Apenas evitar la crisis
El trabajoso consenso logrado en Diputados para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional terminó para el gobierno con importantes costos políticos y la convicción de que se trata apenas de una medida que sólo evita el desastre inmediato y posterga para más adelante las inevitables reformas que nuestro país necesita implementar para volver a un sendero de crecimiento con estabilidad.
El resultado reflejó finalmente que el grueso de los votos positivos provino de la oposición y algunos aliados con responsabilidades de gestión, mientras un importante sector del oficialismo decidió esquivar el bulto y retacearle el apoyo a la iniciativa, revelando una falta de cohesión interna que pone en duda la capacidad del gobierno para llevar adelante las complejas tareas que tiene en el futuro para cumplir con las exigencias del organismo internacional.
El acuerdo con el Fondo es apenas el inicio de un largo y difícil camino en un escenario internacional que la guerra en Ucrania ha vuelto cada vez más impredecible.
Ante la fragilidad de los apoyos propios, el Gobierno debió negociar un proyecto de mínima, donde finalmente el Congreso sólo le otorga el aval para el nuevo endeudamiento con el FMI para evitar el default, resignando la aprobación parlamentaria al programa económico ideado por el ministro Martín Guzmán para alcanzar los objetivos, que quedará exclusivamente a cargo del Ejecutivo.
Ni aún así logró encolumnar al sector ortodoxo del kirchnerismo, que no sólo terminó votando en contra sino que varios de sus referentes terminaron avalando a los violentos que atacaron con piedras y bombas molotov el edificio del Congreso.
La “ética de la responsabilidad” de quienes tienen funciones de gobierno (o aspiran a tenerlas a partir de 2023) pareciera asegurar el apoyo a la iniciativa en el Senado. Pero a estas alturas ya parece claro que el acuerdo con el Fondo es apenas el inicio de un largo y difícil camino en un escenario internacional que la guerra en Ucrania ha vuelto cada vez más impredecible.
El “sendero fiscal” que el gobierno acordó con el organismo incluye una importante reducción gradual del déficit primario del 3% actual hasta llegar al equilibrio en 2025. Para ello se recurrirá básicamente a dos fuentes: mayor recaudación impositiva (por crecimiento económico y control de evasión) y recorte de subsidios, especialmente a la energía. También bajar la emisión monetaria ( del 4,6% al 1%) El organismo renunció a exigir de antemano cualquier reforma estructural (laboral, previsional, administrativa del Estado) un objetivo que festejó el Gobierno pero redujo todo el programa a objetivos fiscales, desembolsos para garantizar los pagos ya comprometidos y “ganar tiempo” hasta el 2023, cuando asumirá un nuevo gobierno.
Aún así, cumplir este camino se avisora repleto de obstáculos y muy incierto. Muchos especialistas creen que, por la disparada de precios internacionales del gas que nuestro país importa, será imposible reducir los subsidios sin subir las tarifas de la energía bastante por encima de la inflación y el índice de variación salarial, como pretende el oficialismo.
Algunos economistas estiman que otra manera de que el gobierno cumpla con las metas fiscales comprometidas sería, nuevamente, licuar parte del gasto público a través de más inflación, con todos sus efectos distorsivos en la economía.
También podrían verse comprometidas las proyecciones de crecimiento económico, que serían inferiores al 1%, según Ecolatina. Una mayor presión tributaria, la ausencia de reformas estructurales y las dudas sobre la fortaleza y la voluntad política del gobierno para cumplir con las pocas decisiones a las que se ha comprometido desalientan las inversiones, a pesar de las oportunidades que ofrece el país.
En definitiva, aprobar el acuerdo es necesario, pero sólo evita la crisis inmediata de una cesación de pagos y permite ganar tiempo. Sigue pendiente un plan estratégico creíble que genere estabilidad económica, incentive la inversión y la creación de empleos genuinos, mejore la productividad y plantee una reforma del Estado que devuelva la competitividad perdida a nuestra economía.
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