Dr. Villanueva, ¿qué es lo que falta?
VÍCTOR HUGO REYNOSO * – HÉCTOR DANTE LOMBARDO **
La justicia provincial y la justicia Federal, insólitamente o exprofeso, no se ocupan, ni atienden, ni investigan debidamente nuestras denuncias.
Periodistas neuquinos, al filo de 46 años sin justicia: la dramática comprobación de que el juez, luego de siete años y medio de espera, todavía no ha esgrimido respuesta alguna ante la fortaleza y unanimidad de los testimonios.
Se trata de una mega causa, cuya calificación delictiva es igualmente válida como estafa, asociación ilícita y corrupción.
No sólo hay militares involucrados sino también muchos civiles, quienes en estos casi 46 años se enriquecieron con lo que recaudaron (y recaudan todavía) con total impunidad por el usufructo y explotación económica de la Torre del Periodista, el Centro Cultural y el céntrico terreno y proyecto del complejo Periodistas II (Islas Malvinas, Santa Fe y Diagonal España de Neuquén) más el terreno y proyecto para construir un edificio de cocheras en altura, en Periodistas Neuquinos 41.
Investigaron y lo certifican peritos judiciales, contadores públicos, escribanos, AFIP, Rentas de la Provincia, dirigentes políticos, sociales y el periodismo de investigación.
La justicia provincial y la justicia Federal, insólitamente o exprofeso, no se ocupan, ni atienden, ni investigan debidamente nuestras denuncias y, en cambio, sólo se esfuerzan por encubrir o legitimar los numerosos actos criminales cometidos por la dictadura en perjuicio de los periodistas neuquinos.
Debe juzgarse la responsabilidad, gestión y resoluciones de los magistrados intervinientes que accedieron a sus funciones con acuerdo legislativo y juraron defender y respetar la Constitución Nacional. En el caso de la provincia del Neuquén, recordamos que su Constitución tiene anexa la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En 2017, el Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Gobernador del Neuquén y el Intendente Municipal de Neuquén, reconocieron oficialmente que la Torre de Viviendas y el Centro Cultural de los periodistas neuquinos fueron apropiados y usurpados –por la Fuerza de las Armas- por la dictadura cívico militar genocida, el 24 de marzo de 1976, en procedimiento de terrorismo de Estado, que lo convierte en delito de lesa humanidad y, que por lo tanto, no prescribe.
Con total impunidad, impensadas complicidades e insólito acto, ya en la etapa democrática iniciada el 10 de diciembre de 1983, el Ejército, Gendarmería Nacional y la Policía Federal escrituraron a su nombre como propias las viviendas usurpadas y ocupadas hasta hoy por dichas Fuerzas en la Torre del Periodista.
Para ello contaron con la complicidad, apoyo y silencio de la Justicia Federal, Justicia Provincial, escribanías, Registro de la Propiedad y el visto bueno de los Ministerios de Defensa y de Seguridad de la Nación.
En estos casi 7 años y medio de la presentación de la demanda de justicia que realizamos los socios fundadores de la Cooperativa Osvaldo Oscar Arabarco, Héctor Dante Lombardo y Víctor Hugo Reynoso, sólo una vez -y por espacio de media hora- nos recibió y atendió en su despacho el Juez Federal Dr. Gustavo Alberto Villanueva. Prometió entonces, que a la brevedad se iniciarían los llamados a declaraciones indagatorias. En dicha circunstancia, le solicitamos ser convocados para ampliar nuestra denuncia y demanda, lo que hasta hoy no ha sucedido.
Pese a nuestra expectativa inicial comprobamos, decepcionados, con dolor e indignación, que de dicho Juez no será posible esperar respeto por los derechos humanos de los periodistas neuquinos y, por el contrario, nos vuelve a convertir en víctimas, ahora en democracia.
Abundan los hechos probatorios de lo expresado: nos negó la posibilidad de acceder a un Defensor Oficial, pese a tratarse de jubilados, personas de avanzada edad y con problemas de salud, siendo además los dos únicos sobrevivientes de los casi veinte socios fundadores de 1969; no dispuso medidas de seguridad personal y familiar solicitada por los demandantes; no nos aceptó como querellantes al sostener, insólitamente, que no éramos víctimas de la dictadura cívico militar genocida; no invalidó las escrituras “truchas” mediante las cuales el Ejército, Gendarmería Nacional y la Policía Federal, se apropiaron de las viviendas que dichas fuerzas usurparon y ocupan gratuitamente desde hace 45 años en la Torre del Periodista; no se preocupó en solicitar y/o exigir a las autoridades militares la restitución de la documentación histórica de la Cooperativa que el 24 de marzo de 1976 secuestraron y retiraron de la oficina obrador que funcionaba en el edificio contiguo del Centro Cultural, avenida Argentina 820.
En dicha documentación constan los aportes y condición de cada uno de los socios adjudicatarios y legítimos propietarios, de los 23 periodistas que, por “cuestiones ideológicas”, fueron despojados de sus viviendas por la dictadura a través de la intervención Militar; no conocemos su pronunciamiento sobre la venta a un abogado local, vinculado a actividades inmobiliarias, del Centro Cultural “Dr. Enrique Pedro Oliva” (actualmente improvisado garaje) otra operación viciada de nulidad y sin ningún resarcimiento en favor de los periodistas propietarios del mismo.
El juez Dr. Gustavo Alberto Villanueva no investigó, ni se expidió sobre las ilegales modificaciones a los planos de las obras, ni la redacción de un reglamento de copropiedad “trucho” con participación de 23 no propietarios usurpadores que dio origen al consorcio cívico militar vigente hasta hoy, tampoco la adulteración de documentos y falsificación de firmas para la asamblea mediante la cual el interventor militar era convertido en “democrático” Presidente de la Cooperativa, quien a su vez se mudó al edificio y residió por varios años; igual proceder tuvo para con la reforma del estatuto social que transformó la original Cooperativa de Vivienda del Periodista Ltda. en Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda. para solicitar y recibir del Banco Macro Bansud un préstamo de u$S1.800.000 que no fue devuelto y en solo un año y medio, provocaron la quiebra fraudulenta de la Cooperativa ya en democracia; tampoco investigó la gestión de los sucesivos síndicos de la quiebra.
Hasta hoy, nada se sabe del destino del millonario préstamo, no hay investigación, enjuiciados, ni sentenciados; no investigó el oscuro proceso que llevó a remate tres viviendas de la Torre del Periodista, propiedad de los socios de la misma; aún no realizó la tasación del total de las propiedades tomadas por asalto, robadas y usurpadas el 24 de marzo de 1976; no investigó la gestión administrativa del consorcio cívico militar que explota económicamente, en su propio beneficio, la Torre del Periodista y el Centro Cultural Comunitario “Dr. Enrique Pedro Oliva”, área convertida en otro “barrio militar” de la ciudad que habrían denominado Mosconi; permite además que dicho consorcio, todos los meses, recaude elevadas sumas de dinero en concepto de alquileres y expensas del denominado Sitio de la Memoria de los Periodistas Neuquinos, violando la legislación nacional sobre los legítimos valores y derechos en mérito a un Monumento Nacional.
* Cronista parlamentario.
** Periodista neuquino
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