Economía jugó en favor de Peugeot
Para Anticorrupción no hubo delito si el gobierno escuchó el “lobby” de la firma.
La Oficina Anticorrupción (OA) estableció que los funcionarios del Ministerio de Economía no cometieron ningún delito al decidir que la Administración Nacional de Aduanas (ANA) se alejara de una causa judicial que involucra a la familia Macri por supuesto contrabando agravado, horas después de que la empresa francesa Peugeot hiciera “lobby” para lograrlo.
La OA entendió que esa intención “más allá del tono y contexto, no excede del desarrollo de una actividad de lobby, conducta respecto de la cual esta Oficina ha señalado su licitud”.
La OA determinó que la ANA no incurrió “en ningún ilícito” al dejar de ser querellante en la causa. Y aclaró que la OA no podía suplantar a la Aduana en ese papel porque el organismo sólo se encarga de analizar actos de corrupción descriptos por la Convención Interamericana.
La investigación de la OA surgió a raíz de una presentación que habían hecho diputados de la Alianza, para que esclarecieran las circunstancias que rodearon la decisión del gobierno de separarse de la causa.
Luego de esta resolución, Ocaña adelantó que pedirá en los próximos días una entrevista con el Procurador, Becerra, para “asegurarse que los fiscales no sufran las mismas presiones”.
El 16 de noviembre último, a pedido de Machinea, la ANA desistió de ser querellante en una causa por contrabando agravado en la que están implicados Franco y Mauricio Macri.
Según había trascendido, la decisión de Machinea habría surgido luego de que los dueños de Peugeot -que absorbió a la empresa que pertenecía a Macri- le hicieran notar al ministro que se veían perjudicados por ese caso.
De acuerdo a la investigación de la OA, la empresa Peugeot envió una carta al Ministerio de Economía en la que se pedía expresamente que la Aduana dejara de ser querellante en la causa.
La misiva también manifestaba “que la empresa pensaba invertir durante el 2000 la suma de 525 millones y que la incertidumbre generada en el exterior por la causa penal había derivado en la necesidad de suspender las inversiones”.
La OA dictaminó que no existe norma jurídica alguna que obligue al Estado a erigirse en calidad de querellante en los casos en que aparezca damnificado por un delito”, y aseguró que el apartamiento de la ANA de la causa fue “una decisión de mérito o conveniencia, que ha sido tomada ejerciendo una facultad legalmente establecida. (DyN)
