Don Raúl…

El gobierno de Alfonsín se enorgullecía de su capacidad de contraer más deudas con el exterior.

Por Redacción

El ex presidente y titular actual de la UCR Raúl Alfonsín no propuso repudiar la deuda externa ni desistir de pagarla durante un par de años. Sólo dijo en el curso de un programa de televisión que sería lindo si los acreedores «nos dejaran dos años estos 20.000 millones de pesos para poder invertirlos», porque en tal caso «podríamos honrar más fácil nuestras obligaciones». Sin embargo, por tratarse de un hombre público experimentado que sabe muy bien que sus por lo común estrafalarios planteos económicos suelen agitar a los mercados, Alfonsín habrá previsto que su pequeña fantasía sólo serviría para sembrar el temor tanto aquí como en el exterior de que la Argentina trate de solucionar sus problemas de golpe negándose a honrar sus obligaciones internacionales. Al fin y al cabo, Alfonsín dista de ser el único dirigente al cual le guste la idea de simplificar las cosas convirtiendo, decreto mediante, una deuda ya abultadísima en dinero para «invertir». También piensan de esta manera el ex candidato presidencial peronista Eduardo Duhalde, más una variedad abigarrada de eclesiásticos y militantes políticos combativos.

Por desgracia, la «solución» insinuada con tanta ligereza por Alfonsín y, con mayor solemnidad, por otros dirigentes de actitudes similares no vale nada. Como señaló el ministro de Economía, José Luis Machinea, «el único efecto que puede traer la postergación del pago de la deuda es más recesión y más desempleo», lo cual es evidente porque, como entenderá cualquier ama de casa, los prestamistas no están acostumbrados a seguir financiando las operaciones comerciales de los deudores morosos. Pero Machinea se quedó corto. De ocurrírsele probar la receta esbozada de forma un tanto juguetona por Alfonsín, las consecuencias para la Argentina serían sin duda alguna catastróficas. No consistirían meramente en «más recesión y más desempleo», sería cuestión de una convulsión económica y por lo tanto social aún más violenta que la desatada por la hiperinflación alfonsinista, que con toda probabilidad eliminaría por completo la posibilidad de que el país logre finalmente sobreponerse a su atraso. Dicho de otro modo, sería suicida.

Asimismo, el planteo alfonsinista se basa en la tesis sumamente optimista de que si por algún milagro los acreedores decidieran darnos dos años de gracia, las autoridades aprovecharían la oportunidad con tanta sabiduría que «podríamos honrar más fácil nuestras obligaciones». ¿En verdad? Por desgracia, no existen motivos para creerlo. Antes bien, el gobierno o, si se prefiere, la clase política en su conjunto emplearía el regalo caído del cielo para postergar una vez más las reformas necesarias para que la economía funcione con mayor eficacia. Es lo que siempre ha sucedido y no se da razón alguna para suponer que la reacción de los encargados de manejar los destinos del país sería distinta si recibieran aquellos «20,000 millones» a los cuales aludía el ex presidente. Lejos de invertirlos en la producción, los utilizarían para aumentar sus propias dietas y engrosar aquellos fondos especiales que despilfarran sin tener que rendir cuentas ante nadie, entre otras cosas, con el resultado de que una vez terminado el plazo la condición de nuestra economía sería aún peor que antes.

Mal que les pese a ciertos políticos, no habrá soluciones mágicas. Si en su opinión la deuda externa constituye un arma imperialista, debieron haberse defendido contra ella a tiempo negándose a tomar créditos en el exterior. De más está decir que el propio Alfonsín no pensó jamás en actuar así. Por el contrario, su gobierno, lo mismo que tantos otros, se enorgullecía de su capacidad para contraer más deudas, aseverando que servían para reflejar la confianza del resto del mundo en el futuro nacional. Esta actitud dependiente ha contribuido mucho al atraso económico nacional, si bien no tanto como la convicción de que deberían existir soluciones indoloras para problemas que son el fruto de décadas de desidia y la irresponsabilidad al parecer congénita de una clase dirigente corporativa cuyos representantes más destacados siguen creyendo que todo saldría bien si los demás países aceptaran modificar las reglas que les permitieron prosperar a fin de ajustarlas a las pretensiones de hombres como el jefe actual del partido gobernante.