El acuerdo con el Fondo Monetario sería inminente

Diez años de plazo, empezar a pagar recién a principios del año 2026, y una sensible reducción en las tasas de interés punitorias hasta dejarlas en el 1,05%. Esos serían los puntos centrales del acuerdo que Argentina firmará con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El rumor se hizo fuerte a mitad de semana, justo en el momento en que el debate de campaña comenzó a girar en torno al endeudamiento. Voces extraoficiales instalaron desde el gobierno, una versión acerca de la inminencia del acuerdo con el Fondo.

De inmediato, los voceros del Ministerio de Economía desmintieron cualquier tipo de acuerdo y aclararon que: “se sigue negociando, y se conversa a diario con los emisarios del organismo”.
Mientras tanto y por lo bajo, en el oficialismo se apresuraban para capturar el rédito político de un posible entendimiento. En las filas de Sergio Massa asignaban un posible acuerdo a la última gira del Presidente de la Cámara de Diputados en Washington. Del lado del Ministro Martín Guzmán, resaltaban en cambio el arduo trabajo de diálogo y rondas de negociación que lleva a cabo desde hace más de un año el conductor de la política económica.

En concreto, el entendimiento final entre Argentina y el FMI persigue un esquema en el que todas las partes ceden y todas las partes ganan.
El Fondo se mantuvo firme en cuanto al plazo del Acuerdo de Facilidades Extendidas, el cual no puede ser mayor a 10 años según el estatuto del organismo. Argentina tuvo que ceder así en sus pretensiones de extender los tiempos totales del acuerdo hasta 15 o 20 años.

No obstante, se pautaría un plazo de gracia de cuatro años y medio, lo que implica que en caso de firmar antes de fin de año, el primer pago deberá realizarse recién en el primer trimestre de 2026.

Argentina por su parte se mantuvo firme en cuanto a la necesidad de reducir la tasa de interés que se le aplica a los países que incurren en incumplimiento. Habitualmente esa tasa es del 4,05%, y desde un primer momento Argentina planteó la necesidad de colocarlas en torno al 2%. Finalmente el organismo cedió en este punto, y la tasa será del 1,05%, lo que implica una carga por intereses sensiblemente menor.
Por último, el acuerdo dejaría establecido explícitamente que una futura reforma del estatuto del organismo que pudiese extender los plazos para los Acuerdos de Facilidades Extendidas, se aplicaría de inmediato al presente entendimiento con el Fondo.

Por otra parte, la instalación del tema FMI en medio del calendario electoral desató una serie de especulaciones políticas. La posibilidad cierta de firmar con el Fondo en plena campaña, no es del agrado del ala kirchnerista en el seno del gobierno. Consideran que puede ser perjudicial en términos discursivos de cara al núcleo duro del electorado K. Otros en cambio, señalan dentro del gobierno que en caso de firmar antes de las elecciones, la administración Fernández podría exhibir como un éxito de gestión el haber cerrado en solo un año y medio el capítulo con los acreedores privados, la deuda con el Club de París, y el acuerdo con el Fondo, todos pendientes que le heredara al oficialismo el principal espacio opositor al salir del poder.

La lógica indica, que el acuerdo debiera sellarse al menos antes del 30 de diciembre de 2021, cuando aplica el segundo vencimiento por u$s 1.800 millones de este año. El primero vence en el mes de septiembre, y se cancelará con una parte de los u$s 4.300 millones que el organismo envió al país la semana pasada.

El objetivo de Guzmán, es incluir el último vencimiento del año dentro del acuerdo, y evitar así el desembolso.
Otra de las especulaciones en materia política radica en la carrera electoral hacia el año 2023. Tanto el gobierno como los representantes del Fondo, saben que el primer pago por el nuevo acuerdo, llegará recién a mitad del nuevo mandato presidencial. Del lado del gobierno ello significa aire financiero para volcar recursos en la recuperación económica, tal como indicaba la hoja de ruta cuando Alberto Fernández asumió, y la pandemia aun no figuraba en el horizonte. De lado del Fondo, ello implica que dado lo vertiginoso de la política argentina, existen chances ciertas de que los representantes argentinos en la mesa de negociación, puedan no ser los mismos dentro de cuatro años.

Por último, el interrogante es cuál es el plan que el gobierno presentaría al FMI como aval para dentro de cuatro años contar con los recursos necesarios a la hora de pagar. Se sobreentiende que, tal como indica la tradición de las negociaciones con el organismo, inexorablemente una de las condiciones del acuerdo será lograr un sendero de solvencia fiscal. Guzmán ha dado muestras de racionalidad fiscal suficientes en el primer semestre de 2021, incluso a precio de ganarse la antipatía del sector kirchnerista del gobierno.

Sin embargo, la apuesta del gobierno no se reduce a racionalizar el gasto, sino al crecimiento de la economía, lo que debería traducirse en una mejora de los ingresos fiscales. En este sentido, la proyección que los funcionarios del Ministerio de Economía habrían llevado a Washington durante su última gira, señala cuatro sectores que deberían ser los puntales de la recuperación: la soja, la industria automotriz, la minería, y Vaca Muerta.