Gobierno aumentó el gasto y el déficit va a más del 37% en el presupuesto 2023
El Gobierno aumentó el gasto en $7,65 billones en lo que respecta a la octava modificación presupuestaria del año, incrementando el déficit a más del 37%. Mirá la resolución, punto por punto.
El Gobierno modificó el presupuesto 2023 para aumentar el gasto, generando debates sobre las prioridades financieras de Sergio Massa. Foto Archivo.
En una decisión que generó controversia, el Gobierno llevó a cabo la octava modificación presupuestaria del año, aumentando el gasto público en $7,65 billones. Como resultado, el déficit en las cuentas públicas creció más del 37%.
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 436/2023, publicado en el Boletín Oficial, se dieron a conocer las medidas para ampliar partidas de diversas jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional. El objetivo de esta modificación presupuestaria fue abordar gastos impostergables para el funcionamiento normal de las instituciones.
Esta última modificación implicó un aumento del gasto corriente y financiero en $7,65 billones, con un total de 677 planillas involucradas en la acción. Si todas las autorizaciones de gasto se llevan a cabo, el déficit en el presupuesto cerraría el año en $9,08 billones. Esta cifra representa un aumento del 37,1% con respecto a la pauta anterior de $6,62 billones.
El área en la que se destinaron más recursos, según el DNU, incluye partidas para el pago de jubilaciones y pensiones, el Fondo de Incentivo Docente, el aumento de las remuneraciones en la administración pública y el servicio de la deuda. Algunas de las asignaciones más significativas son:
Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales, Ministerio de Trabajo: $1.832.002 millones.
Servicio de la Deuda Pública (Intereses y Comisiones): $1.548.600 millones.
Fondo Nacional de Incentivo Docente, Ministerio de Educación: $757.218 millones.
Integración Socio Urbana, Ministerio de Desarrollo Social: $743.607 millones.
Asistencia Social, Obligaciones a Cargo del Tesoro: $652.687 millones.
Prevención y Control de Discapacidades, Presidencia de la Nación: $231.082 millones.
Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal, Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, Ministerio de Seguridad: $224.776 millones.
Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo, Ministerio de Transporte: $174.092 millones.
Sastrería Militar, Estado Mayor General del Ejército Argentino, Ministerio de Defensa: $171.015 millones.
Prestaciones de Previsión Social, Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, Ministerio de Defensa: $157.442 millones.
Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, Ministerio de Seguridad: $126.487 millones.
Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Poder Legislativo Nacional: $81.840 millones.
Servicios de Informática y Comunicaciones, Ministerio de Seguridad: $72.690 millones.
Sostenimiento Operacional, Estado Mayor General de la Armada Argentina, Ministerio de Defensa: $61.330 millones.
Desarrollo de Políticas de Vinculación Tecnológica y Social, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: $60.294 millones.
Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación, Prefectura Naval Argentina, Ministerio de Seguridad: $56.484 millones.
Ejercicio del Derecho a la Protección de la Salud Mental, Ministerio Público: $50.975 millones.
Funcionamiento Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, Ministerio de Salud: $50.286 millones.
Asistencia Financiera a Empresas Públicas, Ministerio de Economía: $49.625 millones.
Formación y Capacitación, Servicio Penitenciario Federal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: $44.817 millones.
Servicio Meteorológico Nacional, Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Ministerio de Defensa: $40.301 millones.
La situación generó preocupación y debates en torno al aumento del déficit y las prioridades de gasto del Gobierno. Mientras algunos argumentan que es necesario destinar más recursos para mantener el funcionamiento adecuado de diversas áreas, otros expresan preocupación por la posible exacerbación de las dificultades financieras.
A pesar de las circunstancias, las autoridades defienden estas decisiones como parte de su enfoque para garantizar el funcionamiento y la continuidad de los servicios esenciales. El DNU fue una herramienta utilizada por el Gobierno para responder a las necesidades urgentes y abordar los desafíos que enfrenta el país en medio de un panorama económico complejo.
Con información de Noticias Argentinas
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