Duro debate en Bariloche por el anticipo de $90 millones de coparticipación

Los concejales se trenzaron en una tensa discusión en la sesión de hoy por la situación económica del municipio. De todos modos, aprobaron por unanimidad el anticipo de Provincia "a pedido del Soyem".

Una solicitud del intendente Gustavo Gennuso para que el Concejo lo autorice a tomar un adelanto de coparticipación por 90 millones de pesos desató hoy cruces de alto voltaje entre el oficialismo y la oposición por el manejo económico del municipio.

La concejal Julieta Wallace (Frente de Todos) se quejó de la carencia de información y “la falta de transparencia” en el área de Hacienda. Le imputó también a Gennuso el atraso en la presentación de balances, que data de 2015 y señaló que ese incumplimiento acarrea perjuicios para el municipio a la hora de tomar deuda bancaria.

Dijo que el proyecto de los 90 millones fue presentado por el Ejecutivo 15 minutos antes de la sesión, con pedido expreso de tratamiento sobre tablas y “con apenas una hoja de fundamentación”. Se preguntó, por ejemplo, “en qué fueron gastados los ATN por 100 millones de pesos que recibió el municipio” desde el inicio de la pandemia. “La falta de información y el apuro con este proyecto nos hace desconfiar de la transparencia en le manejo de los fondos públicos”, afirmó Wallace.

Su compañera de bloque Roxana Ferreyra dijo que la presentación del proyecto sin análisis ni dictámenes técnicos “es una desprolijidad y una falta de respeto”. Se quejó también por la exigencia de tratarlo sobre tablas. “Nos enteramos de todo por los diarios y ahora nos piden levantar la mano”, acusó.

No tardó en responderles el concejal Gerardo Ávila (Juntos) quien describió las dificultades que atraviesa Bariloche por la crisis del turismo. “Se habla de la necesidad de políticas públicas pero se omite decir de dónde sale la plata -argumentó-. Los que se quejan (por el FdT) son los que a nivel nacional están acostumbrados a la maquinita, pero en el municipio y en la provincia la maquinita no existe”.

También señaló que el atraso con los balances “es real”, pero dijo que Gennuso al asumir en 2015 se encontró también con balances sin presentar desde 2012 y la responsabilidad era entonces de su antecesora, María Eugenia Martini, lo cual “fue pasado por alto” por Wallace.

Ávila dijo que “no hay ninguna cosa espúrea” en el manejo de Hacienda y por las demoras con los balances “hay sumarios en marcha”.

Wallace observó que “tienen 100 empleados políticos a un costo mensual de 8 millones de pesos y podría poner alguno a terminar los balances”.

Y no dejó pasar la referencia a la emisión monetaria. “La maquinita que tanto les molesta le dio casi 1.800 millones de pesos a los barilochenses, con el IFE y otras asignaciones -dijo Wallace-. Te propongo que la trates mejor (le recomendó a Ávila) porque después la gobernadora va a sentarse a pedir dinero de esa maquinita”.

El concejal Pablo Chamatrópulos (Podemos) también formuló varias críticas al gobierno por “la falta de consenso para manejar la crisis sanitaria” y dijo que haberse dado 15 días para tratar el proyecto en comisión “no hubiera causado ningún perjuicio”.

A pesar de los cruces, la ordenanza terminó aprobada por unanimidad. Desde el FdT explicaron la decisión de acompañar con el voto afirmativo “por pedido del Soyem”, pero advirtieron que “no siempre va a ser así”.

El adelanto de coparticipación ofrecido por la provincia equivale casi a una masa salarial mensual del municipio, ingresará a la cuenta “crédito adicional” y será devuelto en 2021 “a valores de origen y sin interés alguno”.

En los fundamentos Gennuso citó la caída de recaudación del municipio y “el incremento considerable de las necesidades de los vecinos”.  Dijo que “la pérdida de ingresos se profundizó por la nula temporada invernal”, aunque no aportó cifras, salvo una referencia a “los 122 mil módulos alimentarios entregados entre marzo y septiembre”.


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