EE. UU. y los derechos humanos

En un reciente discurso donde hizo un balance de la lucha antiterrorista, el presidente de Estados Unidos Barack Obama reiteró su incumplida promesa de cerrar la base de Guantánamo y anunció nuevos criterios para regular los ataques con drones (aviones no tripulados). El anuncio coincidió con una huelga de hambre de 103 de los 166 reclusos que permanecen en prisión, sin haber sido juzgados, desde hace más de diez años en la cárcel situada en Cuba. Una situación que afecta la imagen de Estados Unidos, una república democrática de puertas adentro pero que como residuo de su pasado imperial adopta un comportamiento poco respetuoso de los derechos humanos frente al resto de los ciudadanos del mundo. Recientemente un tribunal federal de apelaciones decidió que el gobierno estadounidense carece de justificación para mantener en secreto los resultados de los ataques efectuados desde los aviones sin tripulación. La Asociación de Libertades Civiles Americanas, que ha sido la promotora de la demanda, declaró que esta sentencia respalda el derecho de los ciudadanos a saber “a quién está matando el gobierno, por qué, en qué países y bajo órdenes de quién”. A la presión de las organizaciones de derechos humanos se han sumado algunos miembros del Congreso norteamericano que, curiosamente, pertenecen al Tea Party, la derecha del Partido Republicano. El uso de los drones ha crecido considerablemente durante la actual administración y ha aumentado el número de civiles muertos en Pakistán y Afganistán. Un informe del “Bureau of Investigative Journalism” señala que desde que Obama llegó al poder el Pentágono y la CIA han realizado más de 300 ataques con drones en zonas tribales de Pakistán con el resultado de unas 2.500 víctimas, entre ellas centenares de muertes civiles. El gobierno paquistaní calcula que por cada militante de Al Qaeda muerto por los drones pierden la vida 140 civiles. Como en el 2012 se registraron, sólo en Afganistán, 500 ataques, se puede tener una idea de la magnitud de asesinatos selectivos efectuados mediante el uso de robots, dirigidos desde un despacho en el Pentágono (en el resto de zonas en conflicto, los ataques son ordenados desde las oficinas de la CIA). Otra cuestión que ha dado lugar a fuertes polémicas en Estados Unidos es la ejecución por este medio de ciudadanos norteamericanos radicados en el exterior. De acuerdo con la opinión del fiscal general Eric Holder, el presidente no está autorizado a usar esa armar para matar ciudadanos norteamericanos “dentro del territorio de Estados Unidos”, lo que implícitamente lo autoriza a hacerlo en el exterior. Se han acreditado al menos dos casos; uno, el de Anuar el Aulaki, un predicador del islam nacido en Nuevo México (EE. UU.) y otro, el de Samir Khan, creador de Inspire, una revista de internet en inglés del grupo de militantes yihadistas. Ambos fueron ultimados en Yemen en septiembre del 2011 por drones que partieron de un aeródromo construido por la CIA en el sur de Arabia Saudita. La ejecución de Aulaki fue dispuesta sobre la base de un memorándum de dos abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia que llegaba a la conclusión de que Aulaki era un objetivo legítimo porque estaba participando en la guerra junto con Al Qaeda. El padre de Aulaki, al tomar conocimiento de esa resolución, interpuso una demanda contra el plan de matar a su hijo, pero un juez norteamericano la desestimó. La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó recientemente a Estados miembros a realizar “una pausa global” en el desarrollo y despliegue de los llamados robots letales autónomos (drones). El relator especial de la ONU sobre las ejecuciones arbitrarias, sumarias y extrajudiciales, Christof Heyns, señaló que “hay que conseguir una participación internacional seria y significativa en el análisis de ese tema y que el Consejo de Derechos Humanos inste a los Estados a declarar una moratoria nacional sobre la producción, almacenamiento, transferencia, adquisición, despliegue y uso de esos instrumentos hasta que se establezca un marco al respecto”. En la alocución a la que nos referíamos en el inicio de esta nota el presidente norteamericano argumentó que el uso de aeronaves no tripuladas era una estrategia legal, efectiva y justa para perseguir terroristas. “En resumen, esos ataques han salvado vidas”, afirmó. No obstante, anunció que firmó un memorándum para el uso de esta nueva tecnología que exige “la casi certeza” de que los civiles inocentes no resultarán heridos o muertos en estas acciones, asumiendo la necesidad de contar con “criterios más claros de supervisión y responsabilidad”. La idea de que la pena de muerte se puede aplicar a partir del simple informe de un par de abogados, sin juicio previo, repugna a cualquier concepción de mínimo respeto de los derechos humanos que debe regir en una república democrática. De igual modo, la permanencia en prisión por más de diez años de ciudadanos que son simples sospechosos de pertenecer a organizaciones terroristas no puede encontrar justificación alguna sobre la base de principios elementales de acatamiento a la presunción de inocencia que rige en el Derecho Penal. La vulneración de derechos que están consagrados en la Constitución norteamericana se ha venido justificando con el consabido argumento de que Estados Unidos está en guerra contra el terrorismo. Las muertes civiles son lamentadas, pero consideradas inevitables “daños colaterales”. Se parte así del error de suponer que en la guerra es lícito cualquier método para acabar con el enemigo “no nacional”. El uso de los drones no hace más que continuar con los métodos de la guerra contra el terrorismo puesta en marcha por el gobierno de George W. Bush, una prueba de que en Estados Unidos Obama no ha logrado despegarse del racismo implícito que encubre la metodología bélica inaugurada por la derecha conservadora.

Aleardo F. Laría