Detenciones inhumanas



El histórico fallo de la Justicia Federal en Neuquén que condenó por primera vez a cadena perpetua a un grupo completo de agentes penitenciarios a cargo de una requisa por la tortura y el asesinato a un preso puso de manifiesto una vez más las deplorables condiciones de nuestras cárceles, la corrupción que impera en el sistema y la naturalización en casi toda la sociedad de los graves abusos a los derechos humanos que con impunidad ocurren tras los muros.


Fueron condenados ocho agentes como autores del crimen y seis jefes, subjefes y profesionales que ayudaron a ocultar el calvario que sufrió el interno Alejandro Pelozo Iturri, quien fue torturado en la celda de castigo, golpeado aún desvanecido durante el traslado a la Enfermería y sobre la camilla del penal, lo que finalmente le provocó la muerte. Para llegar a esta decisión, fue clave la firme acción de familiares y organismos de derechos humanos, que durante diez años impulsaron la investigación judicial que logró romper con los códigos de silencio y complicidad penitenciarios.


No es un caso aislado. Este mes, informes del más variado espectro ideológico volvieron a poner de manifiesto la dura realidad carcelaria. La ONG Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), brindó hace días su balance anual sobre abusos de los aparatos de seguridad estatales en el 2018. El documento señala que entre 2015 y 2019 murieron 1.303 personas a manos de fuerzas de seguridad. El 47% de estas muertes ocurrió bajo la custodia de policías o agentes del Servicio Penitenciario Federal o provinciales.

Por su parte, el departamento de Estado de EE. UU., en su informe anual sobre derechos humanos, destaca en su análisis de Argentina “el hacinamiento, la mala atención médica y las condiciones insalubres” del sistema carcelario argentino, además de “traslado forzoso y el uso del régimen de aislamiento como método de castigo”. Y cuestiona que de 274 casos de tortura en prisiones y comisarías en el 2017 apenas 84 derivarán en investigaciones penales.

Para completar, la sala IV de la Cámara del Crimen porteña señaló hace una semana que “las cárceles argentinas no son aptas para la condición humana”, tras recibir informes del Servicio Penitenciario Federal y de la Procuración Penitenciaria en un caso sobre la alcaidía de Palacio de Tribunales. Detalló que la cantidad de presos en el país creció un 35% en los últimos tres años, sin que ello se haya traducido en más y mejores establecimientos para alojarlos, generando superpoblación y hacinamiento. La pérdida de espacios recreativos, laborales, de baños y lugares para recibir visitas y el aumento de conflictos internos son consecuencia de esta situación.


Este diario frecuentemente ha remarcado las pésimas condiciones de las prisiones, que según el mandato de nuestra Constitución deberían ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Ya en 1917 un editorial advertía a las autoridades territoriales de Neuquén que, a un año de la masacre de presos de Zainuco, emblemático caso de violencia institucional, “el gobierno permanece inactivo sin arbitrar medidas eficaces que aseguren la no repetición de los conflictos”.

En 1921 hablaba de los “infiernos carcelarios” para detallar los “horrores” que ocurrían en el penal de Ushuaia o el “vergonzoso estado en que se encuentra la cárcel de Santa Rosa y la intolerable demora con que se sustancian los procesos de los detenidos”.


Parece mentira que, un siglo después, nuestra sociedad no encuentre mecanismos para dar un tratamiento justo, mínimamente humanitario y posibilidades de rehabilitación social a quienes se encuentran privados de su libertad, sean cuales fueren las razones de su condena.


Es preocupante que una parte de la sociedad todavía justifique la tortura y la muerte de una persona “porque era un delincuente”. El reclamo de mayor seguridad jamás debiera descuidar el control de los establecimientos penales para que allí el trato sea según marcan la Constitución y las leyes y no con acciones bárbaras y criminales como las que acaba de condenar la Justicia.


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