“Donde hay una necesidad nace un derecho”

En el marco de un modelo de gobierno nacional que suma cada día nuevas medidas de exclusión de diferentes sectores, asoman como la punta de un iceberg 83.200 suspensiones y baja de pensiones nacionales no contributivas por invalidez y para madres de siete hijos.

Las pensiones nacionales no contributivas no quedaron exentas de la arremetida liberal. Desde agosto del año pasado, muchos pensionados se enteraban el día de cobro de que su pensión había sido “suspendida” por contar con un cónyuge que cobrara algún beneficio previsional, aunque el mismo fuera el salario mínimo; o por contar con algún familiar obligado que ganara más de 21.000 pesos o que tuviera un auto sin importar el modelo. Lo que pretende el gobierno de Mauricio Macri es privar del acceso al derecho a todos aquellos que legalmente deben encontrarse protegidos y amparados por un Estado presente; es la carrera del retiro del Estado de aquellos ámbitos en los que el mismo debe constituirse como promotor, presente y justo.

En forma diaria los trabajadores de los Centros de Atención Local de la Comisión Nacional de Pensiones en territorio reciben ciudadanos cuya pensión ha sido suspendida o dada de baja. Los mismos trabajadores que en muchos casos tramitaron esas pensiones otorgadas hoy deben “explicar lo inexplicable”. ¿Cómo se le explica a un padre o madre de un niño con discapacidad que su hijo no puede cobrar su pensión ya que él o ella trabaja? ¿Cómo se le explica a uno de los miembros de una pareja que no puede cobrar la pensión porque su compañero cobra una jubilación mínima?

El pensionado pasó a ser visto por este gobierno como alguien que fingió una situación de pobreza, carencia o falta de ayuda para tener una vida digna.

A lo largo y ancho de nuestro país los pensionados no contributivos se organizan para dar la pelea contra esta política injusta y que vulnera derechos. Comienza a despertar la justicia interponiendo medidas cautelares para que se devuelvan las pensiones suspendidas.

Hasta el 2003 no se tenían en cuenta las condiciones reales en que se encontraban los ciudadanos que solicitaban una pensión priorizando exclusivamente la adecuación presupuestaria, es decir, se otorgaba una pensión cuando se producía una baja. Mecanismo perverso en sí mismo por el que un solicitante de pensión, por más necesidad que presentara, debiera esperar que otro pensionado falleciera para acceder a la pensión solicitada. A partir de ese año, en una Argentina con más del 55% de pobres, con 7 de cada 10 adultos mayores sin protección social, con 8 de cada 10 personas con discapacidad, sin cobertura sociosanitaria, las políticas públicas implementadas por Néstor Kirchner y mantenidas por Cristina Fernández, permitieron pasar de un criterio economicista a otro social integral. Así, de las 176.000 pensiones no contributivas existentes en el país en junio del 2003, se llegó a superar el millón de pensiones a fines de la gestión kirchnerista, producto de un estado presente. Con la llegada del actual gobierno se inició el vaciamiento de políticas públicas, que intentan retrotraer la situación.

Que la Justicia actúe ante este escenario es bueno; que los representantes políticos interpreten esta nueva vulneración de derechos de Macri y sus CEO también lo es, al igual que la organización de los pensionados nacionales.

En este contexto, sólo resta tomar la defensa de a quienes se quiere vulnerar, con la certeza de que el modelo de distribución de la riqueza, del cual el otorgamiento de las pensiones nacionales no contributivas forma parte, es un derecho que debe ser defendido no permitiendo que este gobierno siga avanzando con sus políticas de exclusión y miseria.

Darío Martínez

Diputado Nacional FpV

“El pensionado pasó a ser visto por este gobierno como alguien que fingió una situación de pobreza, carencia o falta de ayuda para tener una vida digna”.

Darío Martínez

Diputado Nacional FpV