntima convicción o la sana crítica –dos elementos de los que parece carecer este profesional para ejercer su cargo de magistrado– ni tampoco, por supuesto, la obligación de resarcir a la familia de la occisa por los daños emergentes. En suma, un juez decide lo que le viene en gana y hace, en general, lo que se le antoja sin obligación alguna de responder por ello; por ende, se posiciona por encima de la ley que debe aplicar y defender y no es igual a todos nosotros. 2) No todos los ciudadanos contamos con la posibilidad de ser juzgados por nuestros pares. Los médicos no podemos ser evaluados en nuestra conducta por otros agentes sanitarios. Se aducen para ello dos razones: una, el hecho cierto y concreto de no ser jueces, lo cual, si bien es real, no deja de ser una verdad a medias pues nadie más que un grupo de pares está en condiciones reales de evaluar la conducta de un igual. La otra razón esgrimida es la cuestión corporativa: dícese que si los médicos –o cualquier otro conjunto profesional– se juzgaran a sí mismos nunca habría sanciones reales sobre los culpables, precisamente por ese espíritu de cuerpo. Pues bien, en el caso antes citado, el magistrado ha sido juzgado por sus pares y la sanción fue inexistente, lo que sin duda alguna habría resultado distinto si este infeliz funcionario hubiera sido evaluado en su conducta por ciudadanos comunes –aquellos que no gozamos de tantos y tan grandes privilegios como jueces y politiquillos argentinos–. Se sostiene, por parte de la corporación de magistrados –verdadera cosa nostra vernácula–, que ellos (pretendidos y presuntuosos seres superiores que juzgan al resto de los mortales y se arrogan el derecho de decir quién ha actuado bien o mal mientras ostentan, por ejemplo, anillos costosísimos o exhiben conductas reñidas con la mínima moral sin recato alguno) no pueden ser afectados por cuestiones tan banales como el pago de impuestos pues necesitan tener la mente despejada para sólo dedicarse a su magna y ciclópea tarea de emitir tantas y tan burdas e infundadas sentencias. Pues bien: aceptada esa premisa, sólo podemos, como médicos, solicitar igual trato para que cuando un galeno examine a sus pacientes pueda concentrarse única y exclusivamente en ellos y no tenga que pensar en nimias cuestiones como vencimientos varios, el sueldo de la secretaria, el costo de reposición de insumos para su tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, si el médico comete algún error en su profesión –¿y quién está exento de cometer alguno a lo largo de años de trabajo?– debiera exigir que su conducta pueda ser juzgada por sus pares y no por terceros totalmente ajenos al arte de curar. Al menos esos dos requisitos –la tranquilidad de la exención impositiva y la seguridad de ser juzgado por sus pares ante cualquier error– harían que la atención brindada a los pacientes fuera más reposada y tranquila y los diagnósticos resultaran más certeros pues los galenos sólo ocuparían su mente con los problemas de los enfermos. 3) Finalmente, no deja de llamar poderosamente la atención la velocidad con que este magistrado fue sometido a una parodia de juicio cuando los comunes mortales debemos esperar años para la resolución de causas elevadas a consideración de estos presumidos. Aquí también la diferencia resulta notable. Éstas y otras tantas inequidades por parte de nuestros representantes y magistrados –ejemplos sobran con apenas mirar alrededor nuestro– sólo contribuyen al malestar general y a la fragmentación social cada día más evidente. Podría confiarse, en una tierra de utopías, en que a estos personajes, Dios y la Patria –o Néstor, neoprócer por quien hoy también juran desempeñar fielmente los cargos para los que son designados– los demandaran por sus desaguisados, aunque sabemos que ello difícilmente ocurrirá pues, ya lo señala la sabiduría popular, entre bueyes no hay cornadas. En suma, con la tranquilidad que brinda la impunidad, hoy medran a su antojo políticos y jueces, sabiéndose a salvo de cualquier sanción y sólo preocupados por mejorar sus vacuas vidas. (*) Médico especializado en Medicina Legal. abevaqua@intramed.net
ALEJANDRO A. BEVAQUA (*)
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