El caso Apablaza

Todo sería más sencillo si Galvarino Apablaza Guerra fuera un militante de la ultraderecha acusado del asesinato de un senador izquierdista y el secuestro de un empresario periodístico de opiniones consideradas progresistas. En tal caso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no vacilaría un solo segundo en ordenar su extradición inmediata para que lo juzgaran los tribunales chilenos, ya que la mera idea de concederle asilo político le parecería francamente ridícula, cuando no perversa. Pero sucede que el ex “comandante Salvador”, un líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es, según el ex presidente Néstor Kirchner, “un militante popular”, un hombre de la izquierda extrema que había participado de la lucha armada contra el régimen militar del general Augusto Pinochet, lo que a juicio de Cristina y muchos otros que se afirman comprometidos con los derechos humanos cambia todo. Desde su punto de vista, el que el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards hayan ocurrido en 1991, cuando Chile ya estaba en democracia, carece de importancia; según ellos, puesto que en aquel entonces los pinochetistas aún contaban con mucho poder político, nuestro vecino seguía siendo una especie de dictadura y por lo tanto es por lo menos comprensible que los guerrilleros izquierdistas hayan continuado actuando como antes. Tampoco parece impresionarlos el hecho de que dos mandatarios socialistas, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, hayan pedido que el gobierno argentino coopere para que por fin Apablaza rinda cuentas ante la Justicia chilena. Por razones tácticas, a partir de mayo del 2003 Cristina y su marido se aliaron con agrupaciones de la izquierda no democrática por entender que les serviría para tener una buena relación con cierta intelectualidad tanto en América Latina como en Europa y América del Norte, de ahí su voluntad de ver severamente castigados a todos los culpables derechistas de crímenes calificados de lesa humanidad y el apoyo a veces fervoroso que brindan a izquierdistas igualmente brutales. Fronteras adentro, tal actitud ha dado pie a la encarcelación de muchos ex integrantes del régimen militar más reciente y el indulto, por decirlo así, de diversos miembros de Montoneros y otras organizaciones parecidas. Fronteras afuera, los Kirchner, como muchos izquierdistas de mentalidad autoritaria, miran a los regímenes totalitarios extranjeros a través de un prisma ideológico; para ellos, la cruel dictadura cubana es buena, ya que se identifica como marxista-leninista y, para más señas, es hostil hacia Estados Unidos, mientras que las de los generales Jorge Rafael Videla y Pinochet fueron irremediablemente malas no porque fueran más brutales que la de los hermanos Castro sino porque las ubican en el lado derecho de su mapa político particular. Parecería que con escasas excepciones los políticos chilenos han logrado dejar atrás el maniqueísmo craso reivindicado por los Kirchner y sus simpatizantes más exaltados, puesto que tanto los socialistas como los conservadores del presidente Sebastián Piñera coinciden en que Apablaza debería ser juzgado por el asesinato de Guzmán y por el secuestro del director del matutino santiaguino “El Mercurio”, Edwards. Aunque podría argüirse que hace casi veinte años los tribunales chilenos no estaban en condiciones de juzgarlo con la imparcialidad debida, en la actualidad no hay motivos para suponer que lo harían conforme con criterios políticos o ideológicos, de manera que no los hay para que nuestro gobierno le otorgue a Apablaza el estatus de refugiado, como si fuera víctima de una campaña de persecución política. Puede que en ciertas circunstancias, como las que suelen darse en países gobernados por regímenes tiránicos habituados a pisotear los derechos humanos más básicos, sea legítimo privilegiar a quienes atribuyen los delitos que cometen a su compromiso con una causa política determinada, pero una vez establecido el sistema democrático pierde sentido la noción de que sea necesario distinguir entre crímenes políticos por un lado y crímenes comunes por el otro. Tal y como están las cosas, los únicos que están procurando politizar el caso Apablaza son los reacios a verlo extraditado a Chile, conjunto que, según parece, incluye a la presidenta Cristina.