Dilma acorralada

Decía Néstor Kirchner que “para hacer política, hay que juntar mucha platita”. También habría que juntarla para que resultaran viables proyectos populistas como los propuestos por los movimientos de retórica presuntamente izquierdista que en los años últimos han dominado tantos países latinoamericanos. A menos que haya dinero, sólo quedarán las expectativas sin que haya los recursos necesarios para satisfacerlas. Es por lo tanto lógico que el desplome del precio del petróleo en los mercados internacionales, y la caída menos abrupta de los de la soja y otros commodities, haya tenido un impacto muy fuerte en la región, sobre todo en Brasil. Aunque los gobiernos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff han obrado de manera mucho más sobria que los del matrimonio Kirchner y la Venezuela “bolivariana”, no aprovecharon la oportunidad que les fue brindada por el boom de los commodities para modernizar la economía brasileña. Apostaron a que una coyuntura insólitamente favorable se perpetuara pero, desgraciadamente para ellos y para sus compatriotas, sólo se trató de un ciclo que duró mucho tiempo pero que ya ha alcanzado su fin. A diferencia de nuestra presidenta, Dilma no imagina que podría serle ventajoso que su eventual sucesor recibiera una herencia explosiva. Tampoco parece tentada por la idea de tratar el estancamiento económico de su país como si lo creyera consecuencia de una conspiración urdida por la derecha estadounidense. Quiere que la economía brasileña reanude el crecimiento y que sean sostenibles los beneficios sociales que el Partido de los Trabajadores ha introducido, razón por la que, luego de triunfar por un margen estrecho en las elecciones presidenciales de octubre pasado merced en buena medida al temor de los más pobres a que su contrincante “liberal” Aécio Neves los privara de sus fuentes de ingresos, no vaciló en aplicar un fuerte ajuste fiscal. Como es natural, los perjudicados que la habían votado se sienten engañados, mientras que la oposición la acusa de haber mentido, puesto que cambió de rumbo no bien se confirmaron los resultados electorales. Por lo demás, en los sectores de clase media se ha difundido la sensación de que el proyecto del PT de Dilma y su padrino político, Lula, ha fracasado irremediablemente y que será necesario reemplazarlo por otro muy distinto, ya que de otro modo se agravará todavía más el deterioro de la calidad de vida del grueso de la población. Además de los problemas económicos y sociales atribuibles al agotamiento previsible de un “modelo” populista que fue posibilitado por las exportaciones de materias primas y bienes agrícolas, Dilma enfrenta acusaciones de complicidad con el medio centenar de políticos oficialistas que se han visto involucrados en un escándalo de corrupción en gran escala protagonizado por Petrobras, la empresa estatal emblemática. Aunque pocos creen que Dilma misma se haya enriquecido, muchos están convencidos de que, a cambio de apoyo legislativo, durante años permitió que sus colaboradores hicieran de Petrobras una caja personal y partidaria. En Brasil, la corrupción y la crisis económica se han combinado para formar una mezcla tóxica que, en opinión de algunos opositores, debilita tanto al gobierno que se justificaría el juicio político, seguido por la destitución, de Dilma, pero la mayoría no quiere ir tan lejos, acaso por miedo a que Lula, que ha conservado buena parte de su poder de convocatoria, lidere una reacción muy fuerte en defensa de lo que es, al fin y al cabo, su propia obra, y en contra del ajuste que, según el ala izquierda del PT, se debe no al estado preocupante de la economía brasileña sino a la perversidad de una camarilla neoliberal encabezada por el ministro de Hacienda, Joaquim Levy. Con todo, si siguen produciéndose todos los fines de semanas manifestaciones callejeras multitudinarias como las del domingo pasado, en que más de un millón de brasileños reclamaron el “impeachment” de la presidenta, la situación podría cambiar, lo que entrañaría el riesgo de que nuestro vecino se hunda en una crisis política profunda que, de más está decirlo, tendría repercusiones económicas, entre ellas una caída aún más precipitada que la ya registrada del valor del real, que por cierto no nos beneficiarían.

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