El caso de los hoteles vacíos

Según la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, “todo hace juego con todo”, de suerte que tanto la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que fue seguida por su muerte misteriosa, como las acusaciones de corrupción de las que es blanco, tienen que ver “con la geopolítica y el poder internacional”. Aunque las dudas acerca de su forma de enriquecerse, su relación con el contratista patagónico Lázaro Báez y sus negocios hoteleros motivaban un escándalo tras otro bien antes de que, merced al fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, los fondos buitre irrumpieran en el escenario, Cristina insiste en vincular tales asuntos con los fondos especulativos, al dar a entender que están detrás de una auténtica conspiración planetaria que, dice, “no es contra el gobierno de la Argentina, es en contra de la Argentina”. Así las cosas, quienes la acusan de haberse enriquecido por medios irregulares o de procurar “encubrir” a los presuntos autores intelectuales de los ataques terroristas contra la embajada de Israel y la sede de AMIA serán traidores a la patria. Desgraciadamente para la presidenta y sus allegados, son muchos los juristas, políticos y otros que no comparten la idea de que investigar los negocios de la familia Kirchner equivalga a atentar contra la Argentina. Entre los menos dispuestos a dejarse impresionar por dicho planteo está el juez federal Claudio Bonadio, el que, el lunes pasado, superó uno de los muchos obstáculos que los kirchneristas han puesto en su camino con la esperanza de apartarlo de la causa Hotesur que involucra no sólo a Cristina sino también a su hijo, Máximo, al optar, en un fallo dividido, la Sala 1 de la Cámara de Casación por permitirle continuar. Se trata de una causa que, por razones evidentes, preocupa mucho al gobierno. No resulta para menos; es de dominio público que Báez, un bancario que con rapidez envidiable se transformó en multimillonario al ganar una cantidad asombrosa de licitaciones públicas en Santa Cruz, se había acostumbrado a reservar más de mil habitaciones en los hoteles de la familia Kirchner sin que nadie las ocupara, de tal modo asegurándoles a la presidenta y sus parientes un ingreso muy importante. Por ser cuestión de una modalidad largamente favorecida por los interesados en lavar dinero mal habido, el asunto les ha llamado la atención no sólo a la Justicia local sino también a las de otros países, comenzando con Estados Unidos. Asimismo, con cierta frecuencia se informa que especialistas contratados por los fondos buitre están hurgando en los negocios oscuros de los Kirchner en distintas partes del mundo, como el vecindario de la capital norteamericana del juego, Las Vegas. Cristina confía en que no encuentren nada raro; el martes pasado, cuando participaba de un acto más partidario que gubernamental, juró por la cadena nacional no tener “cuenta que me descubran”, para entonces advertir que “nadie me va a extorsionar en contra de los intereses del país”. Por tratarse de un asunto mayormente interno, la causa Hotesur no ha ocasionado tantas repercusiones internacionales como los casos generados por la denuncia de Nisman, pero ha incidido mucho más en la evolución del país. Para defenderse, Cristina necesita fueros, poder político y jueces que le sean leales. Desde hace años, la estrategia del gobierno nacional ha sido determinada por tales prioridades y todo hace prever que, aun cuando el oficialismo pierda las elecciones presidenciales venideras, los kirchneristas seguirán subordinando virtualmente todo a la lucha por impedir que Cristina, Máximo y otros integrantes de su entorno se vean constreñidos a rendir cuentas ante la Justicia. Claro, mucho dependerá del poder que logren conservar. Aunque parecería que una proporción muy significante de la ciudadanía sigue estando dispuesta a minimizar la importancia de las denuncias de corrupción que empezaron a formularse no bien se había instalado el matrimonio santacruceño en la Casa Rosada, la opinión pública es tan notoriamente veleidosa que muchos personajes que se habían creído intocables han terminado procesados, destino éste que sería el de la presidenta a menos que consiga convencer al país de que, las apariencias no obstante, los encargados de manejar los negocios hoteleros de la familia Kirchner en el sur no violaron ninguna ley.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA Jueves 30 de abril de 2015